El Minsa debe comprender que la demora en la adecuada reglamentación de la Ley 30895 no los exonera de responsabilidad política; al contrario, es una prueba irrefutable del incumplimiento de sus funciones de gobierno. En necesaria la fiscalización por parte de la Defensoría del Pueblo , del Congreso de la República y de la Presidencia del Consejo de Ministros.
