Problemas que generarían los nuevos afiliados al SIS
Luego que el 28 de julio, el presidente de la República planteara su deseo de incorporar cuatro millones de nuevos afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) y retomar la ruta del aseguramiento, es necesario evaluar los impactos de esas medidas en el desempeño de las capacidades institucionales del Sistema Nacional de Salud. La primera reflexión es de orden conceptual. El SIS, desde su creación en el año 2001, adolece de una crisis de identidad, porque es un Organismo Público Especializado (OPE) que funciona como un fondo del Ministerio de Economía y Finanzas (DS 058-2011-PCM), cuando según el marco legal vigente (DL 1158) debería ser un Sistema de Seguridad Social, al amparo del artículo 12 de la Constitución Política. Además, el documento Los Objetivos de la Reforma de Salud, del Foro del Acuerdo Nacional del 2015, señala, “fortalecer el SIS como seguro público, para avanzar hacia la Seguridad Social Universal en Salud”.
La segunda reflexión implica valorar el impacto de la política de aseguramiento en el SIS. Además, si su impacto es progresivo o regresivo frente al cumplimiento del derecho humano fundamental a la salud y la seguridad social. Como veremos, ambos impactos son negativos. Primero, el aseguramiento necesita que el SIS funcione sólo como un “fondo” capaz de comprar prestaciones a los sectores privados y públicos; y además, que tenga la capacidad de transferir dinero a otras aseguradoras intermediadoras para la misma finalidad.
En segundo lugar, el aseguramiento necesita mancomunar riesgos de las empresas aseguradoras públicas y privadas. Para ello es necesario que Essalud y otras instituciones públicas de seguridad social diferencien y autonomicen su fondo financiero, llamado de aseguramiento, para también, comprar prestaciones a terceros y transferir dinero a otras aseguradoras privadas y públicas.
Como sabemos, el aseguramiento no se ha implementado, a pesar de que la Ley Marco de Aseguramiento en Salud se promulgó el año 2009. Los motivos son obvios. La compra de prestaciones y las transferencias de fondos, requieren costeos, precios, tarifarios, planes de prestaciones, licitaciones, auditorías financieras y contables, honestidad, transparencia y muchísima burocracia. Además, no es lo mismo comprar prestaciones al sector público que al privado. La experiencia del SIS, en este tema ha sido desastrosa. El resultado se tradujo en deudas al sector público y a los privados, huelgas en el sector público y controversias legales con el sector privado.
El 6 de enero del 2017 se promulgó el Decreto Legislativo N° 1346, que puso fin a la discrecionalidad del SIS en la compra de prestaciones a los privados con la finalidad de asegurar su sostenibilidad. Además, se creó el Consejo Directivo del SIS, “como órgano máximo de la entidad”, con el afán de fortalecerlo y avanzar hacia la Seguridad Social Universal. Sin embargo, el acápite del Consejo Directivo ha sido derogado. Es decir, esta tarea aún se encuentra pendiente.
La tercera reflexión se refiere a la manida frase “la protección financiera es clave para el acceso a la salud”. La frase, para ser cierta, debería presuponer que ya existe oferta de servicios, de prestadores o proveedores; pero eso no ocurre en el Perú. Nada resuelve una persona adinerada y sedienta en un desierto. El dinero no reemplaza al agua. Igual sucede con una póliza de seguro médico si es que no hay médicos ni servicios de salud adecuados. Es decir, la clave para el acceso a la salud es que exista oferta de servicios, que incluye infraestructura, equipamiento, recursos humanos y medicamentos, entre otros. Las recientes muertes de los niños asegurados en el SIS, tanto los prematuros del Hospital Regional de Chiclayo como los niños de la comunidad nativa Parijaro (Junín), cuyo centro de salud más cercano se encuentra a trece horas de su domicilio, son evidencias dramáticas de la necesidad de fortalecer la oferta de servicios de salud en el Perú.
La cuarta reflexión se refiere a las enfermedades de alto costo. El concepto de alto costo tiene un enfoque distinto si se refiere a los ciudadanos o a las empresas aseguradoras privadas. Para alguien que solo gana el sueldo mínimo, cualquier enfermedad puede representar mas del 40% del ingreso familiar. Una enfermedad común es una catástrofe. Por eso, la Seguridad Social Universal, al mancomunar los riesgos de los ciudadanos, brinda prestaciones de salud económicas y sociales. Sin embargo, para las empresas aseguradoras, el alto costo de las enfermedades de sus afiliados puede poner en riesgo su patrimonio empresarial. Las empresas, para aceptar incursionar en las enfermedades de alto costo, deben mancomunar los riesgos entre todas las empresas aseguradoras, con esquemas de reaseguro y listas explícitas de cobertura; es decir, exclusiones.
Además, sería obligatorio que exista disponibilidad de las prestaciones de alto costo en el sector privado. Eso no ocurre en el Perú. Mientras tanto, las aseguradoras se ocupan solo de la capa simple, con listados de enfermedades muy acotados. Y el resto de las enfermedades, incluidas las de alto costo, es transferido a Essalud y al sector público.
La propuesta presidencial soslaya los riesgos del aseguramiento contra la Seguridad Social en Salud, y la escasez de oferta de servicios de salud y de profesionales especializados. Enmendar y avanzar.
