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Tampoco importa que el director general de Digemid, máxima autoridad en medicamentos, haya sido quien solicitó y a quien se le adjudicó el Registro Sanitario (permiso de comercialización) del medicamento a la espera del vencimiento de la patente. Es decir, si el presidente promulga el polémico DS de licencia obligatoria favorecerá a la empresa que el director general representó.
El Minsa tiene abiertos los canales legales para intervenir en todas las etapas del procedimiento de concesión de patentes. Si ha sido negligente y no lo ha hecho, no puede ahora pedir al presidente una intervención política bajo el “argumento técnico”. El Premier debe intervenir y rechazar la reaparición del mercantilismo.
