Entre la realidad y las ficciones de los funcionarios
La organización sanitaria del país atraviesa uno de sus momentos más difíciles de las últimas décadas. No existe día en que la prensa no refleje esta situación. No escapa de la crítica ningún sector, sea público, privado o mixto; es decir, todos los ministerios y sectores que componen el Sistema Nacional de Salud. La población es víctima de colas, de falta de atención, desabastecimiento, falta de equipos e infraestructura y profesionales. El reclamo es airado, unas veces violento y otras, además, a través de la vía administrativa y judicial. Las víctimas son los servidores de salud porque entran en contacto directo con los usuarios. Pasan desapercibidos los verdaderos responsables debido a que los funcionarios o los políticos que gestionan la salud son invisibles para el ciudadano. Se ha llegado a esta situación debido al divorcio que existe entre las ofertas políticas, la implementación y la realidad.
Existe un mundo sanitario dual. Por un lado, la realidad; y por el otro, las normas que los funcionarios “implementan” en una realidad virtual. Sin embargo, la población necesita atención médica y cuidados de salud en modo real, porque el sufrimiento y la muerte son reales. Además, algunos “estudiosos” en lugar de analizar la realidad solo estudian el aspecto normativo y emiten conclusiones y dan consejos. Solo revisemos algunos ejemplos de esta realidad virtual: Aseguramiento Universal. Seguro Integral de Salud (SIS). Incorporación de cuatro millones de nuevos afiliados al SIS. Atención Médica para Todos. Ningún niño se queda sin atención médica. Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento de Salud (Iafas) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Ipress). Plan Esencial de Aseguramiento (PEAS), medicamentos genéricos, entre otros.
La realidad es que no existe aseguramiento universal, porque no hay intercambiabilidad de prestaciones entre los diversos tipos de instituciones de seguridad social y seguros privados. El Seguro Integral de Salud (SIS) no es un seguro, sino un fondo de ayuda a la pobreza. Y tampoco es integral, porque solo cubre las enfermedades comunes y baratas; además, solo sirve para el Minsa y los gobiernos regionales. Las enfermedades complejas y de alto costo están excluidas, salvo engorrosos trámites o previo pago de bolsillo. No hay IAFAS porque aún no se han adecuado a la Ley y al reglamento. Y los establecimientos de salud tampoco han sido acreditados para ser considerados Ipress. Son motejados como Iafas e IPRESS sin cumplir los requisitos legales. Se han incorporado 4 millones de nuevos afiliados sin agregar dinero, eso significa que la afiliación es nominal. Hay falta de médicos generales y especialistas, infraestructura, equipos, insumos y medicamentos para atender a toda la población, aún siquiera a los niños. Además, los medicamentos genéricos no han acreditado bioequivalencia e intercambiabilidad; es decir, no demuestran que la copia genérica es idéntica al original. Agrava la situación la existencia en el mercado de medicamentos falsificados, adulterados y de contrabando, es decir, de la medicina bamba.
Han planteado el fortalecimiento de los establecimientos del primer nivel de atención y de la medicina preventiva, de la promoción de la salud y de la Atención Primaria de Salud (APS); sin embargo, los convenios de gestión para transferir financiamiento van en sentido contrario. Se han creado cuatro Direcciones de Redes Integradas de Salud (Dires) en Lima Metropolitana, pero en la práctica no existe ninguna Red Integrada de Salud. ¿Qué administran entonces estas direcciones? Centros y puestos de salud aislados, en el caos y el desgobierno. Es increíble.
El Gobierno, a través de normas, ha desencadenado una serie de procesos que coactan derechos de los médicos, de los servidores de la salud y del conjunto del sector público. Por ejemplo, el Pliego de Reclamos de los gremios de médicos, a estas alturas, ya tiene casi cuarenta puntos. El agravio a los servidores, a los contratados, a los serumistas y a los médicos en proceso de especialización (residentes) es mayúsculo, y evidencia la voluntad política del más alto nivel, a través de decretos de urgencia.
El mundo sanitario dual que ha sido creado por la ficción de los funcionarios gubernamentales ha transformado al acto médico, basado en una relación de confianza y relaciones cordiales entre los médicos y los pacientes, en una relación de desconfianza, conflicto, maltrato y judicialización. En estas condiciones es insoportable laborar en el sector salud, sea público o en el privado. Los conflictos pueden llevar a la ruina económica de los servidores y sus familias. La gran ficción y su propaganda en los medios de comunicación masiva han convertido a los servidores de salud en el blanco fácil de la ira popular como producto del masivo engaño.
Los gremios con justa razón reclaman mayor protección policial, sanciones drásticas para los agresores y disuadir la violencia contra los servidores de la salud, y en especial contra los médicos. Además, se plantea la despenalización del acto médico; es decir, excluir al ejercicio profesional de la medicina de las sanciones con carcelería. Sin embargo, aún no hay observaciones a la vía civil y administrativa. Es decir, al resarcimiento, a la indemnización, así como a las limitaciones del ejercicio profesional. Pero esas propuestas son insuficientes, porque son parte de las consecuencias. Es importante sincerar la realidad. Eliminar la ficción y ese constructo dual que la sustenta. El nuevo Congreso tiene una ardua tarea.
