Se sigue centralizando el poder político en el sector salud
El 30 de junio de 2020 la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) ha emitido un pronunciamiento contra el Decreto Supremo 144-2020-EF, que recorta el presupuesto de los gobiernos regionales. La AGNR etiqueta a este decreto como centralista, debido a que disminuye el presupuesto de inversiones, obstaculiza las oportunidades de desarrollo de las regiones; y solicita su “inmediata derogatoria”. Además, invoca a que se modifiquen las reglas de asignación presupuestal anual, que otorgan al Gobierno nacional más del 70% y a los 25 gobiernos regionales solo el 18%. Asimismo, exige que se reinicie el proceso de descentralización, que se encuentra paralizado, y que se genere un trabajo articulado para reactivar la economía del país.
El DS N° 144-2020-EF autoriza la transferencia presupuestal de más de S/ 1,180 millones en el marco del Decreto de Urgencia N° 029-2020, que aprobó medidas destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa, además de otras medidas para la reducción del impacto del Covid-19 en la economía peruana. El pronunciamiento de los gobiernos regionales se ha producido en un momento oportuno, debido a los estragos de la pandemia, de la recesión económica y los escasos avances en la ejecución presupuestal. El decreto supremo promulgado no guarda relación con los resultados de la evaluación de la ejecución presupuestal en los tres niveles de gobierno.
Por ejemplo, de los más de S/ 32,000 millones asignados a proyectos de inversión solo hay un avance (al primero de julio del 2020) de 14.9%. Pero, si analizamos cada uno de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) se encuentran casi en el mismo porcentaje de avance (16.4%, 14.0% y 13.7%). Además, para los proyectos de inversión para la lucha contra el Covid-19, que tienen un presupuesto que asciende a casi S/ 317 millones, la ejecución presupuestal general solo tiene un avance de 7.2%. Pero si se analiza por niveles de gobierno, se observa que el gobierno nacional solo ha ejecutado 0.5%; mientras que los gobiernos regionales han ejecutado 18.4% y los gobiernos locales 15.1%. Es decir, se asigna más dinero al gobierno nacional que ha tenido menor capacidad de gasto.
El proceso de descentralización, que según el pronunciamiento se encuentra paralizado, requiere una corrección conceptual, debido a que, en sentido estricto, está en marcha un proceso de centralización creciente. La creación de organismos paralelos, comités y grupos de trabajo frente a la estructura organizacional del Estado y del gobierno ha acarreado, en modo progresivo, una centralización del poder político. El modelo fue ensayado en primer lugar en el sector salud, y luego se ha trasladado, poco a poco, a otros sectores.
Se crearon organismos paralelos como el Comando de Operaciones Covid-19, que sustituyeron el trabajo del Consejo Nacional de Salud, en cuyo seno participan el propio Minsa, las sanidades militares, la Sanidad Policial, las municipalidades, los gobiernos regionales, el sector Vivienda, Sunedu, EsSalud, los trabajadores del sector, el Colegio Médico del Perú y otros actores. Asimismo, a los Comités Nacionales Permanentes del Consejo Nacional de Salud, que incluyen a las diferentes direcciones generales del sector salud. Por otra parte, los gobiernos regionales poseen sus propios Consejos Regionales de Salud, con similar composición, pero en su nivel de gobierno. La ventaja de esta organización del Sistema Nacional de Salud es que está engarzada con la gestión ministerial. El flujo de información, de financiamiento, de toma de decisiones y de responsabilidades estaba predeterminado. La creación del Comando de Operaciones Covid-19 rompió la unidad de mando y la cadena de transmisión y responsabilidad al interior de la organización sanitaria, no solo en el nivel central, sino también en los gobiernos regionales. La designación desde Lima manu militari de los Comandos Covid, en algunos casos al margen de la opinión de los gobernadores regionales, ha traído serias consecuencias de gestión.
El propio ministro de Salud ha señalado que posee 147 asesores expertos, agrupados en diversos comités y grupos de trabajo; aunque no ha señalado si están a título gratuito o pagados. Lo cierto es que las decisiones que ellos toman deben formalizarse en disposiciones normativas, cuyos responsables son solo los funcionarios de “planta” de la estructura orgánica del sector salud. Es probable que, por estrictas medidas de seguridad, algunos directores generales “repitan” los “estudios” o renuncien para evitar asumir responsabilidades de decisiones tomadas por terceros.
El ejemplo señalado basta para comprender la forma como se ha centralizado el poder político en el sector salud. La confusión entre rectoría y ejercicio centralizado del poder político ha sido funesta, en desmedro de la descentralización. La rectoría y la potestad sancionadora son esenciales para conducir la política nacional de salud, las políticas nacionales y sectoriales, los programas, las estrategias nacionales de salud, las emergencias y desastres, entre otros; pero deben estar alineados al proceso de descentralización, al respeto de la autonomía de gestión y administración de cada uno de los actores del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, el gobierno central, el Minsa, aún no ha sido capaz siquiera de normar “las políticas” y menos reglamentar la potestad sancionadora.
Los estragos de la pandemia y la recesión económica obligan a tomar medidas correctivas con un trabajo articulado entre los tres niveles de gobierno. ¡El país debe avanzar en el proceso de descentralización!
