Resoluciones aumentan los riesgos de trabajadores de salud
En días recientes los medios de comunicación han puesto en evidencia el sufrimiento de la población que busca atención, y también de los familiares de las víctimas mortales de la pandemia Covid-19. Son escenas desgarradoras. Se ha observado también que el sufrimiento y la impotencia se han transformado, en algunos casos, en ira y violencia. Siempre han existido casos aislados de esa reacción irracional contra los servicios de salud y los médicos luego de un desenlace negativo en la salud de algún paciente. Sin embargo, durante la pandemia la violencia se ha incrementado, y el maltrato físico y psicológico al personal de salud más aún.
Los médicos que están expuestos al contagio del coronavirus, con grave riesgo para su propia familia, deben protegerse incluso de la ira y la violencia de la población. El maltrato y la agresión física y verbal son cotidianos en los establecimientos de salud. Es obvio que el Gobierno, la fuerza pública y los funcionarios deberían brindarles la protección necesaria, pero eso no ocurre. Los mensajes del Gobierno, de los funcionarios de los diversos sectores e instituciones de salud, sobre todo del Ministerio de Salud (Minsa) resultan contrapuestos. Por un lado plantean, en modo público, que las condiciones y recursos para ser atendidos en los establecimientos de salud son óptimos; y por otro lado, esconden la verdadera escasez de recursos de los establecimientos de salud ante la población, y ponen a los médicos dentro de una tenaza. En un brazo está la maquinaria política de los funcionarios; en el otro brazo, la población con sus reclamos. Y estrujados en el centro de la tenaza, los médicos y los servidores de salud. Los casos evidenciados por los medios de comunicación tienen esas características.
El sufrimiento y la impotencia también se transforman en procesos judiciales. Denuncias contra los médicos –administrativas, civiles y penales–, que también son empujados desde los más altos niveles de gobierno para que eludan su propia responsabilidad en la gestión de salud. Por ejemplo, ante cualquier queja mediática responden, para salir del paso, que se va “investigar y sancionar a los responsables” y blanden a Susalud y a la Fiscalía para justificar su “rectitud y fortaleza”. Aún no comprenden las autoridades que esa circunstancia podría obligar a los médicos a tomar precauciones y medidas preventivas para evitar los procesos administrativos y la judicialización del acto médico. Es decir, los médicos que arriesgan su vida y el bienestar de su familia al luchar contra la pandemia deben enfrentar también tediosos procesos administrativos y judiciales, penales y civiles, y ser sujetos de violencia física y psicológica, maltrato y hasta el asesinato.
Las condiciones en que se realiza el acto médico tienen limitaciones de infraestructura, equipos, insumos y medicamentos, equipos de bioseguridad y de protección personal. También hay problemas en el otorgamiento de los beneficios laborales, de los sueldos y de los bonos; así como en la programación de turnos, en las negativas a la autorización del financiamiento de los servicios complementarios, y en las modalidades de contratos laborales precarios, entre otros. Además existe escasa participación de los médicos en la organización y funcionamiento de los establecimientos de salud, para diseñar las condiciones laborales y también los documentos de gestión. Pero, aunque parezca increíble, los médicos asumen la total responsabilidad.
Se han aprobado una serie de normas que obligan al médico, en corto tiempo, a asumir nuevos roles durante el acto médico, debido a la pandemia, con nuevas herramientas digitales, como la telemedicina, la tele consulta, la receta electrónica y muchos otros mecanismos de trabajo a distancia. La profesión médica asume estos retos con el debido cuidado de la intimidad de los pacientes, de la confidencialidad y del secreto profesional. Es necesario tener en cuenta que hay quienes creen que esos conceptos son vetustos y arcaicos, y que la pandemia es una buena oportunidad para eliminarlos. Sin embargo, la profesión médica, a lo largo de la historia, ha sido custodia de esos principios que son inherentes a la dignidad y a los derechos humanos.
El Gobierno, en el corto plazo ha cambiado, sin motivación alguna, sin evidencia científica, el estatus de riesgo frente al Covid-19 del grupo poblacional de 60 a 65 años, así como de las enfermedades asociadas a mayor riesgo. Se han promulgado tres resoluciones ministeriales que señalan a los grupos de servidores de riesgo para enfrentar la pandemia Covid-19. Sin embargo, las primeras dos resoluciones –N° 239-2020-Minsa (28 de abril del 2020) y N° 265-2020-Minsa (del 7 de mayo de 2020)– mantienen como factor de riesgo de edad desde 60 años y a los menores 60 que sean portadores de enfermedades de riesgo (comorbilidades). En modo increíble, la Resolución Ministerial N° 238-2020-Minsa, del 13 de mayo de 2020, ha aumentado la edad de 60 a 65 y ha disminuido el nivel de riesgo de algunas comorbilidades. Esta modificación implica que los servidores de salud están expuestos a asumir mayores riesgos para su vida en el trabajo.
Es necesario que el Minsa valore el impacto de esa vertical decisión, no solo en el los establecimientos a su cargo, sino también en los demás componentes del Sistema Nacional de Salud –EsSalud, Sanidades Militares y Sanidad Policial, los gobiernos regionales, las clínicas privadas, municipios, entre otros–, a exponer a sus servidores a los mismos riesgos. Las amenazas contra el acto médico deben ser frenadas y erradicadas. El Poder Ejecutivo y el Congreso tienen una gran tarea.
