Se persiste en los errores cometidos durante la “primera ola”
El 27 de enero del 2021, el gobierno ha promulgado el Decreto Supremo 008-2021-PCM “que prorroga el Estado de Emergencia” debido a la pandemia de Covid-19. En la víspera, en horas de la noche, el presidente Sagasti, en mensaje a la Nación, resumió los acuerdos de la sesión recién concluida del Consejo de Ministros para prevenir, atender y vacunar a la población. Ha llamado la atención la ausencia de diagnóstico situacional y la debida argumentación frente a otras alternativas, y que justifique la decisión de retornar a las cuarentenas generales obligatorias y militarizadas. Por si fuera poco, la exposición de motivos del decreto supremo padece de idéntica omisión.
Existen diferencias entre la cuarentena nacional generalizada y la cuarentena por grupos de regiones en riesgo; sin embargo, es solo de magnitud, porque la lógica y el enfoque es el mismo. Las implicancias económicas, sociales y culturales negativas son similares. Además, las medidas que se han tomado para los primeros 15 días recién tendrán impacto en los subsiguientes 15 días. Es decir, las probabilidades de que las medidas se prorroguen son altas. El objetivo de la adopción de esta medida, según el gobierno, es la prevención del contagio.
Como se puede apreciar, el enfoque hospitalario, militar y policial en la lucha contra la pandemia ha retornado en su formato más represivo. Incluso con la habilitación de “centros de retención temporal” con fuerte vigilancia policial. Es obvio que el concepto de “centro de reclusión temporal” es un eufemismo para definir la cárcel. Se ha confirmado también a la jefatura del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas en los operativos Tayta que, como sabemos, son las siglas de la Operación Territorial de Ayuda para el Tratamiento y el Aislamiento (TAYTA), que implica la realización de acciones cívico-militares, verticales, puntuales y temporales en las zonas y las familias predeterminadas.
Es necesario recordar que durante el gobierno del presidente Sagasti, mediante el Decreto Supremo 013-2020-DE, se traspasó el liderazgo y la conducción del Operativo Tayta, que se encontraba a cargo del Ministerio de Defensa, a la Jefatura del Comando Conjunto, con amplias prerrogativas incluso sobre otros sectores gubernamentales. Asimismo, que el Ministerio de Defensa mantiene la utilización de la geolocalización de los teléfonos celulares y otros equipos inteligentes de los ciudadanos, debido a que se suspendieron las garantías constitucionales, al amparo del decreto supremo de declaratoria de emergencia sanitaria.
Según el gobierno, la cuarentena, con la acción de los militares y policías, actúa para reemplazar el rol del trabajo comunitario, para cortar la trasmisión del virus en la comunidad, para de esa manera reducir el número de personas que requieran la atención hospitalaria. Sin embargo, debido a que la capacidad de los hospitales ya ha sido sobrepasada, amplían sus atenciones a los puestos y centros de salud, que de ese modo se convierten en pequeños hospitales con la finalidad de contener a los pacientes en el Primer Nivel de Atención de Salud, y de esa manera se impide la llegada de los pacientes a los grandes hospitales. En ese sentido, el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención de Salud se realiza, como es obvio, bajo el equivocado modelo curativo del enfoque hospitalario.
Sin embargo, debido a las peculiaridades de la realidad nacional –por la informalidad, el aislamiento geográfico de las comunidades, la cultura, los usos y costumbres, la pobreza, así como, las grandes diferencias económicas y sociales de la población, entre otros aspectos– esta cuarentena resulta incumplible e inaplicable. A pesar de eso, el gobierno insiste porque cree que para la gente es suficiente que se complemente al enfoque hospitalario, militar y policial con el otorgamiento de subsidios económicos, mediante bonos de S/ 660 soles para 4.2 millones de personas. En consecuencia, en modo teórico, parece realizar una propuesta “coherente”; pero desde el punto de vista práctico y político, solo fortalece la cultura clientelar en pleno proceso electoral.
El gobierno reitera la estrategia hospitalaria, militar y policial en momentos en que los hospitales están sobrepasados en sus capacidades, con el Primer Nivel de Atención de Salud empobrecido y marginado. Y también desbordado en sus capacidades, con serias carencias de insumos, equipos, medicamentos, equipos de bioseguridad personal; pero sobre todo, con una brecha insatisfecha de profesionales y trabajadores de la salud y enormes conflictos laborales, incluso con el desarrollo de huelgas tanto en el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales y en EsSalud. No ha propuesto un símil de la reactivación económica, para el sector Salud. Gastar en la reactivación de la economía y luego paralizarla es como echar agua a un barril sin fondo. En cambio, reactivar con ingentes recursos al sector Salud implica acortar y disminuir los estragos de la pandemia, y de esa manera impulsar, en modo directo, la reactivación económica. Lo mismo ocurre con los bonos económicos de subsidio para los más pobres.
El gobierno debe corregir el error del enfoque hospitalario, militar y policial, y dejar de ningunear los conflictos laborales (mediante estrategias de guerra de “baja intensidad”). Es necesario realizar una cuantiosa asignación de dinero para reactivar al sector Salud, con la estrategia del enfoque comunitario, mediante la conformación de las Redes Integradas de Salud (RIS) en todo el territorio nacional. ¡Cuidado con el cálculo político electoral!
