Para el expresidente Vizcarra y las exministras Mazzetti y Astete
El 7 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud, que recuerda la Primera Asamblea Mundial de la Salud, realizada en 1948, que sirve de motivo para movilizar a la población en función a algún tema álgido que la aqueja. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha escogido como campaña conmemorativa del 2021: “Construir un mundo más justo y saludable”. Las evidencias de las injusticias y los niveles de insalubridad obligan a construir propuestas de intervención social rigurosas, coherentes y científicas. Sin embargo, el eslogan “Construir un mundo más justo y saludable” implica enfatizar un aspecto general, válido para cualquier año y circunstancia.
La OMS ha pasado por alto la peculiaridad, el impacto directo y cruel de la pandemia en los seres humanos, al no focalizar la movilización de la población mundial para mitigar y vencer el Covid-19. Es obvio que cualquier desastre, económico, político, social o natural afecta a todos los habitantes; pero además pone en relieve las injusticias y la insalubridad que aqueja a los más pobres, porque es la población más afectada. La OMS ha perdido una oportunidad para movilizar en contra de la pandemia y ha preferido transformar a la pandemia en un instrumento o medio para construir un “mundo justo y saludable”, lo que involucra una valoración ideológica sobre el futuro de la humanidad, que, en los detalles, generaría controversias y arbitrariedades. Además, la OMS no ha sido coherente con sus últimas posturas y declaraciones sobre las vacunas en relación a la lucha contra la pandemia, que hubiesen calzado con la denominación del año 2021, por ejemplo, “Año mundial de la vacunación universal y gratuita contra el Covid-19”.
El Día Mundial de la Salud del año 2021 ha significado para el Perú un récord oficial de 314 muertes por día. Los estragos de la pandemia han alcanzado su pico más alto desde su inicio, en marzo del año 2020. En ese sentido, el llamado de la OMS no aporta y deja abierta la puerta para que los funcionarios que conducen el Sector Salud realicen reformas estructurales regresivas, como el aseguramiento mercantilista, bajo el paraguas y el pretexto de la pandemia que, además, base su justificación en la construcción de un “país justo y saludable” y cuya consecuencia sería la destrucción de las instituciones de seguridad social en salud, como EsSalud, sanidades militares y Sanidad Policial, entre otros, así como el menoscabo de los derechos humanos a la salud y la seguridad social. Como es natural, ese giro político del gobierno implicaría conflicto y controversia, con consecuencias negativas en la lucha contra la pandemia.
En modo coincidente, la Comisión Permanente del Congreso de la República ha aprobado el Informe Final de las denuncias 423 y 427 sobre el juicio político contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, al amparo del artículo 99 de la Constitución Política. El juicio político, según el Tribunal Constitucional, citado por el Informe Final, tiene como finalidad “retirar el poder de quien hace mal uso de él e impedir que pueda ser reinvestido en el futuro”. Los hechos imputados al expresidente son dos. En primer lugar, por haber recibido la vacuna contra el Covid-19, sin participar como voluntario y por “fuera del marco del citado ensayo” y, en segundo lugar, “por haber solicitado, intercedido o realizado alguna gestión para que se le aplique la vacuna, a su esposa y hermano, fuera del ensayo clínico”. En el caso de las exministras, el primer hecho imputado al expresidente Vizcarra también se les imputa a ellas. A la exministra de salud, se le imputa un segundo hecho, por “no hacer público que funcionarios de su cartera ministerial recibieron la vacuna, pese a saberlo”. Sin embargo, a la exministra de Relaciones Exteriores no se le imputa un segundo hecho. Es decir, tiene una sola imputación.
En ese sentido, se ha aprobado la inhabilitación para ejercer función pública por 10 años al expresidente, ocho años a la exministra de Salud y por un año a la exministra de Relaciones Exteriores. Ahora solo falta la ratificación por el Pleno del Congreso de la República, que se da por descontada, debido a la casi unanimidad de los miembros de la Comisión Permanente. Es necesario tomar en cuenta que los funcionarios aludidos ya han sido retirados de sus altos cargos; por tanto, la inhabilitación servirá para que no vuelvan a ocupar cargo público durante el plazo que dure la sanción, incluso en el supuesto de que el expresidente sea electo como congresista.
Asimismo, el Congreso ha debatido y aprobado el Informe Final de la Comisión Investigadora Multipartidaria creada por acuerdo del Pleno del Congreso el día 16 de febrero del 2021, sobre la base de las Mociones de Orden del Día 13833 y 13817 con la finalidad de investigar el presunto favorecimiento en la aplicación de vacunas por parte de los altos funcionarios y el presunto direccionamiento en la compra de vacunas contra el Covid-19. El informe contiene 10 recomendaciones. Sin embargo, ha quedado la duda de si el informe debería haber incluido también al actual gobierno. Una celebración especial del Día Mundial de la Salud. ¡En buena hora!
