Vacunación, partidas presupuestales y promoción del empleo
El 12 de mayo del 2021 la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, en una conferencia de prensa, señaló que 1.4 millones de peruanos ya han recibido una dosis de la vacuna contra el Covid-19, y más de 700,000 ambas dosis y, por tanto, ya se encuentran protegidas. Además, ha señalado que se ha iniciado la vacunación para personas con comorbilidades, que se agrupan por condiciones; en una primera etapa, el síndrome de Down y la insuficiencia renal con diálisis. Las otras condiciones se incorporarán en función de los protocolos, a medida que lleguen más vacunas al país.
El gobierno estima que las personas con comorbilidades ascienden a 1.2 millones. En esa misma línea, ha anunciado, que el día 13 de mayo arribarán 700,000 dosis de vacunas y en las siguientes semanas se recibirán cantidades similares. Ha recordado que se ha promulgado la resolución de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud (Minsa) que autoriza la importación de SinoPharm; sin embargo, no ha precisado por qué se le ha otorgado solo autorización y no, como corresponde, el registro sanitario condicional. Según el gobierno, el proceso de vacunación nacional obedece a un plan que se ejecuta por los grupos etarios; primero han sido los mayores de 80 y ahora los mayores de 70, y pronto pasarán a los mayores de 60 años. No ha precisado fechas exactas.
Asimismo, ha señalado que en los indicadores de la pandemia hay un pequeño descenso en el número de contagios y fallecimientos. Además el Centro Nacional de Epidemiología (CDC) del Minsa y el Colegio Médico del Perú (CMP) han señalado que existe un impacto positivo de la vacunación, pero que el impacto en los adultos recién se conocerá cuando se culmine con la segunda dosis. Sin embargo, no ha precisado con cifras, si existe o no una reducción del uso de las camas de unidades de cuidados intensivos y a cuánto asciende el déficit del oxígeno medicinal. Solo se ha referido al Convenio Minsa-Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para la fabricación de plantas medicinales, por más de S/ 40 millones. El gobierno ha decidido resolver el convenio en un “proceso amistoso”. Hasta la fecha la UNI ha entregado 18 plantas, pero con retardo, y deberá entregar cuatro plantas adicionales con la finalidad de cubrir el 50% del monto total que ya había desembolsado el Minsa.
Por otro lado, ha señalado que se ha aprobado la promulgación de un Decreto de Urgencia para transferir desde el Fondo de Reserva la suma de S/ 123 millones de soles al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para que sean utilizados por EsSalud, para la adquisición plantas y redes de oxígeno medicinal, 500 camas de alto flujo de atención crítica temporal y para los recursos humanos. Esta medida es justa aunque insuficiente, porque EsSalud atiende a pacientes afectados por el Covid-19 sin tomar en cuenta si son o no asegurados.
Además de los temas relacionados a la lucha contra la pandemia se ha referido a otros aspectos de la política nacional. En ese sentido, se ha aprobado un proyecto de ley que será remitido al Congreso de la República para modificar el artículo 2 de la Ley 28455 que crea el Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con la finalidad de otorgar el 30% de las regalías del lote 57 y otros 30% del lote 58 del gas de Camisea. Es necesario tomar en cuenta que el mencionado fondo ya recibe el 40% de las regalías del lote 88 y el 30% de las regalías del lote 56 del gas de Camisea; es decir, se propone un incremento. Se espera un arduo debate en el Congreso de la República, sobre todo debido a las prioridades del gasto público, en momentos de la pandemia y de la crisis económica.
Otro aspecto aprobado es iniciar siete demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, entre las cuales cinco son leyes declarativas para la creación de distritos. Esta decisión es controversial, debido a que colisiona con el deseo de los centros poblados que exigen la presencia del Estado mediante su nuevo gobierno local. Las otras dos leyes son de carácter económico: la Ley 31188 de negociaciones laborales colectivas del sector público y la Ley 31173 de devolución de los aportes del Fonavi.
En el caso del Fonavi, el ministro de Economía y Finanzas ha señalado que implica devolver no solo lo que aportaron el trabajador, el Estado y los empresarios, sino también la actualización de las cifras, con la tasa de interés sumada a la tasa de inflación. Según el Ministro de Economía y Finanzas, esa cifra sería impagable. En el caso de las negociaciones colectivas las apreciaciones del ministro han sido imprecisas, porque solo se ha referido a supuestos “fallos arbitrales” que, según él, siempre favorecen a los trabajadores. En conclusión, ha señalado que debe cautelar la caja fiscal y dejar para el próximo gobierno un país con “finanzas públicas sanas”. Sin embargo, heredará una controversia cuyo fallo podría poner en apuros al próximo gobierno. En plena pandemia, se equivocan las prioridades y se apela al conflicto y a retrasar su solución.
Por Herberth Cuba García
