Según el Informe Final de la Comisión del Minsa
El presidente de la Comisión del Ministerio de Salud (Minsa) encargada de investigar la falta de actualización del registro de defunciones por Covid-19 –conforme a la metodología utilizada o propuesta por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Minsa) del Ministerio de Salud– presentó su informe final el 17 de junio de este año. Esta Comisión estaba también encargada de determinar “la línea de trámite que siguió cada solicitud” realizada por el CDC-Minsa para actualizar la cifra durante los años 2020-2021 así como, determinar el “motivo de la no actualización de los fallecidos” conforme a estos pedidos.
El informe señala que de las seis solicitudes que hizo el CDC-Minsa para actualizar las cifras de fallecidos, solo se realizaron dos, que se concretaron en la Sala Situacional. Este informe final es producto del trabajo de la cuestionada Comisión creada por Resolución Ministerial 689-2021/Minsa que, sorprendentemente solo se ha dedicado a investigar el registro del número de muertos y ha eludido, por decisión política, el problema del reporte de las cifras.
Esta reducción del campo de la investigación ha servido para encubrir a aquellos altos funcionarios que tomaron las decisiones políticas y, como consecuencia, han desinformado y escondido cifras. Además, se ha dejado de lado la investigación de las fuentes de la información y la realización de una auditoría de los datos recibidos. Si la RM 689-2021/Minsa ya había reducido el campo de investigación, el informe, en esa misma línea, reduce una escala más, y por tanto, solo se refiere a las causas por las que no le “hicieron” caso al CDC-Minsa.
El informe afirma que “tratamos de comprender en todo momento el contexto en el cual se desarrollaron los hechos” y señala que el registro de la información del número de fallecidos ha sido “un verdadero problema”, debido, a la “disminución del recurso humano y al aumento progresivo de los pacientes”; pero que, sin embargo, es importante conocer la cifra “para tomar decisiones, diseñar cursos de acción y evaluar el desempeño”. Asimismo, agrega, en forma clara y contundente que “el Minsa no ha tenido en ningún momento la intención de ocultar las cifras de defunciones”, y que “siempre ha mantenido informado al país” mediante “los informes en la Sala Situacional del CDC-Minsa, y del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef). Es decir, la información estaba en el Minsa, solo que estaba dispersa.
Los inconvenientes, según el informe, se refieren a que existían cuatro fuentes de información, y que cada una “hablaba a su manera”; es decir, sin interoperabilidad. Además, tienen sus propias “dificultades de recolección de la información”, a pesar de que pertenecen al Minsa, debido a que provienen de “EsSalud, sanidades de cada una de las tres fuerzas militares, sanidad policial, Sanidad del Instituto Nacional Penitenciario, Sistema de Solidaridad Municipal, sector privado”, entre otros.
La diversidad de fuentes “ha creado velocidades diferentes” de la entrega de información, en función de “la infraestructura informática y los diversos niveles de gobierno”. Por último, el Informe señala que el problema central es “la unificación de datos y su expresión a través del portal principal del CDC-MINSA, y de la Sala Situacional”, según los criterios de trabajo incorporados por el Grupo Temporal creado al amparo de la Resolución Ministerial 122-2021-PCM que sinceró el número hasta el 22 de mayo del 2021, en 180,764 fallecidos.
El informe posee doce conclusiones, entre las cuales, señala presuntas responsabilidades en la exministra de Salud Pilar Mazzeti, el ex viceministro de Salud Pública, dos exdirectores generales del CDC-Minsa y dos asesores del viceministerio de Salud Pública. Llama la atención la exclusión de la gestión del exministro Víctor Zamora que, como se sabe, es parte del mismo grupo ideológico del actual ministro. El argumento es que “los criterios para la inclusión de fallecidos por Covid-19, fueron el resultado de la RM 357-2020-Minsa” del 04 de junio del 2020, “que fueron adoptados por el Minsa en las actualizaciones del número de fallecidos de julio y agosto del 2020”, además, “fueron elaboradas, de la misma manera las propuestas de actualizaciones del CDC-Minsa”.
Sin embargo, el informe pasa por alto, dos hitos importantes de fiscalización del Congreso de la República. El primero, la creación el 26 de marzo del 2020 de la “Comisión Especial de Seguimiento y Gestión del Riesgo de Desastres Covid-19” que había cuestionado las cifras de fallecidos durante esa gestión. A tal punto que, como segundo hito, se presentó el 16 de julio del 2020, la moción que creó la “Comisión para investigar, esclarecer y transparentar las cifras reales de las personas fallecidas por Covid-19”. Es decir, el último día de su gestión ministerial.
En ese contexto, se aprecia que durante esa gestión ministerial se escondieron las cifras reales del reporte de número de fallecidos y se mantuvo la desinformación. Además, las actualizaciones de las cifras de fallecidos se realizaron en julio y agosto del 2020, ya durante la gestión de la exministra Pilar Mazzeti. Y, por último, el informe contiene dos recomendaciones, la primera, elaborar una guía metodológica para actualizar el número de fallecidos y la segunda, remitir el informe a la Secretaría Técnica de procesos administrativos disciplinarios.
Como se ha podido apreciar, increíblemente el Informe Final del Minsa ha convertido al Grupo temporal de trabajo, que sinceró las cifras, creado por la RM 122-2021-PCM, en vano e innecesario. Las dos comisiones aludidas del Congreso de la República tienen un gran reto fiscalizador.
