Los pilares fundamentales de las sociedades modernas
Siempre que los gobiernos diseñan políticas públicas enfrentan serias discrepancias sobre la comprensión de la igualdad. Este concepto complejo y de difícil interpretación trae a veces conflictos que dificultan la gobernabilidad, debido a la carga ideológica que tiene cada punto de vista. Todos sabemos que la igualdad absoluta es un absurdo, porque los seres humanos somos distintos. Es más, alguien puede argüir, con justa razón, que rechaza la igualdad porque se percibe distinto. Sin embargo, la igualdad es un principio que, junto con la libertad, representa el pilar fundamental de las sociedades modernas.
La igualdad es interpretada desde distintos puntos de vista por las diversas ideologías. Unas pueden priorizar, por ejemplo, la igualdad de la riqueza, de los ingresos, de las oportunidades, de las libertades o de los derechos. Sin embargo, no es posible englobar todos estos puntos de vista sin correr el riesgo de eliminar la libertad y las naturales diferencias entre seres humanos, creando injusticia. Es decir, colocar como fundamento un área de la libertad permite preservar las diferencias sin ser injustos. ¿Cuál es esa área? He ahí el dilema y la discusión.
Por ejemplo, hay ideologías que sustentan a la igualdad de la riqueza como base para la igualdad en general. Además, se ha sustentado que la igualdad de la riqueza es la base para la igualdad ideal. Otras ideologías se sustentan en la igualdad de oportunidades como premisa de inicio, aunque los resultados sean de desigualdad.
La desigualdad de resultados se justifica como premio al mejor aprovechamiento de las oportunidades y al despliegue de mayor esfuerzo. Sin embargo, cada día se afianza más el punto de vista de la igualdad de derechos. El disfrute y ejercicio de los derechos debe ser igual para todos. Todos los seres humanos poseen los mismos derechos. Parece obvio, ¿pero tienen la posibilidad de ejercerlos? Las desigualdades económicas, culturales, geográficas, entre otras dificultades, impiden el ejercicio de estos derechos. Es lo que sucede, por ejemplo, con el derecho al trabajo, a la justicia, a la educación y a la salud, por citar los más controversiales.
No basta reconocer que todos tienen los mismos derechos, si no existe el poder del ciudadano de ejercer ese derecho. Entonces, alguien tiene que intervenir para que los marginados puedan ejercer sus derechos. Las políticas públicas pueden y deben cumplir esa tarea. Si todos los niños tienen las mismas oportunidades, es probable que los discapacitados logren menores resultados y, como consecuencia, se vean impedidos de ejercer sus derechos futuros. Los pobres correrán igual suerte. Los servicios de salud atenderán solo a los ciudadanos que pueden ejercer sus derechos por sí mismos, produciendo discriminación y exclusión entre los ciudadanos que no puedan hacerlo.
Esta perspectiva de igualdad de derechos obliga a los gobiernos a intervenir con políticas públicas para hacer que los ciudadanos ejerzan y disfruten de sus derechos. Los gobiernos a través de su intervención y quizá subsidio económico deben lograr la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. Es decir, se justificaría la existencia de desigualdades sociales y económicas, siempre y cuando todos los ciudadanos tengan la posibilidad de ejercer sus derechos con autonomía y libertad con igualdad.
Isaiah Berlin ha descrito a la libertad como negativa y positiva. A la eliminación de los obstáculos para ejercer la libertad, la llamó libertad negativa. Al contrario, a la intervención y ayuda de la sociedad para que el ciudadano pueda ejercer su libertad, la llamó libertad positiva. La libertad negativa ha gozado, desde su descripción, de enorme consenso; sin embargo, la libertad positiva ha merecido algunas críticas, porque implica que el ciudadano es obligado, de alguna manera, a decidir por la situación “más conveniente”, con ayuda de la sociedad.
En la misma situación se encuentra el ejercicio de los derechos del ciudadano. La falta de obstáculos para ejercer un derecho es buena; pero a veces es necesario que la sociedad intervenga, para que todos los seres humanos lo puedan hacer. El detalle está en la necesidad de arribar a consensos. A veces es muy difícil identificar qué derecho debe ser intervenido o ayudado por la sociedad y el Estado. Parece obvio en materia de justicia, educación y salud, pero no lo es. Las controversias de los últimos tiempos lo demuestran.
Las políticas públicas tienen que incorporar el consenso en la perspectiva de los derechos de los ciudadanos. Los políticos y el nuevo gobierno tiene un gran reto.
Herberth Cuba García
