Uno de los aspectos de la actual crisis de la salud pública
El gobierno ha hecho el diagnóstico del caos y la crisis del Sistema Nacional de Salud. Sus voceros han afirmado que es un problema de gestión financiera. Sin duda, hay una crisis de gestión financiera, pero a todas luces no es toda la crisis. La gestión financiera es parte de la crisis general. El presupuesto público no alcanza para mantener la equivocada reforma de salud del lustro humalista. Se ha creado un enorme aparato burocrático que consume recursos e impide cumplir las metas planificadas y satisfacer las necesidades de la gente. La gestión financiera implica la administración del dinero; es decir, solo del fondo económico.
Los funcionarios designados en los diversos sectores de gobierno —como Minsa, Essalud y Sanidad Policial, entre otros— han señalado que hay fallas en la gestión financiera del fondo. Aquí empieza el problema, porque los funcionarios administran no solo fondos financieros, sino también sistemas de seguridad social. La mirada financiera implica darle eficiencia al fondo bajo la lógica del riesgo y el beneficio. Se sigue la ruta del dinero, al margen de si es suficiente o no para las necesidades de la gente. Este enfoque es incompleto y sesgado.
Los altos funcionarios designados acreditan gran experiencia en el manejo de fondos y seguros privados. Afirman que lo que ha fallado ha sido la gestión del sector público, y plantean darle un nuevo enfoque de gestión. Además, han propuesto reorganizar los sistemas de seguridad social que tienen a su cargo. Su lenguaje omite que administran instituciones públicas y de seguridad social. ¿Es necesario ese tremendo giro?
La reorganización de las instituciones es insuficiente. Es necesario transformar el sistema. La burocracia consume recursos sin impacto en la población. El diseño del sistema ha fracasado. Los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, son insuficientes para cubrir las necesidades de salud de la población.
El gobierno del último lustro organizó un sistema de salud sobre la base del financiamiento. Fragmentó el Ministerio de Salud, (SIS, Susalud e Igss), regiones, Essalud y sanidades militares y policial. El Minsa perdió el liderazgo y la rectoría que por mandato constitucional le corresponden.
Se ha entregado a más de 17 millones de personas constancias (pólizas) de aseguramiento que otorgan beneficios de salud, bajo la lógica de los seguros médicos privados. Es decir, con planes de cobertura o listas de enfermedades cubiertas con fondos públicos. Poco importó si existían personas que enfermaban con daños no protegidos. Los ciudadanos obtuvieron amparos judiciales contra el Estado por el derecho fundamental a la salud, y obligaron al gobierno a cubrir sus enfermedades.
Además, afiliaron a personas pobres y a poblaciones vulnerables. El criterio de pobreza se establece a través del Sisfoh que maneja el Ministerio de Inclusión Social (Midis) y el de poblaciones vulnerables, sin ningún criterio objetivo. La crítica oficial se ha dirigido contra el Sisfoh; sin embargo, nadie ha focalizado la crítica contra los criterios poco claros para considerar a la población vulnerable.
El gobierno humalista se desentendió de la administración de los servicios de salud públicos que, luego de cinco años de abandono, han culminado pauperizados y con poca capacidad operativa. La presión de la demanda por atención médica obligó a contratar servicios privados a mayor costo y sin mecanismos transparentes de asignación de los pacientes. Los hospitales poseen grandes acreencias por parte del gobierno y pocas probabilidades de operar.
El gobierno humalista se desentendió de las compras conjuntas de medicamentos con los ministerios y regiones que tienen adscritos servicios de salud bajo el liderazgo del Minsa. Las compras conjuntas han sido, desde el 2006, un mecanismo de ahorro para la compra por volumen, y la consecuencia ha sido el abastecimiento de fármacos en los servicios de salud públicos. La falta de capacidad operativa de los hospitales y el desabastecimiento de fármacos obligaron a recurrir al sector privado para atención médica y a la compra de medicamentos por situación de emergencia y en modo directo por los propios establecimientos de salud, a precios mucho más altos.
¿El modelo ha funcionado? Por supuesto que no. Ha sido la puerta abierta al manejo poco transparente de los recursos públicos, a mayor gasto público, a más exclusión de los pobres. Se han generado grandes colas en los hospitales y mayor gasto del bolsillo de los peruanos.
El diagnóstico es el primer paso para el tratamiento adecuado. Un mal diagnóstico puede llevar a la muerte. Esperamos que el gobierno corrija su diagnóstico y emprenda una verdadera transformación del Sistema Nacional de Salud para lograr la seguridad social universal en salud de nuestro país.
Herberth Cuba García
