La “institucionalización” del hacinamiento en los servicios de emergencia
La Defensoría del Pueblo ha emitido el informe titulado “Los servicios de emergencia en los establecimientos de salud públicos y el acceso a medicamentos esenciales”, que ha puesto en evidencia las dificultades que tiene el sistema de salud para responder ante las necesidades de emergencias médicas que tienen los peruanos. Resalta además que debido a las falencias de las atenciones médicas que no son catalogadas como emergencias, y a la existencia de colas o listas de espera en los consultorios y servicios hospitalarios, los usuarios son obligados a acudir a los servicios de emergencias para resolver sus problemas de salud, con la consiguiente sobrecarga y hacinamiento de estos servicios.
La norma técnica del Ministerio de Salud (Minsa) sobre los servicios de emergencias, señala que “la emergencia es la condición repentina o inesperada que requiere atención inmediata, al poner en peligro inminente la vida, la salud o que pueda dejar secuelas invalidantes en la persona”; de tal manera que aquellas dolencias que no están enmarcadas en esta definición son catalogadas como, no emergencias. Con este criterio la defensoría ha encontrado que del total de atenciones en los servicios de emergencia, solo el 14.9% lo son. Es decir, 85.1% no son emergencias.
La Defensoría del Pueblo no ha detallado cuántas de las atenciones catalogadas como no emergencias son en realidad urgencias. Estas, si bien es cierto no ponen en riesgo la vida ni dejan secuelas invalidantes, generan serias molestias que demandan atenciones médicas inmediatas. Una urgencia es percibida por los propios pacientes como emergencia. La Defensoría del Pueblo ha perdido la ocasión para cuantificar esa valiosa información. Un dolor de cabeza intenso, un dolor dental, resfríos con gran malestar, solo por poner ejemplos triviales, son urgencias que merecen atención inmediata. Esta falta de diferenciación entre emergencias y urgencias en el informe defensorial no ha permitido recomendar la creación de servicios de atención rápida, para las urgencias médicas, en forma anexa a los servicios de emergencias.
El Foro del Acuerdo Nacional, en el documento llamado “Los objetivos de la reforma” ha señalado “la necesidad de rediseñar, ampliar y fortalecer la red de atención integrada de emergencias y urgencias, dotándola de medios suficientes”. Es decir, se han creado tres elementos claves: la red, la emergencia y la urgencia. Estos elementos no se han visto reflejados en el informe defensorial.
A pesar de todo, el 85.1% de la población que acude a los servicios de emergencia, sin necesitarlos, tiene algún padecimiento que bien puede ser atendido en los servicios de urgencia. La respuesta a esta necesidad de la gente debe ser la creación de servicios de urgencias las 24 horas del día, ligados a los servicios de emergencias y enlazados en redes. El paciente puede fluir, en la red, de la urgencia a la emergencia y viceversa; además entre el centro hospitalario o de salud y otros establecimientos a nivel nacional.
El informe defensorial ha descrito con mucha propiedad la “institucionalización” del pasillo y el hacinamiento en los servicios de emergencia. Es decir, la falta de camas en las emergencias que son reemplazadas con camillas, sillas de ruedas en los pasillos, con pacientes de diferente sexo, sin la debida privacidad y con distancias muy cortas entre pacientes. Las consecuencias son resaltadas en el informe, como la vulneración de derechos fundamentales y el riesgo de incrementar las infecciones intrahospitalarias.
La falencia de servicios auxiliares (complementarios) para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes ha sido cuantificada en modo bastante preciso. Desde la falta de bancos de sangre, de farmacias y laboratorios hasta radiografías, ecografías, anatomía patológica, equipos de reanimación, aspiradores de secreciones, ventiladores neonatales, camillas de transporte y muchos otros aspectos importantes e indispensables para la atención de emergencias.
Un aspecto esencial del informe defensorial es el de los resultados de las visitas a 393 boticas y farmacias privadas, situadas alrededor de los hospitales públicos. Estas boticas y farmacias privadas han captado el flujo de los pacientes del hospital público, por carencia de medicamentos. Además, ese flujo ha puesto en evidencia la falta de medicamentos genéricos, que son más baratos que los llamados “de marca”, con grave detrimento en la economía de los pacientes. Es esencial que las boticas y farmacias tengan disponibilidad de medicamentos genéricos y sean obligadas a mantener un volumen mínimo de estos medicamentos, de tal manera que los pacientes se beneficien con mejores precios.
Es necesario desterrar la frase, “el genérico se nos ha agotado, solo tenemos de marca”, que emplean las boticas y farmacias privadas, con grave perjuicio de los usuarios y pacientes de nuestro país.
Por: Herberth Cuba García
