Su escasez y las trabas para su formación
El Gobierno ha anunciado el fin de la tercera ola de la pandemia de Covid-19; aunque debido a la falta de precisiones o definiciones del anuncio, solo ha generado dudas y controversias. Por un lado, se podría entender en sentido estricto que luego de la tercera ola se entraría en una fase “de silencio epidemiológico” o de calma, antes de iniciar una cuarta ola. En ese sentido, las medidas y estrategias del gobierno deberían ser coherentes con el diseño de políticas y la asignación de recursos para prevenir y mitigar una eventual cuarta ola. El periodo de calma entre ola y ola debería ser aprovechado para fortalecer el Sistema Nacional de Salud.
Por otro lado, existe la posibilidad de entender este anuncio en sentido amplio y figurado, y, en consecuencia, creer que ha llegado el fin de la pandemia. Por tanto, las medidas y estrategias del Gobierno estarían diseñadas para reestructurar la provisión de los servicios de salud, despedir al personal que se contrató para enfrentar la pandemia y empezar los recortes presupuestales a niveles anteriores al inicio de la pandemia.
Sin embargo, esta interpretación estaría reñida con el seguimiento que realiza la Organización Mundial de la Salud (OMS) que, así como anunció el inicio de la pandemia, es de esperar que también anuncie su fin. Desde este punto de vista, el Gobierno también debería precisar la fase en que se encuentra el Perú según los parámetros de la OMS, y si ya terminamos la fase sexta y última de la pandemia. Es decir, aclarar la situación del Perú en el conjunto de los países de la región y del mundo y, bajo el auspicio de la OMS, prepararse, de ser el caso, para ingresar a una endemia por Covid-19.
Esta disyuntiva en que el Gobierno está enfrascado genera controversias en las prioridades en la asignación de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, así como en el gasto por parte de las entidades del Estado en los tres niveles de gobierno; e incluso, de las empresas privadas y de la ciudadanía en general. Además, la falta de una solución, basada en la ciencia, de esta “disyuntiva” o controversia perjudica al propio Ministerio de Salud (Minsa), porque relativiza sus propios argumentos de negociación frente a la Caja Fiscal, para obtener las demandas adicionales que su sector requiere. Y como el Minsa es el ente rector del Sistema Nacional de Salud y responsable de la opinión técnica en materia sanitaria, complica también la gestión pública y privada a nivel nacional.
Asimismo, afecta la aplicación persistente de las medidas sanitarias contra la covid-19: la vacunación, el lavado de manos, el uso del alcohol, la distancia física y evitar las aglomeraciones. Es decir, el relajamiento de las medidas utilizadas para combatir la pandemia debería ser progresivo con la finalidad de conservar aquellas “prácticas saludables” que son esenciales para la prevención de las enfermedades en general. Sin embargo, esta tarea educativa requiere el uso de potentes herramientas comunicacionales, con información sencilla pero fundada en la ciencia y en la tecnología, para hacer que esas medidas, tan útiles durante la pandemia, no se “olviden” o se dejen de lado. Es imprescindible evitar el retroceso que significaría que la población crea que como la pandemia ya “habría” pasado, por tanto las medidas preventivas también deberían ser abandonadas.
Con esa misma lógica, el Ministerio de Salud debería aclarar al propio Gobierno y a la opinión pública que el déficit de recursos humanos en salud, sobre todo de especialistas, es enorme, incluso desde antes de la pandemia; y que cualquiera que sea el escenario que ofrezca el futuro, esa falta de médicos, de profesionales, técnicos y servidores de salud, debe ser cubierta. Es cierto que se ha incrementado el personal de salud, pero se ha llevado a cabo bajo modalidades de contratos precarios y temporales, solo para enfrentar la pandemia, con prórrogas mediante decretos de urgencia. En consecuencia, ahora están en riesgo del despido, sin tomar en consideración que durante la pandemia pusieron en peligro sus vidas y que existe la necesidad de sus servicios.
En ese sentido, desde el Congreso de la República se han dado una serie de normas para fortalecer la oferta de especialistas: la modificación del artículo 40 de la Constitución Política y la Ley 31427 “que amplía temporalmente la excepción del desempeño de más de un empleo o cargo público remunerado del personal médico especialista o asistencial de salud debido a una emergencia sanitaria”, y la extensión del derecho de la edad de jubilación voluntaria de los médicos especialistas hasta los 75 años (Ley 31210). Sin embargo, el Gobierno ha ralentizado la aplicación de ambas normas; además pretende convertirlas en dádivas en favor de los médicos, cuando en realidad son un derecho.
En esa misma línea, el Gobierno observó la norma (autógrafa) de servicios complementarios en salud; es decir, la autorización para la realización de horas extras, no solo en el establecimiento donde los profesionales han sido nombrados, sino también en cualquier otro del sector público y que forme parte del Sistema Nacional de Salud. Además los estudiantes de medicina sufren discriminación en las prácticas preprofesionales frente a estudiantes de otras profesiones, debido, a que el Decreto Legislativo 1401 “que aprueba el régimen especial que regula las modalidades formativas de servicios en el sector público”, los excluye.
También, son discriminados los médicos en el proceso de especialización profesional (residentado), porque no se cumple el incremento de vacantes para “el cierre de brechas” de especialistas, que señala la Ley 30453. El Minsa está en la obligación de aclarar el estado y la fase en que se encuentra la pandemia, y además el Gobierno debe proteger y fortalecer la oferta de personal y especialistas en el Sistema Nacional de Salud.
