Médico se dirigía hacia el distrito de Molinos, al centro de salud donde labora
El 17 de diciembre del 2022 el Ministerio de Salud (Minsa), mediante Twitter, expresó: “Urgente, rechazamos la cobarde agresión al médico de iniciales Y.C.O. cuando intentaba llegar a su centro de salud, en el distrito de Molinos, Huánuco. Exhortamos a la población a mantener el diálogo, optar por acciones pacíficas y evitar la violencia”. Luego agregó: “¡Paremos la agresión a nuestro personal de salud, que tiene el noble deber de cuidar la vida y el bienestar de todos los peruanos!”. En una entrevista al diario El Comercio, ese mismo día, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, señaló que “el médico estaba trasladándose a su centro laboral y por estos disturbios no pudo hacerlo con normalidad. Cuando reclama su justo derecho de llegar a su establecimiento, los señores que han estado en la carretera lo golpearon… ¡Basta de tanta agresión! Los médicos estamos al frente de cada acto que ocurre en nuestro país”. También hizo un llamado a toda la población, “donde terminan nuestros derechos, inicia el derecho del resto de los ciudadanos. Vamos a dialogar”.
El Consejo Regional X (de Huánuco) del Colegio Médico del Perú, mediante un comunicado informó que “el día 16 de diciembre de 2022, en circunstancias que el médico de iniciales Y.C.O. se dirigía hacia el distrito de Molinos, al centro de salud donde cumple sus funciones de cuidar la salud y salvar vidas, a la altura del Rancho fue interceptado y salvajemente agredido por una turba de protestantes. Adicionalmente, causaron destrozos al vehículo de su propiedad. Asimismo, el Colegio Médico de Huánuco expresó “su profundo rechazo a esta agresión que distorsiona cualquier reclamo que realiza la población y exige que las entidades del Estado brinden las garantías para el libre desplazamiento de los ciudadanos, sin que sufran daños a su propiedad física ni material, también, que se tome en consideración las garantías laborales de los médicos y trabajadores de salud en general”. Por último “invoca a las autoridades nacionales del Ejecutivo y Legislativo a tomar acciones eficaces que permitan poner fin a la crisis política y social, sin esperar más confrontación ni violencia”.
El 18 de diciembre del 2022 la Defensoría del Pueblo condenó “la agresión a personal del Centro de Salud Molino por parte de protestantes” y solicitó “a los manifestantes respetar al personal sanitario y autoridades garantizar su seguridad”. Asimismo, pide a las “autoridades competentes que puedan identificar y sancionar a las personas responsables”. Por otro lado, la prensa local mostró fotografías de la espalda y el torso desnudo del médico, que evidencian las múltiples lesiones que corresponden a las producidas por los azotes conocidos como “de tres puntas”, y que es el habitual, dicho con sarcasmo, castigo “con enfoque intercultural”.
La alevosa agresión contra un ciudadano, en este caso médico, es inaceptable, desde cualquier punto de vista o excusa. Preocupa la condescendencia con que se trata la violencia cuando es envuelta en “tradiciones con enfoque intercultural” o como expresión del “legítimo derecho a la protesta”. En ese contexto, el Minsa solo “rechaza la cobarde agresión” y “exhorta a la población a mantener el diálogo”. No es posible que el Minsa crea que la población es la que ha ejecutado ese tipo de violencia, y que esta no sea producto de “actos vandálicos organizados”. Más aún, que no se percate de que la forma genérica de expresarse en la atribución de responsabilidades fortalece las acciones de los “vándalos y violentistas” que se esconden en el anonimato y en la turba.
Lo dramático, es que, ni el mensaje por Twitter del Minsa, que es más condescendiente con los vándalos y violentistas, ni la propia ministra propongan realizar la defensa del médico agraviado y víctima o que presenten las denuncias ante las autoridades judiciales correspondientes, tampoco realizar las respectivas pesquisas al interior del establecimiento de salud y su población asignada, que es conocida por los servidores de salud. También la empatía está ausente. Por ejemplo, el peritaje médico legal, la atención médica, el soporte emocional, así como el traslado a otro centro laboral para que no produzca la “revictimización”. El comportamiento de la Defensoría del Pueblo es incomprensible. Por un lado, denomina “protestantes” a los vándalos y violentistas y solicita a los “manifestantes” respetar al personal sanitario. Por otro lado, pide que las autoridades “identifiquen y sancionen a las personas responsables”. Nada más. Es decir, para el presente caso, sus funciones y atribuciones, son insignificantes.
Las autoridades del Minsa y de la Defensoría del Pueblo no han tomado en cuenta que existen circunstancias penales agravantes cuando las víctimas son profesionales, técnicos o auxiliares de la salud, según la Ley 31333, que modificó los artículos 121 y 122 del Código Penal, promulgada el 7 de agosto del 2021. Es decir, los agresores del médico, si se aplicase la ley, tendrían penas de 6 a 12 años de cárcel. En este contexto es necesario considerar el vandalismo y las agresiones contra las ambulancias y su personal asistencial, que han puesto en riesgo la vida de los pacientes. La existencia de la Ley 31333 obedece al reiterado maltrato y agresión contra los servidores de salud que laboran, la mayoría de las veces, en lugares aislados, violentos, con alta criminalidad y con escasez de recursos, con una demanda de servicios que sobrepasa las capacidades de los establecimientos públicos y privados.
Se suma también, el desasosiego, frustración e incomprensión por resultados médicos y de salud que, a veces, no se alinean con las expectativas de los ciudadanos y, por tanto, se convierten en fuente de conflictos. En esta circunstancia hay que resaltar el reclamo del Colegio Médico del Perú, a pesar de la momentánea existencia de “sordera y ceguera ideológicas” de los actuales funcionarios del Minsa y de la Defensoría. Es urgente que se difunda la Ley 31333 en todos los establecimientos de salud, en las fiscalías y comisarías, así como en la población en general, para que cumpla un efecto disuasorio y desaliente la agresión contra el personal asistencial de salud. ¡Alto a la impunidad!
