Consensos del Foro del Acuerdo Nacional deberían ser el punto de partida
El Ministerio de Salud (Minsa) ha emitido una serie de notas de prensa que relievan una serie de aspectos necesarios para su reorientación estratégica. Por un lado, ha creado, el 31 de diciembre del 2022, un grupo de trabajo denominado MinsaLab, (RM 1107-2022/Minsa), con la finalidad de crear políticas públicas en salud. Esta actividad que parece obvia en cualquier área de la gestión gubernamental, en el caso, del Minsa no se cumple, porque, aunque parezca increíble, no existe ninguna que reúna los requisitos formales y explícitos. Desde el lustro pasado se ha considerado a la política del aseguramiento mercantilista (AUS) y al Programa de Creación de Redes Integradas de Salud (PCRIS), como políticas públicas, pero no funcionan como tales. En ese sentido, el grupo de trabajo MinsaLab, debe cubrir ese vacío en el más breve plazo. Sin embargo, para elaborar políticas públicas, se necesita contar con objetivos de política nacional, por tanto, la norma que crea el grupo de trabajo MinsaLab, exige que estas contribuyan a los objetivos de la Política Multisectorial de Salud al 2030, “Perú, País Saludable” aprobada por el Decreto Supremo 026-2020-SA, el 24 de agosto del 2020, durante el periodo del expresidente Martín Vizcarra y la ministra Pilar Mazzetti. Las críticas más serias se refieren a la implementación del aseguramiento mercantilista, en detrimento de la seguridad social universal y de los aspectos procedimentales y de modelo de las Redes Integradas de Salud.
El 5 de enero del 2022, a contracorriente de la norma que crea el grupo de trabajo MinsaLab, en Nota de Prensa el Minsa señalaba que se “inició el proceso de elaboración del nuevo Plan Estratégico Multianual en Salud para el 2023-2030.” La Nota de Prensa añade que la Oficina de Planeamiento y Estudios Económicos del Minsa tiene como “punto de partida para la presentación de un nuevo plan fue evaluar los resultados del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016-2021, el mismo que fue expuesto durante una reunión organizada en esa oficina”. Asimismo, recordó que “los representantes de las direcciones e instituciones del sector Salud hicieron un balance del impacto que ha tenido cada área de acuerdo con sus competencias, planes, objetivos y presupuesto; tomando en cuenta la crisis sanitaria provocada por la pandemia Covid-19”.
Es obvio que la pandemia ha cambiado rotundamente las prioridades nacionales en salud, ha puesto en evidencia falencias insalvables en la gestión sanitaria, en consecuencia, se impone una revisión exhaustiva de los objetivos que guían al sector y al sistema Nacional de Salud en el mediano y el largo plazo. Un aspecto, es el abandono de la medicina preventiva, de la Atención Primaria de Salud y la intervención en los determinantes económicos, sociales y culturales de la salud, por parte del modelo del aseguramiento mercantilista, que se tradujo, durante la pandemia, en el casi cierre de los centros y puestos salud, es decir, de los establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención. El aseguramiento mercantilista se basa en la compra corporativa de atenciones y servicios médicos curativos, con métodos, incluso “abreviados” y casi “a dedo” debido a la poca oferta competitiva de especialistas. También, abona a favor del mercantilismo, la falta de interoperabilidad informática, la ausencia de listados de enfermedades y procedimientos, de tarifarios universales y con sistemas contables normados y estandarizados de acuerdo con la diversidad de la realidad nacional. Igual destino corren los diversos mercados de los medicamentos y de los procedimientos médicos.
Un segundo aspecto, es que el modelo curativo del aseguramiento mercantilista se funda en la deshumanización, debido a que “cubre daños y condiciones asegurables” y no a las personas. La creación de planes de afiliación para el otorgamiento de beneficios, como el Plan Esencial, el Plan Complementario y el de Alto Costo, genera exclusión y, por tanto, niega derechos a la salud y a la seguridad social, en contraposición del mandato constitucional. Los requisitos para hacerse acreedor de los Planes Complementarios y de Alto Costo representan, a veces, barreras “insalvables,” bien por falta de presupuesto o porque aún no se ha legislado el “umbral” del gasto de esas atenciones médicas y de salud.
En otra Nota de Prensa del tres de enero del 2023, el Minsa señala que “Perú ya cuenta con 111 Redes Integradas de Salud (RIS) estructuradas que fortalecerán el Primer Nivel de Atención.” También afirma que “esto significa un avance del 52% en relación con las 212 que están proyectadas en el Plan Nacional de Implementación de Redes Integrada de Salud.” Es necesario remarcar que la inversión en implementación de las Redes Integradas de Salud proviene del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por casi 1,100 millones de soles, entre los que existe una pequeña contrapartida nacional. Asimismo, tiene cinco componentes que fueron aprobados, aún el año 2018. El primero es contribuir con la modernización del Sistema Nacional de Salud. Segundo, mejorar las capacidades de oferta en las instituciones prestadoras de salud del Primer Nivel de Atención. Tercero, garantizar el adecuado acceso y gestión de la información. Cuarto, contribuir en la disminución de los niveles de mortalidad y morbilidad de pacientes que requieren los servicios médicos de apoyo. Quinto, garantizar el acceso adecuado a productos farmacéuticos y dispositivos médicos.
A pesar que la Ley 30885 de “conformación de la Redes Integradas de Salud” se basa en la medicina preventiva, la Atención Primaria de Salud (APS) y la salud pública con amplia participación social, el Reglamento de la Ley, intentó sin éxito, usar como marco y sujetarse a la Ley de aseguramiento mercantilista, que como hemos visto, es curativa y discriminatoria. En consecuencia, el proceso de elaboración del nuevo Plan Estratégico Multianual en Salud para el 2023-2030, debería corregir, esas anomalías, tanto para abandonar el aseguramiento mercantilista, que acarreó enormes estragos durante la pandemia, como también para reorientar la conformación de la Redes Integradas de Salud. En ese contexto, los consensos logrados en el Foro del Acuerdo Nacional (2002, 2015 y 2020), deberían ser el punto de partida, para implementar una nueva política de Salud y seguridad social universal.
