El Estado es unitario y las regiones comparten funciones con el Gobierno central
Se ha puesto en cuestión la forma en que debe relacionarse la presidente de la República, Dina Boluarte, con algunos gobernadores regionales del sur del Perú, que han manifestado su oposición al actual Gobierno, e incluso algunos han exigido la renuncia de la presidente. Es el caso del gobernador regional de Puno, Richard Hancco Soncco, que el 15 de enero del 2023, según el Portal Infobae(1), ha exigido la renuncia inmediata de Boluarte, y además se ha dirigido en modo directo a ella: “Si usted quiere desarrollar la región, entonces venga usted, converse con los alcaldes, converse con el pueblo, no necesita conversar conmigo y no trate de escudarse”. Asimismo, el gobernador regional “se mostró a favor de una mesa de diálogo, pero con la condición de que pare los ataques del Ejecutivo.”
Como se recuerda, en mensaje a la nación del día 13 de enero del 2023, la presidenta se refirió con nombre propio al gobernador regional, a quien extendió la mano, y expresó su preocupación por la falta de diálogo para emprender las medidas de desarrollo para esa región. Estas declaraciones representan solo la superficie de las posiciones políticas que se blanden desde el golpe de Estado fallido del expresidente Pedro Castillo y su llamado “a las fuerzas vivas del pueblo” a cerrar el Congreso, a intervenir el Poder Judicial, a la Fiscalía, a la Junta Nacional Justicia, al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo y convocar elecciones para una asamblea constituyente. Mientras tanto, gobernaría mediante las normas jurídicas de las dictaduras, denominadas “decreto ley”.
Asimismo, hay que recordar que el expresidente Francisco Sagasti y su agrupación política adontaron frente al gobierno castillista la estrategia de “cooperar y criticar”. En ese contexto, mientras cogobernaban, acuñaron la frase “que se vayan todos”; es decir, exigían la renuncia o vacancia del presidente, el cierre de Congreso y la convocatoria inmediata de elecciones generales. Como ahora se puede constatar, los matices al interior de las agrupaciones políticas que solicitan la renuncia de Dina Boluarte se han acrecentado, son más diferenciadas y presentan cronogramas electorales y objetivos políticos disímiles.
Por un lado están aquellos que desean adelanto de las elecciones con Asamblea Constituyente y por otro, solo los que quieren adelanto de elecciones, los más rápido posible, bajo la consigna, “que se vayan todos.” Sea cual sea la que se prefiera, entre estas dos posiciones representan una minoría en el Congreso de la República, por tanto, su implementación requeriría el “empujón” de un “golpe de la calle” o de un “golpe de las masas populares.”
En cambio, el adelanto de las elecciones generales para abril del 2024, propuesto por el gobierno y aprobado por el Congreso de la República, implica la superación de la crisis mediante los “cánones constitucionales”, alejado de la propuesta de un nuevo régimen político auspiciado, incluso mediante el golpe de Estado fallido del gobierno castillista y sus seguidores, que ante el fracaso, ahora ejercen el legítimo derecho a la protesta, aunque en algunos casos, se ha constatado el “abuso de ese derecho” y por tanto, se han tornado en violentas, con lamentables y deplorables pérdidas de vidas, muy agresivas y con clara visión insurreccional.
Proteger el derecho a la protesta y reprimir el abuso de ese derecho es la tarea del gobierno, para asegurar la paz social. Sin embargo, no es sencillo, porque requiere un arduo trabajo del sistema de inteligencia, (desarticulado y reorientado durante el régimen castillista para sus fines) así como, la protección de los ciudadanos que no participan y de los “activos críticos” como los aeropuertos, las carreteras, el Poder judicial, Fiscalía, la propiedad pública y privada, entre otros. Hasta la fecha, existe un saldo nefasto y lamentable de 48 fallecidos y cientos de heridos, entre los que se encuentran, no solo población civil, sino también, miembros de las fuerzas del orden.
En ese contexto, el Congreso de la República ha otorgado “la confianza” al nuevo gabinete ministerial de la presidente Dina Boluarte, que ha demostrado que goza de una mayoría congresal que le permite continuar con las acciones de gobierno y aplicar una estrategia de pacificación que incluye dos aspectos, por un lado, el diálogo con “el país en su conjunto” y por el otro, aislar y combatir la “fuerzas insurreccionales.”
Sin embargo, “sin el compromiso mutuo, el diálogo resulta imposible” y “el conflicto y la guerra han sido siempre la expresión de la ruptura del diálogo”(2). En ese sentido, “las ideologías mesiánicas y las doctrinas que ensalzan el pensamiento único, fabrican verdades eternas e infinitas,” por tanto, el diálogo es imposible. Así se circunscriben las negativas de diálogo de algunas autoridades regionales, aunque, debido a que el Estado es unitario y las regiones comparten funciones, no solo con el gobierno nacional, sino, con los gobiernos locales, estos están obligados a “trabajar en conjunto,” muy a pesar de sus opiniones. Es decir, una cosa es opinar y otra es cumplir con las obligaciones inherentes a los puestos dentro de la estructura del Estado. La opinión, cuál sea el sentido, es libre, pero el incumplimiento o la transgresión de las obligaciones del puesto o del cargo, son delitos.
La situación sanitaria es compleja, porque las funciones de salud son compartidas y la afectación a la población podría ser dramática. El Minsa requiere altos niveles de trabajo político, de coordinación y articulación con los gobiernos regionales y locales, así como, con los otros sectores públicos, privados y con la comunidad. El antecedente de intervención de un gobierno regional durante un Estado de Emergencia Nacional se realizó en la región Arequipa, mediante Decreto de Urgencia 086-2020, que autorizó en modo excepcional y temporal al Ministerio de Salud para que realice intervenciones de tipo administrativo y asistencial en la gestión de la salud en el departamento de Arequipa.” Encima, hay una serie de normas que permitirían esa intervención, dada la naturaleza del bien que se tutela cómo es la salud. (DL 1156, Ley 31027, Ley 30423 y la Ley 30895). Ni la creencia en una mayor popularidad por parte de los nuevos gobernadores regionales ni su alineamiento ideológico, deben entorpecer el cumplimiento de sus obligaciones y menos aún, poner en riesgo el proceso de regionalización.
1) https://www.infobae.com/peru/2023/01/15/gobernador-de-puno-califico-como-traidora-a-dina-boluarte-por-mencionar-que-no-desea-el-dialogo2) https://www.elmontonero.pe/columnas/el-dialogo-en-la-politica
