Susalud no tiene la autoridad regulatoria para intervenir en la gestión sanitaria
El 3 de abril del 2023 una página entera del diario oficial El Peruano, titulada «Susalud: no se pueden diseñar políticas de salud sobre el desorden», reseña la presentación de la «nueva Plataforma Nacional de Turnos Asistenciales» por parte de Susalud como una solución al desorden que según esta institución supervisora impera en el sector salud. La frase conductora del reportaje periodístico es «tenemos que ordenar el sistema de salud».
Aunque útil, la construcción semántica de la frase es defectuosa, ya que sugiere que es a Susalud a quien le corresponde resolver el «desorden» sin definir claramente lo que significa este término. Esto usurpa el papel del Ministro de Salud y la rectoría del Minsa sobre el Sistema Nacional de Salud. Además, el uso de la palabra «Estado» denota una falta de comprensión de las diferencias conceptuales y prácticas entre el Estado y el gobierno, y la referencia a las políticas públicas sugiere que Susalud es el organismo encargado de diseñar y normarlas. Es preocupante que el Minsa no haya respondido a estas acciones que socavan su rectoría y funciones. Antes de construir cualquier política pública, debemos primero ordenar el sistema de salud.
Los funcionarios de Susalud, aprovecharon la publicidad que tuvo el Informe de Control Específico 032-2023-CG/Salud-SCE de La Contraloría General que realizó para el periodo que va desde el 01 de enero del 2021 al 30 de abril del 2022 en el Instituto de Salud del Niño Breña, dado a conocer el 12 de enero del 2023, para mostrarse como la solución a las irregularidades detectadas, así como, la forma de prevenirlas en el futuro, mediante la “nueva Plataforma Nacional de Turnos Asistenciales,” que según declaraciones a diversos medios de prensa, “transparenta al Estado (sic) y a la oferta de servicios de salud, a escala nacional,” y permite conocer la “brecha de profesionales de salud” útil para “diseñar políticas públicas para formar nuevos profesionales,” asimismo, “mejora el acceso del ciudadano a los servicios de salud, porque cuando el profesional de salud no se encuentra en su puesto, rompe y vulnera su derecho a la salud” ya que “los pacientes antes de acudir a la consulta médica deberían conocer antes al profesional que le brindará el servicio.” Incluso agrega, “que se debe saber si el médico reúne las condiciones y está habilitado por ley, incluido el registro del especialista.”
Es decir, Susalud que según los DL 1158 y 1289, supervisa, instituciones, sean prestadoras o financiadoras, ahora, “motu propio” pasaría a supervisar personas naturales, en su calidad de servidores de estas instituciones, incluso, a sancionar. Es obvio, que usurparía funciones de gestión de recursos humanos de las instituciones prestadoras públicas y privadas, de los colegios profesionales, de las universidades e incluso de la Autoridad Nacional del Servicio civil (Servir). Por otra parte, el derecho al acceso a la salud implica que los ciudadanos reciban las prestaciones de salud o la atención médica de acuerdo con sus necesidades, sin embargo, ese derecho no implica que puedan elegir al personal, con nombre y apellido, que se los brindará. Es cierto, que sería deseable que también pudiesen elegir al profesional, sin embargo, Susalud no puede fiscalizar ni supervisar eso, porque no está normado. Además, asegurar esa atención con elección del profesional, es imposible en todos los casos, incluso, en los países más desarrollados. La forma de organizar los servicios, de acuerdo con las necesidades y preferencias de la gente y en los horarios que le sean propicios, es parte de las competencias propias de cada institución prestadora de salud, según las normas legales vigentes. Susalud, no tiene potestad regulatoria para entrometerse en la gestión sanitaria.
Los funcionarios de Susalud aprovecharon el informe de control específico 032-2023-CG/Salud-SCE de la Contraloría General, que se publicó el 12 de enero de 2023 y se centró en el Instituto de Salud del Niño Breña, para presentarse como la solución a las irregularidades detectadas y como una forma de prevenirlas en el futuro, gracias a la «nueva Plataforma Nacional de Turnos Asistenciales». Según afirmaron a varios medios de comunicación, esta plataforma «transparenta al Estado (sic) y la oferta de servicios de salud a nivel nacional», lo que permite conocer la «brecha de profesionales de salud» necesaria para «diseñar políticas públicas para formar nuevos profesionales». Además, mejora el acceso del ciudadano a los servicios de salud, ya que los pacientes deben conocer al profesional que les brindará el servicio antes de acudir a la consulta médica, de manera que puedan ejercer su derecho a la salud.
En resumen, Susalud, que según los DL 1158 y 1289, supervisa tanto las instituciones prestadoras como las financieras, ahora estaría supervisando, por su propia iniciativa, a personas naturales en calidad de servidores de estas instituciones, e incluso tendría la capacidad de sancionarlas. Esto implicaría la usurpación de funciones de gestión de recursos humanos de las instituciones prestadoras públicas y privadas, así como de los colegios profesionales, las universidades e incluso de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). Por otra parte, aunque el derecho al acceso a la salud implica que los ciudadanos reciban las prestaciones de salud o la atención médica de acuerdo con sus necesidades, esto no significa que puedan elegir al personal que les brindará los servicios. Si bien sería deseable que los pacientes pudieran elegir a su profesional de la salud, esto no está normado y en muchos casos es imposible, incluso en países más desarrollados. La organización de los servicios de salud, de acuerdo con las necesidades y preferencias de las personas y en horarios convenientes, es competencia de cada institución prestadora de salud, según las normas legales vigentes. Por lo tanto, Susalud no tiene la autoridad regulatoria para intervenir en la gestión sanitaria.
Después de las fuertes declaraciones, incluso ofensivas hacia la profesión médica, realizadas por funcionarios de Susalud con la intención de «liderar» el sector salud, surgieron críticas y cuestionamientos legales, incluso por el uso de fondos para crear la nueva Plataforma Nacional de Turnos Asistenciales. Por lo tanto, Susalud ha tenido que relativizar sus objetivos al afirmar que «los hospitales y clínicas ya cuelgan en sus sitios web los turnos de sus profesionales de la salud», y que «Susalud solo supervisa a las instituciones prestadoras de salud y ordena el sistema de salud».
A pesar del informe de la Contraloría mencionado anteriormente, el hospital continúa su labor. Hay dos cuestionamientos en curso: el primero es que se ha simulado la permanencia en el hospital, incluso en trabajo remoto, cuando en realidad trabajaban en modo presencial en una clínica. El segundo es que no se ha cumplido con la Ley 30646 y su reglamento, que regula el descanso físico adicional del personal de la salud expuesto a radiaciones ionizantes o sustancias radioactivas, generando un perjuicio económico para el hospital. Como resultado, el hospital realiza la separación de responsabilidades y el órgano instructor procesa a los funcionarios y servidores. Además, la Procuraduría Pública inicia las acciones civiles y penales correspondientes. Cabe destacar que el INSN-Breña (Hospital del Niño) cuenta con casi 800 médicos y casi tres mil servidores, y que solo dos profesionales médicos están involucrados en el asunto, con un total de 16 servidores investigados. Estos hechos ocurrieron durante 2021 y los primeros cuatro meses de 2022. Se puede observar que no hay impunidad y la justicia avanza.
El Instituto de Salud del Niño – Breña (Hospital del Niño) es una institución líder a nivel nacional e internacional, no solo en la atención a los pacientes, sino también en la investigación científica y tecnológica, así como en la docencia universitaria. La calidad y el prestigio de sus profesionales y trabajadores son indudables. La Ley 31456, promulgada en agosto de 2022, exige a sus funcionarios y servidores enormes retos de desarrollo en beneficio de la niñez peruana. ¡Investiguemos, sancionemos y avancemos!
