Se tornan indispensables la ecuanimidad y la cordura
La Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) ha dado a conocer –en nota de prensa del pasado 2 de mayo– que “desde el 2022 a la fecha, SuSalud ha impuesto multas por más de S/ 12 millones por vulneración de derechos en salud. No brindar atención oportuna en emergencia es la principal infracción sancionada.” Asimismo ha presentado el listado de hospitales públicos de EsSalud sancionados, entre los que figuran el Hospital Edgardo Rebagliati (Lima) con 542.5 UIT (es decir, casi S/ 2.7 millones), el Hospital II Suarez en Angamos (Lima), Hospital I Carlos Alcántara Butterfield (Lima), Almanzor Aguinaga Asenjo (Chiclayo), Hospital II (Cajamarca), Cayetano Heredia (Piura), Adolfo Guevara Velasco (Cusco).
En el caso del Minsa y de los gobiernos regionales, se ha multado al Instituto Nacional del Niño San Borja (con 278 UIT, equivalente a casi S/ 1.4 millones). También los hospitales de Lima Cayetano Heredia, Víctor Larco Herrera, Emergencias Pediátricas y María Auxiliadora. Y en el caso de las regiones, los hospitales Hipólito Unanue (Tacna), Banda Shilcayo (Tarapoto) Carlos Alberto Seguín (Arequipa). Asimismo, al Hospital Militar Arias Schereiber con 484 UIT, equivalente a S/ 2.3 millones.
La nota de prensa señala entre las infracciones muy graves la “muerte o lesión grave de un paciente como resultado de la falta de diligencia en el seguimiento del caso o del seguimiento de los resultados de exámenes de ayuda al diagnóstico y tratamiento, así como por no brindar atención oportuna en situaciones de emergencia, incluyendo los productos farmacéuticos o dispositivos médicos críticos de acuerdo a su nivel de resolución”. Y por último “por escribir o difundir imágenes del asegurado o de la información relacionada a su enfermedad, en contravención de la normativa vigente, salvo la requerida por SuSalud.”
Las sanciones aplicadas a los hospitales por las razones expresadas en la nota de prensa parecen desconocer el contexto precario en el que se desenvuelven los hospitales públicos, sobre todo en momentos de la pandemia de Covid-19, de desastres y de protestas sociales. Una sanción, con millonarias multas, solo puede agravar esa situación, más aún cuando el ministro o el gobernador regional designa y remueve funcionarios.
Por ejemplo en 2019, antes de la pandemia de Covid-19, EsSalud brindaba en promedio 1.9 millones de atenciones mensuales de consulta externa. Sin embargo, en febrero del 2021, durante la pandemia, las atenciones cayeron a 276,000. En marzo del 2022 alcanzaron 911,000 consultas externas y en agosto del 2022 ya se pudo brindar 1.55 millones de consultas externas. Es decir, aún mantenía brecha frente al año 2019 que, en ese entonces, ya tenía déficit de atención de su población asegurada.
Con los demás establecimientos de salud públicos ocurrió algo parecido. A pesar de que Susalud vigila los derechos de los usuarios que se agrupan en cinco rubros, según la Ley 29414 y su reglamento, que se enumeran a continuación: derecho al acceso a los servicios de salud; derecho al acceso a la información; derecho a la atención y recuperación de la salud; derecho al consentimiento informado y derecho de protección del consumidor de los servicios de salud, solo ha hecho referencia a un aspecto de cada uno de solo tres rubros escogidos. Dada la escasez y precariedad de atención, no solo de consultas externas sino también de emergencias y cirugías, no es difícil inferir que no quedaría un solo establecimiento de salud sin multa si se exigiese el cumplimiento meticuloso de los cinco rubros de derechos de los usuarios de los servicios de salud ya aludidos. En esa misma línea, tampoco es casualidad que se haya multado con casi S/ 7.3 millones a las clínicas privadas y con más de S/ 1.8 millones a las aseguradoras privadas. Es decir, S/ 8.2 millones en multas que afectan al sector privado.
En ese sentido, es obvio que la potestad de multar de SuSalud está fuera de contexto y el Ministerio de Salud ha dejado de ejercer su función rectora sobre esta institución, que además tiene adscrita. Además el Minsa ha pasado por alto la modulación de la potestad sancionadora y la fiscalización del cumplimiento de su rol educativo y preventivo, así como la evaluación de las multas aplicadas en el contexto político, económico y social del país. La página amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, a la fecha, muestra que SuSalud ha tenido un presupuesto de inicio (PIA) para el 2023 de S/ 56.7 millones y posee una ejecución de sólo S/ 16.4 millones; es decir, un avance del 29.5%.
Los doce millones en multas que SuSalud ha aplicado implican un importante monto de recursos directamente recaudados, siempre y cuando hayan sido consentidas por los multados, que se agregarán a su presupuesto, según el artículo 17 del Decreto Legislativo 1158. Por tanto, SuSalud debería aclarar no sólo cuántas sanciones con multa ha aplicado, sino también cuántas de estas han sido cobradas o ya se encuentran en su presupuesto institucional.
El rol del Minsa como ente rector sobre Susalud ya que es parte del Sistema Nacional de Salud es crucial porque su intervención desatinada pone en riesgo la economía de los actores involucrados en la prestación y el intercambio de los servicios de salud de todo el país. SuSalud tiene potestad sancionadora sobre establecimientos de salud privados, públicos y mixtos; además, interviene no solo de parte de los usuarios, sino de oficio, hecho que puede acarrear intervenciones “subjetivas y dirigidas”.
SuSalud tiene acceso a la historia clínica, que en un procedimiento sancionador implica invertir la carga de la prueba, porque transfiere a los establecimientos de salud la demostración de haber actuado conforme a la normativa. Encima puede realizar auditorías de caso, auditorías médicas, supervisiones, monitoreo de información, entre otras actividades conexas. También puede aplicar medidas de “seguridad” mediante el cierre de un establecimiento o de una unidad productora de servicios, inmovilizar equipos, incautar medicinas y otras medidas más con la “finalidad” de cautelar los derechos de los usuarios.
Además SuSalud tiene “delegados” en cada uno de los hospitales y centros de salud que recaban directamente “las quejas”. Con estas prerrogativas para vigilar, someter y castigar se tornan indispensables la ecuanimidad y la cordura de sus altos funcionarios. El Minsa debería velar para que eso ocurra. ¡Cuidado con SuSalud!
