Ingreso a la OCDE supone ciertos estándares de bienestar social
Luego de conocido el informe de la Comisión de Protección Social, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el 13 de noviembre del 2017, se han producido una serie de comentarios críticos. La propia premier Aráoz ha señalado que las recomendaciones de la Comisión de Protección Social no son una ruta a seguir, sino el inicio de un diálogo con la finalidad de lograr consensos necesarios para una adecuada protección social en nuestro país.
Este informe se encuentra enmarcado en los esfuerzos para lograr los estándares económicos y sociales para ingresar en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que, como sabemos, agrupa a los países desarrollados, incluidos Chile y México. El ingreso a la OCDE no solo supone crecimiento económico, sino adecuados estándares de bienestar social. Uno de los componentes, además de otros diez que engloban el indicador Better Life, es la salud. Este indicador mide y compara la calidad de vida de los habitantes de todos los países miembros. La vivienda, ingreso, empleo, educación, comunidad, medioambiente, seguridad, para solo referirnos a algunos componentes del indicador, tienen implicancias directas en la salud. La salud es, como sabemos, una resultante de la existencia social.
El resultado de comparar las cifras promedio de los países miembros de la OCDE puede ser negativo. Las brechas son aún muy grandes. Además hay dificultades en el análisis socioeconómico, demográfico y epidemiológico que impide un adecuado estudio comparativo con los demás países de la región, y sobre todo con la OCDE. La descripción de la estructura de sistema de salud es deficitaria y el uso del lenguaje poco riguroso produce comparaciones inadecuadas. Por ejemplo, entre los conceptos de aseguramiento universal y cobertura universal de salud.
El objetivo clave es la cobertura universal de salud. El aseguramiento es un mecanismo de protección financiera para lograr ese objetivo. No es correcto confundir los medios con los fines. Además, existe una confusión entre la cobertura de atención en salud pública y la cobertura en medicina recuperativa (curativa); y entre la salud colectiva y la salud individual. El aseguramiento, tal como se ha concebido en nuestro país, ha hecho tabla rasa de esas diferencias. Se ha priorizado la parte recuperativa, en desmedro de la salud pública.
Por ejemplo, la cobertura de las actividades de salud pública, antes de la reforma humalista, ascendía a casi el 95% de la población. El ejemplo más cercano era la cobertura de vacunación. El nudo crítico era la atención médica recuperativa, cuya cobertura bordeaba solo al 78%. Es decir, se mantenía un núcleo duro de más del 22% de la población que carecía de atención médica. El reto que enfrenta el Gobierno de PPK es revertir los malos indicadores de salud pública, heredados del humalismo, y avanzar para brindar atención médica recuperativa a ese 22% excluido.
La base para lograr la cobertura universal de salud es la existencia de oferta de servicios de salud. Es decir, una provisión de servicios médicos y de salud con calidad y oportunidad para todos los peruanos. La cuantificación de las brechas no solo debe ser financieras sino también física. La brecha de la oferta de servicios de salud es enorme. Solo en infraestructura se calcula más de US$ 22,000 millones; y se necesitan más de 40,000 médicos generales y más de 16,000 especialistas, solo por citar algunos ejemplos. Cerrar esa brecha requiere tiempo, sobre todo en la formación de médicos y otros profesionales. En otras palabras, no solo se trata de calidad de los servicios de salud, sino también de cantidad. Más y mejor.
El gasto per cápita en salud de nuestro país es de US$ 390 frente a los US$ 4,000 que se gasta en promedio en los países miembros de la OCDE. Sin embargo, las diferencias regionales también son grandes, por ejemplo, frente a Chile, otro miembro de la OCDE, que gasta US$ 1,100. Es decir, casi tres veces más que el Perú. El reto es lograr un crecimiento económico sostenido, mayor al 5% del PBI anual, por más de diez años, de tal manera que el 5.5% del PBI anual del gasto total en salud se incremente por lo menos a un 8%, como en Chile. Y además que las cifras absolutas alcancen a las de los miembros de la OCDE.
El sector salud se encuentra en un proceso de cambio y transformación. Las brechas en infraestructura, insumos, equipos y personal son cuantiosas. Resultan necesarias la coordinación y complementariedad de todos los sectores: público, privado y mixto. El Poder Ejecutivo y el Congreso de la República tienen, bajo el principio de colaboración de poderes, un gran reto.
Por Herberth Cuba
