El INPE está en la obligación de cuidar la salud de los reclusos
El 3 de agosto del 2023,el diario oficial El Peruano, dio cuenta que el Ministerio de Salud (Minsa) brindó atenciones de salud en el Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos, las que han beneficiado “a 20 menores, hijos de las internas y a 700 reclusas.” La “campaña integral de salud” para los menores involucró vacunación contra polio y sarampión, control de crecimiento y desarrollo infantil, pediatría, seguimiento de la anemia, consejería en nutrición y salud mental, entre otras atenciones. Para 700 adultas del penal se brindó atenciones de “salud sexual y reproductiva, prevención y atención del cáncer, descarte de VIH-Sida, sífilis, hepatitis, salud mental y bucal, así como consejería de nutrición y el programa de tuberculosis”, entre otras.
Esta campaña resalta por su publicidad, pero en realidad su impacto es reducido, frente al universo total de personas privadas de su libertad que están albergadas a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en 68 penales a nivel nacional, Según la Defensoría del Pueblo en marzo de 2020 había 5,156 mujeres y 91,955 varones; es decir, 97,111 internos en todo el Perú. Asimismo convivían con sus madres 165 niños, entre varones (86) y mujeres (79), porque es el derecho que les asiste hasta la edad de tres años.
A esta cifra hay que agregar los 2103 adolescentes mayores de 14 años que se encuentran en los 9 centros juveniles que hay en el Perú, mediante el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Según informes de la Defensoría del Pueblo, hasta el 2018, el INPE solo tenía 64 médicos, que cómo se puede apreciar, es insuficiente, si se toma en cuenta el número de internos. Incluso, esta cifra de médicos es engañosa, porque, en Lima trabajaban 41 médicos, es decir, solo 23 médicos para el resto de los internos de las demás regiones del país.
Un primer aspecto, con gran impacto en la salud de los internos es el hacinamiento, porque propicia el riesgo de transmisión de enfermedades contagiosas, de trastornos del sueño y el estrés, y afecta la salud mental. Por ejemplo, los albergues juveniles tienen capacidad, según la Defensoría del Pueblo, para 1,665 internos. y hay 2103. Es decir, “un 26% más de la capacidad óptima”.
Un segundo aspecto es el impacto de las enfermedades crónicas en más de 11,536 personas privadas de libertad, que son portadoras de tuberculosis, VIH-Sida, diabetes, hipertensión y cáncer, entre otras. Las dificultades para enfrentar estas patologías son complejas, debido a que se requiere individualizar los estilos de vida y los modelos de consumo en condición de hacinamiento y de estandarización de la vida cotidiana de los internos.
Un tercer aspecto es la existencia de adultos mayores, cuya población asciende a 4,761 internos. Este es un grupo poblacional frágil y de riesgo. Las medidas de prevención contra las fracturas óseas por el proceso de osteoporosis debido al “envejecimiento” sin cuidados ni tratamientos, los problemas en la visión, la mayoría de las veces por cataratas, problemas auditivos y del equilibrio, infarto, así como, Parkinson, Alzheimer y cáncer, entre otras. Como se puede apreciar, el cuidado y la prevención de enfermedades de este grupo poblacional requiere médicos geriatras y de otras especialidades complementarias.
Un cuarto aspecto,es la falencia de medidas de higiene y de bioseguridad, que incrementan la posibilidad de contagio, agregado al impacto negativo producido por el hacinamiento. Existe la obligación del gobierno de ofrecer agua saludable y saneamiento básico, útiles de aseo y favorecer la higiene óptima de los internos, así como asegurar medidas de bioseguridad, con campañas de limpieza y desinfección.
Durante la pandemia de Covid-19 los internos de los penales, que ya sufrían de las restricciones a la libertad, también fueron víctimas de la restricción de las visitas de sus parejas o sus familiares. Incluso al interior de los penales se restringió en lo posible la movilidad, con la correspondiente exacerbación del impacto negativo en la vida de los internos. Estas condiciones carcelarias, generaron hasta protestas de los internos en los penales, como las ocurridas en Piura, Chiclayo y Trujillo, que tuvieron como saldo heridos e incluso dos fallecidos. En consecuencia, ya es conocido que la situación de salud de los internos de los penales es inadecuada y está por debajo de los estándares de los derechos humanos fundamentales.
El INPE es el ente rector y administrador del Sistema Penitenciario Nacional, con la finalidad “de lograr la reinserción positiva” de las personas privadas de su libertad o de aquellos que ya han sido liberados o se encuentran con penas limitativas”. Es obvio, que la afectación de la salud pone en riesgo el proceso de reinserción.
El Consejo Directivo del INPE tiene cuatro integrantes, además del presidente. Uno de ellos es el representante del Minsa. Entre las funciones del Consejo Directivo está la de “articular y armonizar la gestión de las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos en materia penitenciaria”. En consecuencia, el rol del Minsa es fundamental. Por tanto, en primer lugar, es necesario medir el impacto y los alcances de esa articulación o armonización. En segundo lugar, según la ley las personas recluidas están afiliadas temporalmente al Seguro Integral de Salud.
En ese sentido, incluso se ha firmado el convenio marco entre el SIS y el INPE. Sin embargo, es necesario evaluar el desempeño y la utilidad de este convenio, sobre todo, cuando de por medio hay mecanismos genéricos de coordinación y colaboración y el uso de fondos públicos para las atenciones médicas bajo el mecanismo de “intercambio prestacional y de la emergencia sanitaria”. También es necesario que el Minsa evalúe el cumplimiento de cada convenio específico que se derive del convenio marco y el número de personas recluidas que se han beneficiado.
En tercer lugar, el INPE está en la obligación de fortalecer los servicios médicos y de salud de cada uno de los establecimientos penales, con la dotación de un mayor número de médicos y personal de salud, así como, con infraestructura, insumos y equipos. Se requiere especialización y experiencia para implementar medidas preventivas y de promoción de la salud en las condiciones de reclusión, por tanto, el INPE debe promover un proceso de educación y formación continuada de sus propios servidores de salud. Bienvenidos los nuevos penales, anunciados por la presidente de la República, que paliarán el hacinamiento, pero, sin embargo, se requiere también más personal de salud.
En cuarto lugar, el Minsa es el ente rector del Sistema Nacional de Salud, en cuyo seno se encuentra el jefe del INPE, por tanto, es responsabilidad conjunta y directa del Minsa, del INPE y del Ministerio de Justicia (para los adolescentes) fortalecer el desempeño de la capacidad de respuesta sanitaria para la población recluida. ¡Defender y promover los derechos humanos siempre!
