A propósito del Día Mundial de la Prevención del suicidio (10 de setiembre)
El 12 de setiembre del 2023 la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha lanzado “dos recursos diseñados para fortalecer los esfuerzos de la prevención del suicidio». Uno de ellos está dirigido a los medios de comunicación, debido a la evidencia de que estos “pueden desempeñar un papel importante ya sea para fortalecer o para socavar los esfuerzos de prevención de suicidio». En ese sentido, la OMS afirma que “las personas vulnerables, como aquellas con antecedentes de intentos o pensamientos suicidas o aquellas expuestas al suicidio, tienen un mayor riesgo de involucrarse en comportamientos imitativos, después informes de suicidio en los medios, particularmente si la cobertura es extensa, prominente, sensacionalista y que describe explícitamente el método del suicidio, hace que el suicidio parezca normal o perpetúa mitos muy difundido sobre el suicidio». Por tanto, la OMS realiza orientaciones sobre la forma de tratar el tema para “garantizar que los informes sobre el suicidio sean precisos, responsables y apropiados». En contraste, también proporciona orientaciones para informar “las historias de recuperación y bienestar mental y emocional” debido, también a la evidencia, “de que los informes centrados en la supervivencia y la resiliencia pueden conducir a conductas imitativas positivas y contribuir a la prevención de suicidio».
El otro recurso que ha puesto a disposición la OMS está relacionado con el “resumen de políticas sobre aspectos sanitarios de la despenalización del suicidio y los intentos de suicidio». Como justificación a este segundo “recurso” la OMS afirma que “el suicidio y los intentos de suicidio están tipificados como delito en las leyes de al menos 23 países de todo el mundo y los intentos de suicidio siguen siendo castigados activamente en alguno de ellos. La criminalización del suicidio perpetúa un entorno que fomenta la culpa hacia las personas que intentan suicidarse y disuadir a las personas y buscar ayuda oportuna por temor a las repercusiones legales y al estigma». Además, según la OMS, la despenalización del suicidio “salva vidas al reducir el estigma y la vergüenza asociados con el suicidio; promueve un entorno donde las personas se sienten capaces de buscar ayuda. Asimismo, permite una mejor recopilación de datos sobre el suicidio e intento de suicidio que puedan informar mejor las intervenciones apropiadas, y de esa manera, aumentan las oportunidades de sensibilización y promoción para la prevención del suicidio».
En el Perú, según el Código Penal, solo se penaliza el homicidio piadoso y la instigación o ayuda al suicidio. Es decir, el suicidio no está penalizado. En el artículo 112 se tipifica el delito de homicidio piadoso, cuando “el que por piedad mata un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años». Y en el artículo 113, se tipifica la instigación o ayuda al suicidio, “cuando el que instiga a otro al suicidio o lo ayuda a cometerlo, será reprimido si el suicidio se ha consumado o intentado, con pena privativa de libertad no menor de uno y mayor de cuatro años. La pena será no menor de dos ni mayor de cinco años si el agente actúa por un móvil egoísta». Como se puede apreciar, se ha avanzado en la despenalización, con relación a otros países, sin embargo, eso por sí solo no basta.
Aún es necesario poner a disposición de la población un mayor número de establecimientos de salud mental comunitarios, sobre todo en las zonas más pobres y vulnerables. También existe la necesidad de educar a la población sobre los derechos de las personas con problemas de salud mental, para evitar su “muerte civil” o la estigmatización. En esa misma línea, se debe fortalecer la notificación con la finalidad de comprender la magnitud de los problemas de salud mental; eso sí, con el resguardo cuidadoso de la intimidad y la confidencialidad, más aún cuando, debido, a que se utiliza al “estigma social”, para obtener “ventajas de diversa índole” sobre los enfermos mentales, sobre todo, relacionados con sus “bienes” o con el ejercicio de las “tutelas”. En ese contexto, la brecha existente, por la falta de médicos especialistas en psiquiatría, dificulta el acercamiento de la capacidad resolutiva de los centros de salud mental a la comunidad. No es un problema menor, porque implica hasta 12 años de formación académica. Por tanto, es una brecha cuya solución es progresiva, y con sostenibilidad de las políticas en el tiempo.
En el 2020 en el Perú se produjeron 569 suicidios, de estos 414 fueron varones y 155 mujeres. La media mundial de suicidios es de 9.25 por cada 100,000 habitantes; sin embargo, en el Perú es de 1.7. Esta cifra menor al promedio mundial no debe ser evaluada al margen del contexto de la fragilidad o precariedad del Sistema Nacional de Salud, porque es probable que exista una falta de notificación o de identificación de las causas de muerte o que se haya incrementado durante la pandemia y posteriormente a ella. Por otro lado, la cifra del 2010 (0.9), era casi la mitad de la del 2020 (1.7). En ese sentido, por ejemplo, según la Dirección de Salud Mental del Minsa, “el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registra 686 suicidios a lo largo del 2022”. Asimismo, señala “que 2,307 personas lo intentaron. Aunque puede haber más casos que no se registran como tal». En las “Pautas para la prevención del suicidio en mi comunidad” del Minsa, publicado el 2022, se detallan nueve pautas, entre las que se identifica las señales de alerta del comportamiento suicida, las estrategias preventivas y dónde pedir ayuda. Preocupa el incremento progresivo de casos, aunque se barajen explicaciones que se derivan del incremento de los casos de depresión, del impacto de la pandemia Covid-19, de la crisis económica, de la pérdida del empleo y del poder adquisitivo, de la desestructuración de las familias, entre otros factores, así como, por la mejora progresiva de la notificación.
Las orientaciones de la OMS dirigidas a los medios deben ser tomadas en cuenta por los actores involucrados con la finalidad de organizar eventos, foros, simposios, debates, para que se coloque en la agenda pública y nacional al suicidio, como un grave problema de salud pública. Las universidades, los colegios profesionales, el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, así como la sociedad civil, entre otros, tienen una gran tarea. ¡Alto a los suicidios, salvemos vidas!
