Se consolida la concentración y el monopolio del mercado de medicamentos
El Estado es propietario y regente de más de 8,000 establecimientos farmacéuticos a nivel nacional. El adecuado suministro de medicamentos en cada uno de estos establecimientos representa un mecanismo de regulación de precios del mercado de medicamentos. La compra conjunta de medicamentos entre los diversos sectores públicos que administran establecimientos farmacéuticos permite lograr precios muy bajos, debido al gran volumen de fármacos y a la utilización de la compra por subasta inversa. Además, podría ser la herramienta para garantizar la calidad y el uso de medicamentos genéricos. El Estado debería generar ahorro para el propio Estado, pero sobre todo para los ciudadanos usuarios de medicamentos.
La subasta inversa significa que la empresa ganadora, siempre es la que vende más barato. La compra conjunta implica que el Ministerio de Salud (Minsa), los gobiernos regionales, Essalud, las sanidades militares y policial y otros sectores confluyan en un solo proceso de subasta. La compra conjunta y la subasta inversa generan cuantiosos ahorros.Sin embargo, tiene 82 nudos críticos que es ineludible revisar y eliminar. Además es necesario incluir la adquisición continuada, según los precios obtenidos en la subasta inversa y las necesidades de cada una de las farmacias públicas a nivel nacional. Es decir, que cuando se agotan los medicamentos, solo se solicita en modo adicional a las empresas que ganaron el proceso de subasta inversa. Hoy el proceso es complicado, engorroso e inservible.
El foco mediático sobre los medicamentos ocurrido a fines de enero del 2018, debido a los procesos de fusiones y adquisiciones por S/ 583 millones que produjo la concentración del mercado farmacéutico y de las cadenas de farmacias y boticas en el Perú, ha puesto en evidencia no solo la consolidación y concentración del mercado de medicamentos, sino también la diferencia de los precios entre Lima y provincias y la escasez de medicamentos genéricos en las farmacias y boticas privadas. Esta ineptitud del Gobierno ha generado una serie de propuestas legislativas.
Legislar en materia de medicamentos es complejo. Engloba aspectos de comercio internacional, del Pacto Andino, de propiedad intelectual, constitucionales y diversos temas muy técnicos que involucran a muchos actores y actividades que incluyen al acto médico y el derecho de los pacientes. En general, los debates sobre medicamentos requieren tiempo, consenso y, sobre todo, claridad en la mirada constitucional. Por ejemplo: la actual Ley N° 29459, de Medicamentos, se promulgó luego de un debate de más de cinco años. El problema es que hasta la fecha no se ha implementado a cabalidad. Hay más de 30 reglamentos y directivas pendientes de promulgación.
El abastecimiento de los 8,000 establecimientos farmacéuticos del Estado, distribuidos en todos los distritos del Perú, dotados con los medicamentos genéricos necesarios con buenas prácticas de almacenamiento y prescripción, con un suministro fluido y eficaz, impondría condiciones de competencia a las 2,245 farmacias y boticas del grupo consolidado y concentrado. Los precios bajarían por la excelente competencia que realizaría el sector público, que obligaría al uso de medicamentos genéricos en todo el territorio nacional. Pero como el Estado no funciona, se producen escaseces que suple, con ventaja, el sector privado.
La propuesta legal del control de precios nunca funcionará frente a la escasez. Al contrario, el control de precios incrementará la escasez. Y como es natural, los precios serán más altos donde mayor escasez existe. Los distritos y provincias alejados serían los más perjudicados. En cambio, los precios bajarán si aumentamos la oferta a través de una adecuada dotación de fármacos de calidad en los 8,000 establecimientos farmacéuticos del Estado.
El proyecto de ley que obliga a la existencia de un stock mínimo del 30% o 40%, de medicamentos genéricos en las boticas y farmacias privadas, significa flexibilizar esa obligación; y además es darles un resquicio para evadir la venta de medicamentos genéricos. Es un retroceso frente a la norma vigente, que exige que las farmacias privadas oferten medicamentos genéricos, además de los de marca y los innovadores.
Se reitera en otro proyecto de ley que los médicos receten en genéricos, a pesar de que ya está contemplado en la Ley General de Salud y en la Ley de Medicamentos, con normas sancionadoras por el incumplimiento. Pero lo grave e increíble es que se proponga que las farmacias y boticas cambien la prescripción médica o receta, como si la responsabilidad frente al paciente no fuera del médico, sino de la cadena empresarial farmacéutica con interés en incrementar sus ventas.
Las propuestas legislativas que se debaten en el Congreso de la República no se alinean, a pesar de las buenas intenciones, con las necesidades del país. Al contrario, de aprobarse, consolidarían los procesos regresivos, de concentración y monopolio del mercado de medicamentos. ¡Estudio, reflexión y consenso antes de legislar!
