Irracional consecuencia de la “reforma de salud” humalista
En estos días se ha conocido, por los medios de comunicación, que el Hospital Regional de Arequipa Honorio Delgado Espinoza ha sido sancionado por la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) “con una multa de 400 UIT, porque no posee al especialista de cirugía de cabeza y cuello las 24 horas del día”. Es decir, la multa equivale a S/ 1.68 millones, y pone en evidencia la irracionalidad con que se realizó la reforma de salud humalista.
Como sabemos, Susalud fue creada por Decreto Legislativo N° 1158 de diciembre del 2013, y formó parte del paquete legislativo conocido como “reforma de salud” durante el lustro humalista. Es verdad que se creó sobre la base de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud (SEPS), para promover y defender los derechos de los asegurados del sector privado, pero mediante la Ley Marco de Aseguramiento en Salud (29344) y el Decreto Legislativo N° 1158, Susalud amplió el ámbito de sus funciones también al sector público. Además, Susalud es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Salud (Minsa), con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera.
Es necesario recordar que el Decreto Legislativo N° 1158 generó polémica, porque se le otorgó a Susalud la capacidad de establecer los estándares de los establecimientos públicos y privados, mediante el proceso de categorización y acreditación, además de supervisar su cumplimiento y sancionar. Es decir, era juez y parte. Los estándares eran tan altos que solo alrededor del 15% de los establecimientos los cumplía; en consecuencia, las sanciones deberían abarcar a la mayoría de los establecimientos de salud del país. En sentido inverso, colocaba un techo máximo a las prestaciones que podía ofertar un establecimiento de salud dentro su categoría; por lo tanto, impedía que el ciudadano reciba mayor atención médica a la que se indicada en la acreditación. Es decir, trabas burocráticas contra el ciudadano y el ejercicio de su derecho a la salud.
A pesar de que en diciembre del 2016 el nuevo gobierno promulgó el Decreto Legislativo N° 1289 con la finalidad optimizar, destrabar y corregir el funcionamiento de Susalud, para alinear sus funciones con la adecuada marcha de los servicios de salud, a la luz de la sanción aplicada al hospital Regional de Arequipa, parece que la corrección ha sido insuficiente. Sin embargo, no hay que pasar por alto que las instituciones son conducidas por funcionarios con creencias, ideologías, intereses y aspiraciones, cuya interpretación de la norma y la valoración de la aplicación frente al contexto político, económico, social y cultural tienen un margen de discrecionalidad. Un margen que bien puede hacer la diferencia a la hora de aprovechar las ventajas del sistema normativo para fortalecer o mellar las capacidades de las instituciones públicas. Bajo esa perspectiva, la mirada y vigilancia atenta del ministro de Salud, como conductor del ente rector del sistema de Salud, resulta clave.
Según declaraciones del director del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, el propio Minsa ha reconocido que el nosocomio tiene una brecha de necesidades de mil trabajadores, según las normas técnicas. Sin embargo, el gobierno no ha asignado, en el presupuesto, ninguna plaza adicional. ¿Puede el propio gobierno infringir una multa por algo reconocido por el propio gobierno como falencia estructural? Es obvio que no. Sin embargo, ha aplicado la sanción y ha agravado las necesidades del hospital, en desmedro de la población. El monto de la multa, S/ 1.68 millones, agrava la escasez de recursos para las atenciones médicas, más aún cuando las necesidades apremiantes son grandes. Por ejemplo, la lista de espera de más de mil pacientes para cirugías, la necesidad de nuevo equipamiento y de salas quirúrgicas, entre otros requerimientos.
La gravedad de la situación del Hospital Regional Arequipa Honorio Delgado Espinoza se grafica en la enorme insatisfacción y conflictividad de los usuarios, expresada en la agresión a golpes por parte de los pacientes a tres médicos que atienden en la emergencia. Huelga expresar justificación alguna para la violencia, porque no existe. Sin embargo, los pacientes acusaron a los médicos de “no atenderlos con los equipos necesarios”. Es obvio que los médicos son víctimas por ambos lados: por la deficiente administración pública y por la incomprensión de los pacientes. Es necesario que el gobierno otorgue la seguridad necesaria a los médicos, tal como ocurre con los funcionarios públicos o privados que suministran bienes escasos a la población.
El Congreso de la República debe pedir explicaciones a Susalud y al Poder Ejecutivo por el papel desempeñado por los altos funcionarios del Minsa y de Susalud. Además, es necesario que la ministra de Salud module la potestad sancionadora que posee Susalud frente al sector público, que revalúe las multas y fortalezca la función educativa y preventiva. No se debe pasar por alto que el Minsa es el ente rector del Sistema Nacional de Salud.
