Se quiere trasladar la inoperancia ministerial a los propios servidores
Las controversias y confrontaciones al interior del Ministerio de Salud (Minsa) han llegado a tal nivel que ha empezado un proceso de judicialización institucional sin precedentes. Es el resultado, por un lado, de la falta de liderazgo de la ministra y, por el otro, de la necesidad de eludir y justificar ante la población, el Gobierno y el Congreso de la República las omisiones en el cumplimiento de las metas institucionales.
En julio del 2016 el Gobierno entrante recibió al Minsa con una serie de falencias, malos indicadores, disminución de la capacidad de respuesta del primer nivel y colapso de los hospitales; a pesar de que durante el lustro humalista se incrementó el financiamiento público en casi dos veces y media más. Al mismo tiempo, creció la burocracia y el mercantilismo con la creación del Instituto de Servicios de Salud (Igss) y los cambios en Susalud y el SIS, entre otros. Además, el Seguro Integral de Salud, (SIS) heredó deudas cuantiosas, tanto al sector público como al privado, que el nuevo Gobierno, con mucho sacrificio, tuvo que pagar.
La promulgación de la Ley N° 30526, en diciembre del 2016, permitió desactivar el Igss y las redes y microrredes de salud en Lima Metropolitana, y también avanzar en la creación del nuevo modelo de salud basado en el fortalecimiento del primer nivel de atención, de la atención primaria y la medicina preventiva. Un mdelo cuya expresión legislativa ha sido la promulgación de la Ley N° 30885, de Redes Integradas de Salud (RIS). Se crearon solo cuatro Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris), en cuya estructura deberían laborar 50 funcionarios como máximo.
A cuatro meses de la actual gestión ministerial y del retorno de los funcionarios humalistas, las cosas han empeorado. El esfuerzo de la primera parte de este Gobierno ha sido en vano. Las Diris ahora poseen cada una alrededor de 500 servidores y la burocracia ha vuelto. La Ley N° 30895, que fortalece la función rectora del Minsa, adolece de reglamento y, por tanto, resulta inaplicable. Igual ocurre con la Ley N° 30885, de Redes Integradas de Salud. La actual gestión afirmó, por ejemplo, en junio del 2019, en Chumbivilcas, que la Red Integrada de Salud será un éxito. Es increíble cómo se aprovecha la confusión que genera la casi sinonimia de nombres, entre la red de salud (que aún existe en provincias, desde el 2003) y la Red Integrada de Salud (RIS), creada con la nueva Ley N° 30885, que todavía no tiene reglamento.
El Minsa, para eludir su responsabilidad, también utiliza algunos mecanismos como Susalud, el descrédito de los servidores y la judicialización del acto médico y del acto sanitario. Ha sido insólito, por ejemplo, que Susalud aplique multas al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa; también el cierre de servicios y las sanciones a los establecimientos públicos. Es decir, el Gobierno sanciona con la mano derecha lo que mal hace con la mano izquierda. Además, es recurrente que cada vez que ocurre una queja, en modo inmediato el Minsa y Susalud desacrediten y denuncien a los servidores médicos y a los demás profesionales ante la población, la Fiscalía y el Poder Judicial. Sin embargo, nunca se informa sobre las reiteradas quejas que estos mismos servidores han hecho, por la falta de idoneidad de los servicios de salud que ellos administran.
La judicialización del acto médico y del acto sanitario es muy grave. Por ejemplo, el 26 de abril del 2019, a través de la circular 289-2019-Minsa/Diris.LN/1, se informa que el Órgano de Control Institucional (OCI) solicita que todos los médicos acrediten con fotocopias “autenticadas” las actividades ya informadas desde diciembre del 2018 hasta marzo del 2019. Es decir, todos los médicos son sospechosos y, por tanto, están obligados a fotocopiar cientos y miles de folios para acreditar no se sabe qué, porque la citada circular no menciona el motivo de la sospecha. ¿Qué busca y a quién persigue el Minsa?
El tiempo y recursos empleados en revisar archivos, formatos, historias, fotocopias, autenticaciones y otros, es restado del tiempo quie se dedica a la atención de la población. Además, los servidores, adicionalmente a su sueldo, cobran un Bono de Atención Primaria de Salud, como indica el Decreto Legislativo N° 1153, artículo 8.3 inciso c, solo asignado al puesto de establecimientos de salud del primer nivel de atención, y no a producción alguna. Peor aún, el Bono de Desempeño de los servidores se paga en función de los indicadores de gestión. Es decir, no existe nexo causal para la “persecución”. El impacto es obvio: desacreditar y atemorizar a los médicos, y judicializar el acto médico y sanitario para trasladar la inoperancia de la gestión ministerial a los propios servidores.
Es necesario que el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, con el concurso de los gremios y los colegios profesionales, encuentren una salida a esta mala práctica, que afecta la salud de la población.
