Salud en emergencia. Después de 39 meses de gobierno, ya es hora de una verdadera reforma de salud
En la semana de la interpelación a la ministra de salud, Midori De Habich ocurrió un escándalo en la puerta de una emergencia hospitalaria. Un vigilante fue herido de gravedad a golpes porque supuestamente impidió que la madre de los agresores fuese atendida en el servicio de emergencia y como consecuencia falleció. El nosocomio informó que la mujer había llegado en estado cadavérico y rechazó categóricamente las imputaciones. El Ministerio Público y el Poder Judicial tendrán una ardua tarea. ¿Eso basta? Por supuesto que no.
La ley obliga a que todos los establecimientos de salud, sean públicos, privados, mixtos, con y sin fines de lucro, atiendan a los ciudadanos en emergencia. Esto es un derecho del ciudadano y no respetarlo configura un delito penal. Excelente protección legal.
Dicha norma, llamada Ley de Emergencias, fue promulgada en el velascato y, con algunas modificaciones, ha sido recogida en todas las normas posteriores, incluyendo la vigente. El problema de entonces, y que se mantiene hasta hoy, es ¿quién sufraga los gastos de una emergencia? Además, es razonable que se atienda la emergencia sin hacerse esa pregunta, sobre todo si se sabe que los gastos en esas atenciones son enormes la mayoría de las veces. La ley vigente señala que luego de pasada la emergencia el establecimiento de salud verá como cobra, previa evaluación económica del paciente por el servicio social.
Parece obvio que el paciente o el familiar agradecido por la atención acudirán prestos a pagar, que los pacientes asegurados recibirán un reembolso de sus aseguradoras por esa atención, que las aseguradoras harán los trámites administrativos para que sus afiliados paguen, que los pobres y vulnerables también pagarán a través del subsidio estatal y, finalmente, que los seis millones de ciudadanos que no tienen ningún tipo de seguro, ni reciben ningún subsidio estatal, también paguen. Parece obvio pero no lo es. Es un drama.
Se ha promulgado un paquete de 23 Decretos Legislativos llamados de “Reforma de la Salud”, sin embargo, el tema en mención está ausente. Los establecimientos de salud privados enfrentan enormes problemas para la cobranza de los pacientes atendidos, muchos casos de emergencia se convierten en pérdidas debido a la insolvencia de los atendidos. Igual suerte corren Essalud, la sanidad militar, la policial y los hospitales públicos.
¿Cómo eliminamos esa sobrecarga? ¿Cómo evitamos el debilitamiento de la sostenibilidad financiera de las entidades de salud? El Ministerio no tiene una respuesta y el gobierno tampoco.
Es necesaria una verdadera Reforma de Salud. Un punto crucial, no el único, es el área de emergencias y desastres. Es indispensable articular y fortalecer todos los servicios de emergencias: privados, públicos, mixtos y otros, en el marco de un Sistema Nacional de Salud. Las aseguradoras deberían reembolsar el gasto de las emergencias de sus afiliados al establecimiento de salud donde fueron atendidos en el más breve plazo.
Los pacientes que no tienen seguro deberían ser cubiertos por un subsidio a través del Seguro Social Público de Salud (hoy SIS y FISSAL). Entre los pacientes sin seguro, están los pobres y vulnerables que deberían ser subsidiados, pero también aquellos que sí pueden pagar, en cuyo caso se les debe cobrar. El SIS y FISSAL deberían pagar, supervisar y gestionar los reembolsos, subsidios y cobranzas de todas las emergencias médicas, quirúrgicas y psiquiátricas, sin discriminación y en igualdad de condiciones.
Luego de 39 meses de gobierno y 27 de la actual gestión ministerial, ya es hora de enmendar rumbos y de empezar una verdadera Reforma de Salud.
Por Herberth Cuba García
