Es necesario desburocratizar y transformar la gestión de salud
Han transcurrido seis meses y la gestión ministerial del sector Salud aún no ha logrado señalar los objetivos estratégicos que orienten sus acciones, y menos los medios para conseguirlos. El proceso iniciado en el 2016 para destrabar la gestión sanitaria, para desburocratizar y transformar la gestión, y acercar la salud al ciudadano, ha sido abandonado. La poca capacidad para la ejecución presupuestal y para la formulación de proyectos de inversión, así como la inoperancia para continuar el rediseño institucional según las normas legales, han tenido como consecuencia la parálisis institucional y el desánimo laboral.
Si el diagnóstico parece duro y muy crítico, la percepción ciudadana lo es aún más. Según la Encuesta Nacional Pulso Perú, realizada entre el 7 y el 10 de junio del 2019, a la pregunta de ¿cuál es el principal problema de usted y su familia?, el 26% de encuestados respondió que era la falta de empleo, 24% que no alcanza el dinero, 11% la inseguridad, 10% los problemas de salud, y luego otros problemas con menos del 5%. Si bien es cierto, en modo global, los problemas de las familias reflejan las falencias de la política del Gobierno para mantener un adecuado crecimiento económico, el impacto en la sociedad es distinto. La falta de empleo y la falta de dinero agravan las falencias en seguridad y salud de las familias, y las convierten en más dependientes del Estado. Es decir, si la población disminuye sus ingresos o pierde su empleo, acude y presiona al sector público para el cuidado de su salud a través del subsidio estatal. La compensación del Estado es imprescindible. Este fenómeno se ha agravado debido al enorme flujo migratorio que nuestro país ha recibido.
Además, sobre el principal problema de la salud en el Perú, los encuestados consideran en 30% a la baja calidad de la atención, 19% a la excesiva dificultad para obtener una cita médica, 13% el número insuficiente de doctores o especialistas, 12% la ausencia de centros de salud cercanos, 9% la poca disponibilidad de medicamentos, 8% la falta de equipos y mobiliario, y 6% la falta de herramientas tecnológicas y digitales. Es decir, ponen acento en la poca capacidad de gestión del Ministerio de Salud (Minsa), si se toma en cuenta la escasa ejecución presupuestal, de solo el 10%, el retroceso en la conformación de la Redes Integradas de Salud y en el fortalecimiento de la función rectora del Minsa y, sobre todo, el retroceso en el intercambio prestacional, que hubiese permitido avanzar con el tarifario único nacional de procedimientos médicos y sanitarios, codificado e interoperable. Además, la falta de capacidad para implementar los servicios complementarios; es decir, la posibilidad de que los médicos puedan trabajar en modo adicional a su jornada laboral, en la propia institución u en otra del sistema público, para paliar la escasez de profesionales médicos, entre otros aspectos.
Sin embargo, ¿cuál es la respuesta del Minsa para resolver los problemas percibidos por la población? Culpar a otro, polarizar y confrontar. Culpa a los médicos y a los servidores de salud en general (y en consecuencia incrementa la intensidad del trabajo, los controles y sanciones), el menoscabo de los derechos laborales y la distorsión de los indicadores de desempeño, para eludir el pago de los bonos inherentes al cargo o al propio desempeño. Culpa a los propios pacientes, debido a que no se disciplinan para obtener las citas y no se adaptan al “Plan cero colas” del Minsa. Es increíble que pretendan resolver la escasez con citas por Internet o telefónicas, y con violación del derecho a la libre elección de los pacientes.
¿Y la escasez de medicamentos y su alto precio? El Minsa culpa a los profesionales de la salud, a los empresarios nacionales y extranjeros. Poco importa que la ejecución presupuestal del Minsa en medicamentos solo bordee el 16%. La escasez de medicamentos genéricos de calidad en los 8,000 establecimientos del sector público aumenta la demanda en las farmacias privadas, debido a que los pacientes que se atienden en el sector público encuentran sus farmacias desabastecidas y, en consecuencia, el precio de los medicamentos en el mercado sube. Además, desde el año 1997, en que se promulgó la Ley N° 26842 (Ley General de Salud), los médicos recetan los medicamentos con su denominación común internacional, con su nombre genérico. Sin embargo, el Minsa no ha cumplido con implementar la bioequivalencia; es decir, la demostración de que un genérico es idéntico que el original o medicamento de referencia. Sin esa demostración, es imposible que el propio paciente se decida por un medicamento genérico; tampoco que el médico asuma la responsabilidad por su uso.
La práctica de la confrontación como mecanismo “para favorecer al pueblo” es preocupante. Es necesario el diálogo y el más amplio consenso para lograr salud para todos.
