Nueva Agenda Legislativa debe implementar medidas para optimizar la gestión pública
Luego de la elección de la nueva mesa directiva del Congreso de la República, las miradas de la ciudadanía se centran en su desempeño y en el cumplimiento de la agenda legislativa que se deberá aprobar al inicio del periodo anual de sesiones, según el artículo 29 del Reglamento del Congreso. La última agenda legislativa se aprobó para el periodo anual de sesiones 2021-2022, mediante la Resolución Legislativa 002-2021-2022-CR, del 23 de octubre del 2021, bajo la gestión de la ex presidente del Congreso María del Carmen Alva Prieto. El siguiente periodo, que culminó el 26 de julio del 2023, no aprobó agenda legislativa, por tanto es probable que la nueva gestión haga lo mismo, o que ahora sí cumpla con proponer, debatir y aprobar una nueva agenda legislativa.
Hay que señalar que la Agenda Legislativa, en vigor, no contiene aspectos programados para las funciones de control político, seguimiento, fiscalización e investigación de las infracciones constitucionales y de los delitos de los más altos funcionarios del Gobierno. Tampoco tiene las funciones de representación, con programación previa y con indicadores. Es necesario que las relaciones con los poderes públicos, luego de tanta confrontación, sean previsibles y que figuren en la agenda legislativa, sin soslayar la Política General de Gobierno (DS 024-2023-PCM) y con tareas concretas. Además es ese el sentido lógico de la presentación del presidente de la República ante el Congreso el 28 de julio de cada año.
En consecuencia, aún está vigente la Resolución Legislativa 002-2021-2022-CR que solo prioriza 71 temas para la presentación, debate y aprobación de proyectos de ley, en el marco de los cuatro objetivos y las 34 políticas de Estado del Foro del Acuerdo Nacional. Por ejemplo, para el caso de la XIII Política de Estado, “acceso universal a los servicios de salud y seguridad social” en cumplimiento del objetivo de Equidad y Justicia Social del Foro del Acuerdo Nacional, la Agenda Legislativa ha priorizado 4 temas, reforma y modernización del sistema de salud, superación de la pandemia Covid-19, la situación de los profesionales de la salud, ley sobre la infraestructura de salud. Es evidente, que esta enumeración no es excluyente, porque la concepción de la salud, como resultante de la existencia social permite que cada uno de los 71 temas priorizados en la Agenda Legislativa tengan un impacto directo o indirecto en la salud. En ese sentido, se comprende el gran impacto del objetivo III “Competitividad del país” del Foro del Acuerdo Nacional, en la situación de la gestión de la salud en cada una de las regiones del Perú.
En esa línea, una contribución ha sido dada a conocer a fines del mes de junio del 2023, con la publicación del Índice Regional de Gestión Pública 2023 por parte del Consejo Privado de Competitividad (CPC) que propone una agenda para el crecimiento con “mejoras sustantivas” en la productividad con diagnósticos que permitan una articulación estratégica con los actores involucrados para “la formulación de políticas públicas y la generación de un plan de competitividad consensuado”. La importancia de esta publicación radica en que están comprometidos 17 grupos empresariales, de los más grandes del país, promovida por IPAE y por tanto, el diagnóstico permitirá involucrarlos en las soluciones para el desarrollo sostenido, mediante un proceso de articulación con otros sectores y beneficiarios bajo el liderazgo de cada uno de los tres niveles de gobierno.
El Índice Regional de Gestión Pública se ha construido con la evaluación del desempeño de 17 indicadores. Hay que señalar, que cada uno de estos 17 indicadores escogidos tiene un impacto directo en la salud, sin embargo, a pesar de eso, se han dividido en cuatro pilares, siendo uno de ellos, el de la salud, propiamente dicha, con solo 3 indicadores, como la cobertura de vacunas, anemia y cobertura del personal médico. Los otros tres pilares, son el primero, conectividad y acceso a servicios con seis indicadores relacionados a cobertura de agua, continuidad de la provisión del agua y la calidad bacteriológica del agua, así como, cobertura de desagüe, infraestructura vial pavimentada, departamental y vecinal, así como también, la no pavimentada. El segundo es la educación, que tiene tres indicadores, locales escolares con acceso a internet, con acceso a los servicios básicos y con todas las aulas en buen estado y, por último, clasificados como “Instituciones” están cinco indicadores relacionados con la capacidad de recaudación en municipios, atrasos en las inversiones regionales, así como, las del nivel local, criminalidad y homicidios. Como se aprecia, los cuatro pilares y los 17 indicadores escogidos, abordan aspectos que son determinantes económicos, sociales y culturales de la salud, por tanto, su intervención, como, por ejemplo, en la mejora de la cobertura de agua potable y del desagüe, son imprescindibles para el cuidado y fomento de la salud.
La sola creación del Índice Regional de Gestión Pública es un avance, pero la contribución es mayor debido a que a pesar de las diversas unidades de medida de cada indicador se ha implementado un proceso de normalización de datos, que ha permitido obtener resultados comparables. Este procedimiento ha permitido comparar los peores resultados (cero) con los mejores resultados (uno) y elaborar 3 grupos de regiones. El grupo 1, (Lima Metropolitana, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua e Ica) con un puntaje en Lima y Callao de 0.99. El grupo 2 con las regiones con puntaje intermedio, como Lambayeque con 0.71 y el grupo 3 con el desempeño más bajo, donde Huánuco, tiene el puntaje de 0.51. La visión del cuadro en su conjunto grafica la dinámica de los resultados de cada indicador en cada una de las regiones del país, y las necesidades de intervención hasta el año 2026. Por ejemplo, las 10 regiones con puntaje más alto se encuentran en la costa y los más bajos están en la selva, Loreto con 0.40 y la sierra, Puno, con 0.39. Otro aspecto para tomar en cuenta es que las coberturas de vacunación y la dotación de profesionales médicos depende del Ministerio de Salud (Minsa) y de las regiones, pero, en el caso de la anemia infantil, el ente rector, erróneamente, es el Ministerio de Inclusión Social (Midis), por tanto, debe coordinar y articular con el Minsa, los gobiernos regionales y locales.
El mensaje a la Nación de la presidente de la República y la nueva Agenda Legislativa del Congreso, deben implementar las medidas para optimizar la gestión pública y cerrar las brechas, fiscalizar las falencias u omisiones, corregir la burocratización y las interferencias en la entrega de los servicios públicos que impiden mejorar la calidad de vida. ¡Continuidad para asegurar el mediano y largo plazo!
