Cuatro líneas de acción ante el colapso sanitario de la región sureña
El 9 de junio del 2021, en conferencia de prensa, la presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Salud han anunciado “un paquete de medidas” para fortalecer la respuesta sanitaria en la Región Arequipa. La reacción del gobierno ha sido tardía, porque desde hace más de un mes esa región se encuentra en situación de colapso sanitario. Solo basta recordar la oposición a la realización del debate entre los dos candidatos presidenciales, que se realizó el 30 de mayo del 2021, debido al pico de la pandemia. El ministro de Salud, en ese entonces, declaró que el gobierno no tenía potestad para impedir que el debate se lleve a cabo en Arequipa, y que esos reclamos deberían ser dirigidos al Jurado Nacional de Elecciones; sin embargo, eso no era óbice para no dotar del apoyo que clamaban las autoridades y la población. Ha tenido que demostrarse la detección de la variante Delta (India B.1.617.2) del Covid-19 en una mujer del distrito Cerro Colorado para que el gobierno decida, por fin, intervenir en la región Arequipa. Ahora el gobierno se preocupa, incluso por la búsqueda de la variante en las regiones vecinas, y de establecer un cerco epidemiológico para impedir la difusión de esta variante. Aún no se han detectado más casos.
En ese sentido, el gobierno ha ofrecido cuatro líneas de acción. Primera: una mayor dotación de vacunas. Segunda: el incremento de las brigadas. Tercera: una transferencia financiera, por un lado, de S/ 3.60 millones para el contrato de personal profesional y técnico de salud para las brigadas; y por otro, S/ 9.06 millones para fortalecer la oferta de atenciones de salud y actividades sanitarias conexas. Es decir, de médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, digitadores, entre otros. Y la cuarta: la asistencia técnica para la instalación de dos isotanques de oxígeno, 196 concentradores, y la restitución de los Centros de Atención Temporal (CAT) que se instalaron durante el desarrollo de la primera ola. Además, ante el reclamo de la presencia de los altos funcionarios del gobierno, se ha decidido que acuda una misión dirigida por uno de los viceministros de Salud.
En relación con la estrategia para enfrentar la pandemia, el gobierno ha descartado la cuarentena y ha pasado a las provincias de Arequipa, Caravelí y Castilla al grado de riesgo extremo. Es decir, la inmovilización obligatoria (toque de queda) desde las 21 horas hasta las 4 a.m. y la reducción de los aforos al mínimo. La mayor dotación de vacunas, según el Minsa, implica 200,000 dosis adicionales. Esta medida ha tardado demasiado porque un mayor número de vacunados, en momentos en que la curva epidemiológica estaba en ascenso, se habría traducido en una disminución del pico de la ola y un menor número de muertos. Increíblemente parece que para el gobierno no es obvio que la aplicación de la vacuna, además de seguir la planificación por edades, debe también usarse para reforzar las intervenciones focalizadas en lugares donde existe un repunte de la ola pandémica. La rigidez burocrática y la programación estandarizada impide la adaptación flexible y cambiante de acuerdo con el curso de la pandemia. Tampoco es obvio, según parece, que no se señale la mecánica de la relación entre el gobierno nacional con el gobierno regional.
La desgracia ocurrida en Arequipa durante la primera ola, el lamento del expresidente Martín Vizcarra el 22 de julio del 2020 debido a la muerte del esposo de Celia Capira, recordada por seguir infructuosamente a la comitiva presidencial, así como la promulgación del Decreto de Urgencia 086-2020 “que dicta medidas extraordinarias para mitigar la crisis sanitaria en el departamento de Arequipa” no han servido para cambiar la situación, ni siquiera para la obtención de “lecciones aprendidas”. Una vez más se acusa al centralismo y a su desidia. El gobierno no ha resuelto adecuadamente su relación con las regiones. Los errores del proceso de descentralización de la Salud han complicado la relación entre los tres niveles de gobierno.
Durante la primera ola, mediante decreto de urgencia y en un arrebato de “creatividad”, “se intervino” a la región Arequipa. Se pasó por alto, por ejemplo, la Ley Orgánica de Bases de Descentralización (Ley 27783) y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley 27867), así como el Decreto Legislativo 1156 y sus modificatorias, “que garantiza el servicio de salud en los casos que existe un elevado riesgo y daño a la salud”, y la aplicación de la Ley 30895, “que fortalece la función rectora del Minsa”, de la Ley General de Salud (Ley 26842) y sus modificatorias, entre otras normas. Una vez más, se ha pasado por alto que la función salud es una competencia compartida entre los tres niveles de gobierno.
Aunque parezca increíble, el gobierno del expresidente Humala transfirió las funciones a las regiones, contrariamente al sentido común, que señala que aquello que se comparte no se transfiere. Sin embargo, esa transferencia “equivocada” era coherente con el modelo mercantilista del aseguramiento en salud, porque el Minsa debería cumplir solo la función de gobierno y de regulación; y el Seguro Integral de Salud debería convertirse solo en un gran comprador estratégico de prestaciones de salud. La pandemia ha hecho añicos ese modelo y a la ideología que la sustenta. ¡Arequipa demuestra que el cambio es imprescindible!
