Abuso de denuncias penales pone en riesgo el ejercicio de la medicina en el Perú
A partir del primero de enero del 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha reconocido en la “Clasificación Estadística Internacional y problemas de salud conexos”, más conocida como CIE-11, al síndrome de burnout o de desgaste profesional; o si se usa la traducción literal, “síndrome de estar quemado”. Es una buena medida porque permitirá conocer la magnitud del problema, sobre todo en momentos de la pandemia Covid-19. Ahora sólo falta que el Gobierno peruano implemente el llenado del CIE-11 en todos los establecimientos de salud del país y que los servicios de salud mental establezcan lineamientos claros de prevención y un adecuado control.
La escasez de profesionales médicos ha creado la necesidad del trabajo con doble turno, bajo las modalidades de “servicios complementarios”, y pronto, el doble empleo remunerado a cargo del Estado. En ese sentido, ya se ha modificado el artículo 40 de la Constitución Política para que los médicos, profesionales de la salud, técnicos y auxiliares, tengan ese derecho en situaciones de emergencia sanitaria. En la práctica trabajan 12 horas por día. Si bien es cierto, que, al inicio de la pandemia, incluso fue exigido por los propios servidores asistenciales de salud, luego de casi dos años, poco a poco, evitan esas modalidades de empleo. El agotamiento físico y mental, el estrés y la ansiedad se han hecho evidentes. No es poco frecuente el cambio del comportamiento y la irritabilidad con los pacientes y la desmotivación en el trabajo, además, de otras enfermedades, como aquellas enfermedades de origen neuroendocrino y crónico degenerativo. La OMS ha dado un paso importante, porque desde hace muchos años que se discute el rol de los estresores en la salud de las personas, sin embargo, había una barrera puesta por la necesidad de las cuantificaciones científicas para evidenciar la causa efecto. Es obvio, que es una enfermedad cuya causalidad social no es tan evidente, y, además, no en todas las personas ocurren los mismos fenómenos, porque están en función de la intensidad y la reiteración de los estresores, así como, la personalidad, el sexo, clase, origen étnico, entre otras diferencias.
La pandemia Covid-19 ha tensado las relaciones interpersonales, debido a la frustración por los desenlaces no deseados, falta de equipos de protección personal, exposición a riesgo de vida y también, falta de oferta de servicios para la población que acude a los establecimientos de salud. Por si fuera poco, las normas que se han aplicado a lo largo de la pandemia han sido cambiantes, a veces, incluso, reñidas con los conocimientos científicos y las creencias de los servidores de salud. El miedo a enfermarse es real, porque, según el Colegio Médico del Perú, hasta la fecha han fallecido 552 médicos y 8 están en las unidades de cuidados intensivos. Encima, las secuelas post Covid (Long Covid) afectan a cientos de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud.
Los funcionarios del gobierno, que pretenden hacer frente a la enorme demanda, ajustan a los servidores de salud y, por otro lado, la población, exige a los servidores más y mejor atención. Es decir, los servidores de salud se encuentran al centro de la tenaza de la que no es posible escapar. A tal punto ha sido la desesperación de los funcionarios, que ahora apelan a los médicos mayores y a aquellos que tienen comorbilidades, porque se producen cierres de áreas completas de algunos hospitales, porque los médicos han sido contagiados en masa. La controversia entre el gobierno y los profesionales va a eclosionar en cualquier momento. La falta de previsión en la “fase del silencio epidemiológico” ahora pasa la factura.
También, ha recrudecido el maltrato y la violencia contra los servidores de salud. No son pocos los casos de agravios, incluso de golpizas. Si bien es cierto, que se ha promulgado la Ley 31333 que califica como conducta agravante las lesiones contra un profesional de la salud, desde el 7 de agosto del 2020 en que está vigente, el Ministerio de Salud no la ha dado a conocer y menos la ha puesto en práctica. No hay afiches, pancartas u otros letreros en los establecimientos de salud, con la finalidad de disuadir y frenar las agresiones.
Los funcionarios de diversas instituciones promueven las denuncias contras los médicos, sean en las cotidianas quejas en los libros de reclamos, que luego, deben realizar descargos extensos, la mayoría de las veces por aspectos que dependen de la propia gestión hospitalaria, hasta quejas a Indecopi, a Susalud e incluso denuncias penales, porque la pandemia, ha afectado no solo a los pacientes con Covid-19, sino también a los que poseen otras enfermedades, que, debido a la escasez de recursos sanitarios, se agravan porque no son atendidos o se complican porque se les agrega el Covid-19.
El abuso de las denuncias penales ha puesto en riesgo el ejercicio de la profesión médica en el Perú. Ya es tiempo de que se despenalice el acto médico. Es una espada de Damocles que los médicos ejerzan su profesión con riesgo de ir a la cárcel. En ese sentido, hay proyectos en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República que deberían actualizarse y dictaminarse. Existe en la relación médico paciente una cultura punitiva, cuando la vía correcta debería ser la vía civil. En ese contexto, pocos son los que se animan a ejercer la profesión médica, con bajas remuneraciones, malas condiciones laborales y objeto de conflictos y denuncias. ¡Y claro, ahora burnout!
