La desinformación se combate con evidencias científicas
En el discurso por la graduación de la Promoción Bicentenario de la Escuela de Oficiales del Ejército, realizado el 16 de diciembre del 2021, el presidente Pedro Castillo ha señalado que ha superado el 72% de la población vacunada. Sin embargo, el Ministerio de Salud (Minsa) en el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) ha publicado que la población vacunada con dos dosis es de 85.8%. Además, el ministro de Salud ha precisado que la cobertura de vacunación para los servidores de salud es de 96% para la primera dosis, de 93% para la segunda y de 63% para el refuerzo o tercera dosis. Una vez más, las regiones rezagadas frente al promedio nacional son Loreto y Puno.
También el ministro de Salud ha anunciado que en la quincena de enero del 2022 se iniciará la vacunación para los menores de 5 a 11 años, con las vacunas del laboratorio Pfizer, y que para tal fin la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) ya ha otorgado el registro sanitario condicional, con vigencia de un año, renovable. Digemid ha señalado que la vacuna para menores es la misma que para adultos, aunque “con presentación y concentración distinta”. Es un frasco “multidosis”, que se debe diluir y “rinde” para 10 dosis. Además, que la población infantil estimada para recibir la vacuna es de 5.2 millones de menores de 5 a 11 años: por tanto, el gobierno adquirirá más de 10 millones de dosis.
El alto porcentaje de vacunación (85.8%) y el inicio de su aplicación en los menores de 5 a 11 años, demuestra que la población que se opone a la vacunación es ínfima, y, por tanto, la estrategia de la exigencia del carnet de vacunación es innecesaria y contraproducente. Es obvio que, como la gran mayoría de la población ya está vacunada, la renuencia al cumplimiento de esa exigencia, no está relacionada con la oposición a la vacuna, sino a los inconvenientes que se originan debido a los frecuentes controles. En ese sentido, se ha hecho común, la aglomeración y los reclamos frente a los locales públicos, centros comerciales, frente a los medios de transporte público e incluso en las puertas de las empresas. Un simple olvido, se ha convertido en una barrera para el ejercicio de los derechos ciudadanos. Las facilidades que ofrecen las aplicaciones informáticas e internet, y los aparatos telefónicos inteligentes, que ofrecen el carnet electrónico, son aprovechadas solo por los sectores poblacionales con capacidad de compra que habitan en las capitales de las provincias y en las ciudades. Eso no ocurre con los ciudadanos de las zonas amazónicas, rurales, alto andinas y dispersas, y aquella población de pobreza extrema. Encima, estas poblaciones, son las más rezagadas en el proceso de vacunación, debido a la estandarizada y homogénea estrategia de vacunación que han implementado las últimas gestiones del Minsa, que no se adaptaron a la diversidad y heterogeneidad del territorio y de la población. Es decir, una vez más, se discrimina a la población más pobre y vulnerable.
La estrategia alternativa a la obligatoriedad del carnet de vacunación es el enfoque comunitario, que brinda la Atención Primaria de Salud (APS), con el uso de la ciencia y la tecnología expresada en forma sencilla, con el trabajo de profesionales y con los líderes comunales, con la propia población, pero con pertinencia intercultural, con sus usos y costumbres hasta lograr su aceptación voluntaria e incluso su activa participación. Este proceso tendría como resultado no solo una alta adhesión de la población al proceso de vacunación, sino incluso, la creación de mecanismos sociales de autocontrol y vigilancia social. La compulsión desde el Estado, en una población fracturada socialmente, y segmentada económicamente y, además, con diversidad de etnias, genera diversas respuestas, desde el acatamiento solidario hasta el rechazo militante, en función de la historia y la experiencia de cada grupo social, comunidad o etnia. Una vez más, el gobierno apela a la coerción militar y policial, a las multas y a las sanciones.
En ese contexto, el 16 de diciembre del 2021, se han producido protestas en la región de Ica, que el diario la República ha titulado “antivacunas bloquean y queman llantas en Panamericana Sur (kilómetro 225) tras exigencia de carnet de vacunación”, por parte de las empresas agrícolas y, agrega que “agricultores se resisten a vacunarse por desinformación” porque “ya está demostrado que la vacunación reduce los casos graves y los fallecimientos”. Como respuesta, el Minsa ha promulgado la resolución ministerial 1302-2021/Minsa, que otorga un plazo adicional de 30 días a “los trabajadores del sector privado para que trabajen pese a no estar vacunados o no haber completado sus dosis”, periodo en que deberán vacunarse. Además, el Minsa remarca que “más del 80% de pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos no está vacunado contra el Covid-19”.
La desinformación se combate con evidencias científicas, más información e intervención intercultural y acceso sin discriminación a las vacunas. El gobierno debe mostrar el “meticuloso” proceso de seguimiento de la seguridad o de farmacovigilancia de la vacunación contra el Covid-19 que obliga la Ley 31091 y los resultados obtenidos. Es imprescindible que la población conozca el número de los “eventos supuestamente atribuidos a la vacunación” (ESAVI) y los “eventos adversos de especial interés” (AESI), para que tome decisiones informadas. Es obvio, que no está en discusión la importancia de la vacunación, sino, la naturaleza compulsiva que ha aplicado el gobierno para lograr ese objetivo.
