¿Debe el SIS convertirse en un Sistema de Seguridad Social?
Luego de la referencia al Seguro Integral de Salud (SIS) en el mensaje presidencial, se ha avivado el debate sobre la naturaleza jurídica del SIS, las funciones que debería cumplir y la incorporación de un incremento en la Ley de Presupuesto para el 2020. Además, en el marco de su naturaleza jurídica, si el SIS debe convertirse en un Sistema de Seguridad Social al amparo de los artículos 11 y 12 de la Constitución Política del Estado, o mantenerse como un fondo —llamado “de aseguramiento”— a cargo del Ministerio de Salud (Minsa) y dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La polémica, al margen de la semántica, entre Seguridad Social Universal y Aseguramiento Universal es de fondo. Son enfoques, objetivos y medios distintos y contradictorios. La Seguridad Social Universal es un derecho humano fundamental y es una doctrina basada en la solidaridad, en sus diversas modalidades, en cuyo marco el sector privado tiene un rol complementario. En cambio, el Aseguramiento Universal se reduce a fondos que se manejan con exclusividad bajo métodos y mecanismos de intermediación financiera privados.
La propuesta política del humalismo ha sido plasmar el aseguramiento en todo el Sistema Nacional de Salud. El Congreso de la República —en el año 2013 y mediante la Ley 30073, “que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia del fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud”— no autorizó intervenir a Essalud, que ha quedado como un Sistema de Seguridad Social. Al amparo de esta delegación de facultades se expidieron 23 decretos legislativos, denominados “paquete legislativo de la reforma de salud”. Los propulsores de este paquete legislativo son conocidos como “núcleo ejecutor” de la reforma humalista. La hoja de ruta del núcleo ejecutor, entregada a la Comisión de Transferencia del gobierno de PPK, persistía en introducir el aseguramiento en Essalud.
Sin embargo, la crisis en que sumió el aseguramiento a la sanidad policial, la cuantiosa deuda y corrupción del SIS y la conflictividad laboral y social, obligaron al nuevo gobierno a hacer caso omiso de la hoja de ruta humalista. Entre tanto, el Foro del Acuerdo Nacional, convocado el año 2015 para solucionar los conflictos, logró un documento de consenso: “Los objetivos de la reforma de salud”, en el que se excluye por completo la política del aseguramiento y se ratifica a la Seguridad Social en Salud y al rol complementario del sector privado.
En enero del 2017 se promulgó el Decreto Legislativo N° 1346, con la finalidad de mejorar el funcionamiento del Seguro Integral de Salud, que se encontraba sujeto a un proceso de reorganización por el mercantilismo y corrupción, producto de la política de aseguramiento. El sector privado retomó su función complementaria y se creó el Consejo Directivo del Seguro Integral de Salud, con la finalidad de avanzar hacia un Sistema de Seguridad Social. Sin embargo, la parte del Consejo Directivo no pasó el control constitucional a que están sujetos los decretos legislativos, y fue derogada por el Congreso de la República, con el argumento que por decreto legislativo no se pueden crear Consejos Directivos. El fortalecimiento del SIS ha quedado pendiente y a la espera de que el Congreso de la República lo ratifique a través de una Ley.
El SIS convertido en un Sistema de Seguridad Social podría contribuir por lo menos con un planteamiento del Consejo Privado de Competitividad (CPC). Es decir, “permitir que el Seguro Integral de Salud sea una opción para el trabajador formal, con el debido aporte de la empresa”. Sin embargo, si se mantiene como un fondo de aseguramiento, esa posibilidad sería inviable y su contribución en el mejoramiento de la competitividad sería nula. Además, configuraría un engaño más para los servidores. Luego de la propuesta presidencial de retornar al aseguramiento humalista, esa ruta está bloqueada. No es atractivo pagar para afiliarse a un seguro que para la gran mayoría es gratuito, y que además tiene enfermedades y daños no cubiertos (excluidos), enormes listas de espera y que se encuentra desfinanciado. La única opción para una real formalización laboral es EsSalud.
El núcleo ejecutor de la reforma humalista tiene presencia en la Presidencia del Consejo de Ministros, en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y en el Ministerio de Salud. Ha desempolvado la hoja de ruta y prepara el camino para insistir con la propuesta de aseguramiento en Essalud, que fuera negada por el Congreso de la República el año 2013. La estrategia de desinformación ya es conocida: resaltar que Seguridad Social y Aseguramiento es lo mismo, que la intermediación financiera privada del Aseguramiento es un derecho humano y que mejorará la eficacia y la eficiencia de EsSalud y del sector Salud.
Sin embargo, el aseguramiento humalista ha significado una burocratización desmedida, corrupción, mercantilismo, enormes deudas y quiebra institucional. Los indicadores sanitarios se desplomaron, los pacientes y los servidores han sido víctimas. No hay que reiterar fracasos. ¡Fortalezcamos la Seguridad Social Universal en Salud!