La inusitada violencia de las organizaciones de transportistas
La semana pasada ha sido rica en eventos políticos. Empezó el lunes 28 de marzo del 2022 con la falta de votos necesarios en el Congreso de la República para vacar al presidente de la República. Continuó el jueves 31 de marzo en el Congreso, con la aprobación de la censura del ministro de Salud. Y concluyó con una inusitada violencia y convulsión social de diversas organizaciones de transportistas y del sector agrario a nivel nacional; pero sobre todo, en la región Junín, sede oficial del partido de gobierno.
Si bien es cierto que el primero de abril era ya el quinto día del paro de los transportistas, ganaderos y agricultores, entre otros, fue cuando la ciudadanía salió a las calles en la ciudad de Huancayo, capital de la región Junín, en movilizaciones sociales con extrema violencia, que se produjeron serios enfrentamientos con la policía, acompañados de saqueos de los centros comerciales e incluso, un intento de tomar el aeropuerto de la región Junín. Además fueron bloqueadas las carreteras de cinco regiones.
Las negociaciones del Gobierno, producidas en medio del tumulto y la protesta, con la mediación del Cardenal de la Iglesia Católica de Huancayo, concluyó con una tregua de cinco días que otorgaba un sector de transportistas que firmaron el acta, con el compromiso del Gobierno de exonerar el impuesto selectivo al consumo de los combustibles que se utilizan en el transporte de mercancías o pasajeros. Sin embargo, los agricultores se retiraron del diálogo y, por tanto, no firmaron el acta. Además el Gobierno planteó la exoneración del impuesto general a las ventas para algunos bienes para la alimentación, así como el incremento de la remuneración mínima vital, de S/ 850 a S/ 1025.
A pesar de las ofertas gubernamentales, las protestas se han extendido a otros medios de transporte, como los gremios de taxis y de colectivos, entre otros, así como a otras regiones: Piura, Chiclayo, La Libertad, San Martín, Cusco, Arequipa, Ica, y otras, además de los trabajadores agrarios que bloquearon diversos tramos de la carretera Panamericana del sur. En ese contexto lamentable, se han producido cinco fallecimientos en eventos relacionados a las protestas. Ligada a estos decesos, ha sido inexcusable y agraviante la frase del ministro de Defensa, que remarcó que los fallecidos “son cuatro, nada más”.
Algunos de los acuerdos a que se ha comprometido el Gobierno requieren leyes que debe aprobar el Congreso de la República. En ese sentido, parecía sensato que ambos poderes del Estado, a pesar de sus discrepancias, colaboren para resolver la crisis y la convulsión social. Sin embargo, a pesar de haberse convocado a una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso para la tarde del lunes 4 de abril del 2022, los ministros citados no acudieron, pero intervinieron en mediante videoconferencias cuya consecuencia ha sido restarle importancia al Congreso en la solución de la crisis, y también a su capacidad de manejar insumos técnicos para debatir y aprobar las leyes necesarias para que el Ejecutivo cumpla con las actas firmadas.
El gobierno ha mostrado una serie de falencias en el proceso de negociación que, en lugar de llegar a acuerdos rápidos y sensatos, ha aumentado la protesta y la crisis social. En ese contexto atizaron las protestas los infortunados ataques del presidente contra los dirigentes, a quienes acusó de recibir dinero para bloquear las carreteras. Y las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, que aconsejaba que debido al alza de los precios se coma pescado, en lugar del pollo que se ha encarecido. El presidente ha tenido que pedir disculpas y, por tanto, ha perdido fortaleza como autoridad. Además, los ministros entraron a la negociación en medio del tumulto, sin conocer con exactitud quiénes eran los interlocutores ni el nivel de representación de los “dirigentes” y su capacidad para tomar acuerdos. Además acusaron la existencia de infiltrados, sin aclarar su origen ni sus motivaciones. Y dijeron que si los gremios no acataban los “acuerdos”, serían tratados como “desestabilizadores”. Es decir, para el gobierno de nada valen la organización y las jerarquías al interior de los gremios. La continuación y la agudización de las protestas expresan también ese malestar.
Las protestas y la convulsión social han demostrado que las instituciones del Estado, hasta la fecha, han sido incapaces de resolver los problemas de la población. La polarización entre el Congreso y el Poder Ejecutivo ha soslayado las necesidades y la opinión de la gente. Es decir, la disyuntiva entre el cierre del Congreso y la vacancia presidencial ha obviado el descontento social. La paradoja política es que el Congreso no ha actuado en sintonía con la población y, por tanto, existe la sensación que los pobladores deben resolver los problemas por sus “propios medios”.
En ese sentido, luego de haberse conocido que han fallecido cinco personas en eventos relacionados a las protestas, ha sido oportuno el comunicado del 4 de abril del 2022 de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del acéfalo Ministerio de Salud, que “recomienda” a todos “los establecimientos de salud a nivel nacional a adecuar las acciones de previsión básicas correspondientes” para atender a las personas que participan “directa o indirectamente” en las manifestaciones sociales. También recuerda que se ha declarado alerta roja en los establecimientos de salud, sean fijos o móviles, para atender los efectos del Covid-19.
El contexto de convulsión y crisis social obliga a la intervención del sector Salud, al margen de las controversias, de la confrontación polarizada y la politización. En ese sentido, el Minsa debe acudir a los mecanismos de comunicación social para que las partes en conflicto den las facilidades para que los servidores de salud desempeñen sus funciones y salven vidas.
