Cuatro observaciones al reciente sinceramiento de cifras
Con el informe “Criterios técnicos para actualizar la cifra de fallecidos por Covid-19 en el Perú”, y con la Resolución Suprema 122-2021-PCM del 31 de mayo del 2021, se da conformidad al trabajo realizado por el Grupo Temporal de Trabajo (GTT) y se reconoce a cada uno de sus miembros por “la importante labor desarrollada”. Es decir, el reconocimiento fue otorgado de manera inmediata, aun cuando el informe no había sido publicitado. La rápida conformidad de la presidente del Consejo de ministros demuestra su alivio, porque le ofrece nuevas herramientas para enfrentar a la Comisión Investigadora creada en el Congreso de la República, que ya está próxima a emitir su informe. La aplicación de los criterios técnicos para el conteo del número de fallecidos hasta el 22 de mayo arrojaba la cifra de 180,764; en la primera ola se registraron 89,884 fallecidos, mientras que en lo que va de la segunda 90,880. Es necesario resaltar que la cifra, por un lado, tres veces más que la que reconocía el Ministerio de Salud (Minsa) hasta la víspera; y por otro lado, que la segunda ola –que se inició el 1 diciembre del 2020 y que aún no acaba–, registra más muertos que la primera ola (que empezó en marzo y concluyó el 30 de noviembre del 2020).
La primera observación al informe es que resalta la excusa del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Minsa) en la medición real de muertos. En ese contexto, según el informe, “desde mayo del 2020 existía una metodología desarrollada por científicos del CDC-Minsa” para vincular “los sistemas de información Netlab, Sicovi-19, Sinadef y Noticovid” que hubiese permitido medir la cifra real de fallecidos. El informe no abunda en detalles, pero señala que “corresponderá a las autoridades esclarecer dicha situación”. Sin embargo, el informe no aclara si la metodología que se ha aplicado para hallar la cifra “real” de fallecidos es la misma que propuso el CDC-Minsa en esa oportunidad. La excusa, en búsqueda de atenuantes para el CDC-Minsa, solo traduce la falta de liderazgo del ministro de Salud y de la Alta Dirección, y justifica la necesidad de recurrir a la autoridad de la Presidencia del Consejo de Ministros.
La segunda observación es la injustificada fragmentación en los canales de información, entre dos compartimentos estanco: el Sistema Noti a cargo del CDC-Minsa, que es un órgano desconcentrado del Viceministerio de Salud Pública; y el Sinadef, a cargo de la Oficina General de Tecnologías de la Información de la Secretaría General del Minsa (OGTI-Minsa). Como se puede apreciar, ambos compartimentos burocráticos están al interior del propio Minsa. Grave es también, que el CDC-Minsa no haya cumplido el Reglamento de Organización y Funciones del Minsa, DS 008 y 011-2017-Minsa que en el artículo 120 inciso c) señala “desarrollar y conducir el sistema de inteligencia sanitaria, articulando los diferentes sistemas de información y planificación sanitaria; así como formular, promover y monitorear el adecuado uso de herramientas, instrumentos y metodologías para su funcionamiento”. Además, aunque parezca increíble, existen dos sistemas de información adicionales, que también funcionan en paralelo: Netlab, a cargo del Instituto Nacional de Salud (INS) para registrar solo las pruebas moleculares; y Siscovid, a cargo de la OGTI-Minsa, para registrar las pruebas serológicas y de antígeno.
La tercera observación es que el informe no establece un sistema idóneo para el registro de fallecidos por Covid-19. Como se puede apreciar, la tarea del Grupo de Trabajo Temporal (GTT) solo ha sido la de vincular los informes paralelos y cruzar la información para luego obtener una cifra. No se ha investigado a las fuentes y tampoco se ha realizado una auditoría de los datos recibidos. Además, el informe señala que los datos del sistema Noti del CDC-Minsa provienen de los certificados de defunción, de las historias clínicas e informes médicos, de los resultados de los exámenes de laboratorio e imágenes, de los informes de las brigadas de recojo de cadáveres, y de las visitas domiciliarias. Es decir, cómo si solo fuese un problema de reporte de fallecidos, y no también uno de registro.
La cuarta observación es que “los criterios técnicos propuestos” se refieren a siete “criterios” de datos, pero solo a dos fuentes de información: Sinadef y Noti. Es decir, son los mismos criterios que utilizan los médicos para emitir el certificado de defunción, que es el único documento que acredita la muerte, y que son remitidos al Sinadef y a la Reniec. Sin embargo, los resultados finales muestran una controversia porque, según el informe, hay 15,152 fallecidos que no tienen certificado de defunción. En consecuencia, la Reniec aún los registra como vivos.
Los cuestionamientos a las decisiones de los gobiernos de Vizcarra y Sagasti no han sido absueltos, porque el informe ha demostrado que ha habido desinformación y han escondido cifras. En consecuencia, y no podía ser de otra manera, el Minsa ha promulgado al RM 689-2021/Minsa para investigar “los hechos relacionados con la falta de actualización del registro de defunciones por Covid-19” por un plazo de 15 días. Otra vez, el Minsa reduce el campo de investigación porque pasa por alto el reporte de los fallecidos y se aboca solo al registro de estos. Increíblemente, encubre la decisión política que implica el reporte oficial. ¡Alto a la desinformación y a la impunidad!
