Cuando se tiene que decidir entre la vida y la muerte
El contexto de la pandemia es propicio para que afloren las reflexiones morales, de diversas vertientes; desde las religiosas y apocalípticas, hasta las utilitaristas y consecuencialistas, como la bioética. Por ello es necesario hacer un pequeño análisis de las palabras y los hechos de las personas encumbradas en altas posiciones en la toma de decisiones de gobierno. Es obvio que las reflexiones éticas de estos actores tienen impacto en la vida, la salud, la cultura, la economía, la ecología y la cosmovisión, entre otros aspectos, de los habitantes de nuestro país.
La primera cuestión que es tomada como incuestionable es la finitud de recursos. Es decir, como los mismos funcionarios plantean en un hipotético ejemplo: cinco ventiladores con camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) para 100 personas que esperan por ellos. El caso de la Región Loreto, aunque no es el único, es el ejemplo más claro de esta aseveración. Los recursos, cinco ventiladores, son insuficientes para atender a 100 personas. Hay exceso de pacientes. Y parece lógico, elaborar un mecanismo impersonal de selección de los cinco afortunados usuarios, que probablemente sobrevivirán, y dejar sin atención a 95 personas, sin el más mínimo remordimiento, porque también se crean mecanismos psicológicos de dilución de responsabilidades.
Esta hipótesis es el fundamento de las teorías maltusianas, de las teorías de selección y segregación racial, de las teorías eugenésicas, de la exclusión y marginación social, y otras similares aún vigentes en las llamadas sociedades libres. El desarrollo de la ciencia y la tecnología ha demostrado que los recursos son infinitos. La información y la producción material es infinita. Las relaciones entre los hombres determinan y crean la finitud. Los ejemplos más claros son lo del oxígeno y de Internet.
Además, en el contexto del ejemplo, la pregunta sería ¿por qué hay solo cinco ventiladores? ¿Acaso no ha habido negligencia en la preparación de los suministros? ¿Es moral y ético poner en riesgo de muerte a la población por la negligencia o por el frío cálculo de los gestores? ¿No merecen ser imputados aquellos gestores que, durante años, han aplicado la finitud de recursos al sector público de salud, a pesar del dispendio en otras áreas y sectores, y de la existencia de la corrupción? ¿Se puede pasar por alto la respuesta a estas preguntas, a través del tamizaje de la ética? Es obvio que no. Sin embargo, la bioética que es una corriente ética utilitarista, brinda los mecanismos “filosóficos” justificadores de la exclusión y de las muertes evitables. Además, los “comités de bioética” se crean para diluir, en los hechos, el cargo de conciencia que ocasiona la pasividad ante muertes evitables, tal como ocurre con el pelotón de fusilamiento.
La segunda cuestión, es si el Estado –a través del Gobierno, del sistema de salud y de los funcionarios a cargo de las direcciones de gestión hospitalaria– puede reemplazar a la naturaleza, según el proceso de selección natural propuesto por Darwin. La alteración del proceso de selección natural, según criterios utilitarios, ya no intenta salvar de la muerte al más fuerte frente a la enfermedad, como lo hace la naturaleza, sino al más útil para la sociedad.
La tercera cuestión es la transformación de la vida humana en un instrumento para el bien. Es decir, cuán útil es la vida para la sociedad.
La cuarta cuestión es si existe un contrato “tácito” entre los administradores y los médicos u otros servidores de salud, así como con la población que se encuentra en la lista de espera. La existencia de este contrato, como es tácito, es desconocida por el público. El tenor del contrato “tácito”, como es obvio, será indicado bajo las pautas éticas, morales y jurídicas propias de los funcionarios de la burocracia estatal. El ciudadano, “la población en lista de espera” solo debe acatar. No está en condiciones siquiera de presentar una contrapropuesta. Es decir, los funcionarios solo deben honrar y proteger la vida de aquellas personas de la lista de espera que alcancen cupos, según criterios prestablecidos. No se puede violar ese contrato, aunque cueste vidas. El contrato tácito implica reconocer que existe la “muerte evitable premeditada”.
La quinta cuestión, es cómo se organiza el procedimiento ético que opera esta selección artificial y burocrática. Hacer el mayor bien sería el principio rector máximo de esta forma de organización. Se deja de lado los principios de “no hacer daño” y de la justicia, porque son vistos como derechos mínimos. Además, también se excluye el principio de “la autonomía” del ciudadano porque sería innecesario. Es obvio que el ideal máximo de hacer el bien es el principio de beneficencia desde la óptica de los burócratas. Esa ha sido la mirada que los países civilizados y “desarrollados” usaron para justificar su intervención colonial sobre las culturas “salvajes”. Por su bien, se destruyeron culturas, conocimientos, creencias místicas y religiosas. Se destruyeron los usos y costumbres de los pueblos sojuzgados.
En estas cinco cuestiones se resume aquello que la población percibe como indolencia. Los gobernantes parecen curtidos frente al dolor humano, y han pasado por alto que la vida es un fin en sí mismo. Es urgente recordar que el primer principio de la ética es no hacer daño a la vida, por acción u omisión. Y que la “muerte evitable premeditada” resulta reprobable.
