Aborda solo las consecuencias hospitalarias de la epidemia, y no sus causas
El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Perú) del Ministerio de Salud (Minsa) ha emitido la Alerta Epidemiológica AE-CDC-013-2023, del 12 de mayo del 2023, titulada “Epidemia de dengue en el país”, con la finalidad de “intensificar las medidas de intervención integradas que contribuyan al control de la epidemia”. Las cifras que aporta hasta el 6 de abril del 2023 (SE 18) son de las más altas que se tenga conocimiento en el Perú, ya que implicaN un incremento de 111.1% frente al 2022 y 88.7% más que el 2017, que es conocido como el año en que se produjo la mayor epidemia de dengue y en el que ocurrió el fenómeno de El Niño costero.
Hay 72,163 casos confirmados y probables de dengue, con un “promedio de 4,009 casos por semana, y con una notificación de 79 muertes (63 confirmadas por laboratorio y 16 en investigación)”. Esto es un hecho sin precedentes, más aún cuando se ha ampliado la presencia de la epidemia a 20 de las 25 regiones que tiene el Perú. La situación actual de la epidemia contrasta con la de la Alerta Epidemiológica AE-003-2023 del 8 de febrero del 2023, cuyas cifras fueron de 9,728 casos, que ya representaba un incremento de 82.71% frente al mismo periodo del año 2022. Entre ambas alertas ha ocurrido el fenómeno conocido como Yaku, expresado por cambios en el clima con incremento de la temperatura y abundantes lluvias. De manera similar a El Niño costero del año 2017, era previsible que ocurriera un incremento de casos de dengue. En ese sentido, no han sido suficientes ni adecuadas las acciones del Gobierno para enfrentar la epidemia de dengue, más aún cuando se hicieron las críticas constructivas correspondientes al plan de respuesta planteado por el Minsa en esa circunstancia.
La transferencia de S/ 16.3 millones mediante el Decreto Supremo 002-2023-SA del 23 de febrero del 2023 para ejecutar el Plan de Emergencia, en ese entonces para 13 regiones y 59 distritos, no ha tenido una ejecución costo-efectiva. Ahora el Plan de Acción abarca 19 departamentos y el Callao, y 222 distritos, y tiene un financiamiento que asciende a S/ 34.01 millones, con una meta de 50,000 casos de probables o confirmados de dengue atendidos y la creación de 294 comités comunitarios, comités de vigilancia comunitaria (“o las que hagan sus veces”) capacitados además de una serie de metas que ya han sido sobrepasadas por la realidad. Por ejemplo, con la existencia de más de 72,000 casos de dengue probables y confirmados.
En ese sentido, la Alerta Epidemiológica 003-2023 de febrero del 2023, tenía la falencia de haber omitido el enfoque comunitario; es decir, la articulación Estado-Estado y Estado-Sociedad con la más amplia participación social. La nueva Alerta Epidemiológica AE-CDC-013-2023 del 12 de mayo del 2023 corrige parcialmente esa omisión al señalar cinco puntos útiles dentro de la promoción de la salud; pero aún es insuficiente e incompleta, porque no se precisan los actores, la estrategia, las actividades ni las metas. No basta “hacer incidencia” para que las autoridades municipales programen el presupuesto del producto familia (PP017 metaxénicas y zoonosis) o que se “monitoree” la ejecución de su gasto, o que se “impulse” compromisos multisectoriales.
Los gobiernos municipales y regionales según sus leyes orgánicas tienen competencias compartidas en salud, y, por tanto, el Minsa como ente rector debe ejercer su potestad sancionadora para que los funcionarios a cargo cumplan sus funciones. La costumbre es que luego de la declaratoria de emergencia exigen que el Gobierno nacional les transfiera fondos para que realicen aquello que ya deberían haber presupuestado, porque algunas de las epidemias, como el dengue, ya son recurrentes en nuestro país. Esas transferencias financieras son un incentivo “perverso” para que los gobiernos subnacionales no cumplan sus funciones frente a las epidemias. De distinta naturaleza serían aquellas transferencias a los gobiernos regionales y locales como consecuencia de haber sido sobrepasados en sus capacidades presupuestales.
Es indispensable, la capacitación de los “actores sociales”, la promoción de los comités de vigilancia comunitaria y la orientación de las familias para enfrentar el dengue; sin embargo, resulta insuficiente. La participación y la movilización social en campañas de “recojo y eliminación de criaderos, campañas educativas, entre otros, son útiles pero no bastan. En ese sentido, el Plan del Minsa es incompleto y reitera los errores cometidos antes y durante la pandemia Covid-19. Dentro de los seis puntos del Plan de Acción contra el Dengue, uno está referido a la participación social y es incompleto, y los otros cinco se refieren al reforzamiento de las actividades a partir y dentro de los establecimientos de salud. Como se puede apreciar, hay “algo” del enfoque comunitario, pero dista de convertirse en una estrategia misional en la lucha contra la epidemia.
Otro aspecto que el nuevo Plan de Acción contra el dengue no corrige es la falencia en la gestión de la salud pública detectada por la Alerta Epidemiológica AE-003-2023 del 8 de febrero del 2023, debido al cambio de autoridades luego del proceso electoral, y, por tanto, el indispensable “proceso de inducción” o “capacitación” en epidemias y salud pública de los nuevos funcionarios que recién han asumido sus cargos en enero del 2023. Tampoco existe referencia alguna al Sistema Nacional de Salud, al Consejo Nacional, ni a los Consejos Regionales y locales de salud. Como se sabe, una epidemia es un hecho político, económico, social y cultural, en consecuencia, las intervenciones decisivas son aquellas que modifican estas condiciones determinantes de la salud. Todos los sectores del Gobierno, las autoridades regionales y locales deberían atenerse a las indicaciones técnicas del Minsa, como ente rector en salud, pero estas no existen. Los planes ofrecidos por el Minsa son solo para el interior de su sector. Son para tratar las consecuencias hospitalarias de la epidemia del dengue y no sus causas.
Además el modelo del aseguramiento mercantilista vigente en que está organizado el Sistema Nacional de Salud del Perú se enfoca en la salud como bien privado, por tanto prioriza los aspectos curativos y recuperativos y promueve la compraventa de servicios médicos a través de seguros públicos o privados. En ese sentido, soslaya la Atención Primaria de Salud (APS), la medicina preventiva y la promoción de la salud que son bienes públicos esenciales para prevenir las epidemias o controlarlas. ¡Las falencias cuestan vidas!
