Afectados requieren la reparación completa de los daños y una indemnización
Según Latina Noticias, el 13 de junio del 2022 “un camión cargado con cerca de 40 toneladas de zinc cayó al río Chillón, en la zona de Cullhuay, provincia de Canta, provocando una grave contaminación y perjudicando a los agricultores y criadores de trucha”. Según el reportaje, un poblador alertó sobre el color del agua del río, que de cristalina se había transformado en gris y se lamentó de ver “cómo mueren las truchas”. En ese sentido, la Municipalidad de Carabayllo señaló que “realiza el seguimiento para revertir el grado de afectación”, alertó sobre la contaminación e instó a los agricultores a tomar sus previsiones. También la Municipalidad de Comas informó que “tras el derrame de zinc en el río Chillón, ha cerrado las compuertas de las bocatomas. Por otra parte, Sedapal señaló que, “en coordinación con la planta de tratamiento de agua potable Chillón, se informó que el derrame de zinc no afecta la producción de agua, ya que la población de los distritos de Lima Norte se abastece en esta época del año de pozos de agua, debido al tiempo de estiaje”.
En contraste, el ministro del sector Ambiente señaló que el derrame “afecta evidentemente al recurso hídrico y puede causar daños a los peces que viven en esta cuenca. La OEFA ya tomó las muestras del agua para hacer un análisis completo, mientras que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tiene que fiscalizar y multar a la empresa que ha causado el problema y además espera recibir un informe sobre el vehículo infractor, porque el reglamento para transporte de sustancias peligrosas es bastante estricto”. Por último, señaló que “para los seres humanos no hay riesgo, pero para los peces puede causar problemas”.
Esta apreciación del ministro del Ambiente ha generado controversia y ha afectado la sensibilidad de la población, debido a que, por un lado, afirma que la OEFA ha tomado las muestras, pero aún no ha ofrecido los resultados de estas; en consecuencia, aún no se sabe el grado de contaminación del agua y del suelo. Por otro lado, a pesar de que el zinc es esencial para la salud humana, los niveles altos pueden causar daños y enfermedades. Entre estos están desde la pérdida del apetito, del sabor y de la sensibilidad hasta úlceras gástricas, anemia, afectación del páncreas, desórdenes respiratorios y arteriosclerosis.
En este acápite, la presencia del ministro de Salud, incluso, de los más altos funcionarios de su sector, debería haber sido relevante y aclaratoria. También, el ministro del Ambiente ha soslayado el impacto del derrame en los suelos, en el ganado, en la acidez del agua, así como la importancia del ciclo en la naturaleza del zinc. En ese contexto, el diario La República ha señalado que se han contaminado las fosas de crianza y que “los criadores de trucha han reportado pérdidas de hasta 35,000 peces”. Además, que la comunidad de Cullhuay de Canta es ganadera, y los animales se han visto obligados a tomar el agua contaminada”. Por tanto, solicitan “la intervención de los ministerios de los sectores de Ambiente, de Agricultura y de la Producción”.
Es obvio que los afectados requieran la reparación completa de los daños, su indemnización y las sanciones correspondientes. Sin embargo, la minimización de los daños que ha hecho el ministro del Ambiente ha generado desconfianza porque existe el riesgo de que los implicados no cumplan con sus obligaciones. Al contrario, la población espera que todas las entidades del Estado cumplan su función y emitan sus informes, sin que haya adelanto de opinión.
Ha hecho bien, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en señalar que el camión accidentado pertenece a una empresa “que tenía el permiso en regla para transitar por las vías nacionales y que posee un “seguro contra accidentes y certificado de inspección técnica vehicular vigente”. Sin embargo, esa información no es suficiente. Hay algunos aspectos de detalle que aún deben investigarse. Asimismo, es necesario verificar el cumplimiento de la remediación ambiental porque, según la misma fuente, la empresa remediadora ha recogido solo cinco toneladas de zinc.
Como se sabe, las dificultades para los ciudadanos estriban en que existen muchas entidades responsables en el proceso de supervisión, investigación y fiscalización; por tanto, se convierten en “ciudadanos atormentados”, porque no comprenden la magnitud del daño. Y por otro lado, tampoco, los alcances de la remediación y el monto de la indemnización. Es probable que la población recurra a los alcaldes, a los establecimientos de salud del gobierno regional, al Ministerio de Salud (Minsa) y sus órganos competentes, a los funcionarios del ministerio de Agricultura (Midagri), a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la Fiscalía Ambiental, al Ministerio del Ambiente, a Produce, entre otros. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo, debería cumplir un rol de cursor de las demandas y necesidades de las comunidades afectadas, especialmente luego de las desatinadas expresiones del ministro del Ambiente.
La anécdota otra vez la puso el ministro del Ambiente, al declarar que “las normas legales heredadas por el actual gobierno imposibilitan al Estado ejecutar acciones inmediatas en este tipo de situaciones”. A ello añadió que se necesita “hacer un nuevo Perú, que no dependa solamente de minería ni de la exportación primaria de sus recursos”. Esta declaración tiene la intención de eludir la responsabilidad del gobierno por su inacción y, lo que es más grave, lapida los derechos de la gente. No menos importante es su revelación como actor anti minero. Parece que es ajena al gobierno la gestión de riesgos inherente a todas las actividades humanas, incluidos el transporte y la minería. ¡No más ciudadanos atormentados!
