Un giro ideológico desde la izquierda hacia la centroderecha
El 15 de julio del 2020 ha juramentado un nuevo Gabinete ministerial. La novedad es el regreso de Pedro Cateriano quien, en modo coincidente, también ha sido el primer ministro del cierre del Gobierno de Ollanta Humala. Se ha producido un giro geográfico al interior del Gobierno, porque abandona Moquegua para instalarse en Lima Metropolitana. Es un cambio de personas y de funcionarios que han acompañado al presidente desde el Gobierno Regional de Moquegua hasta el Gobierno nacional. También es un giro ideológico desde la izquierda hacia la centroderecha, como se ha podido comprobar por los nuevos ministros designados en el nuevo Gabinete.
El Gobierno requiere mejorar su relación con el Congreso de la República, sobre todo luego de su pérdida de liderazgo en el proceso de reforma política. Necesita dejar de observar tantas autógrafas (proyectos de leyes) aprobadas por el parlamento y que le han generado confrontación no solo con el propio Congreso, sino también con la población. El Gobierno debe dar un giro desde la confrontación hacia la colaboración. Se hace necesario retomar el principio de colaboración de los poderes del Estado. Además tiene que desactivar las siete interpelaciones a ministros que están en trámite en el Congreso y retomar el liderazgo en la agenda del país.
El Congreso de la República tiene una composición dispersa, debido a que todos los grupos políticos son minoritarios. No hay una mayoría, ni siquiera por alianza, y en consecuencia, cada punto de la agenda, para ser aprobado, configura una mayoría coyuntural solo para ese punto. Además, están en carrera electoral y, como es natural, la primera preocupación –en la que todos están de acuerdo– es que el proceso electoral sea conducido por un Gobierno neutral, en forma limpia y transparente. La respuesta del Gobierno es la designación de Pedro Cateriano, debido a que ya ha sido premier durante el proceso electoral del año 2016.
También necesita el Gobierno salir del fiasco de la amenaza de expropiación de las clínicas privadas. El mensaje debe ser claro porque la relación entre el Gobierno y el modelo de economía social de mercado está fisurada. El costo político de esa propuesta de expropiación no se ha visto cubierto por los beneficios. El Gobierno, a pesar de la amenaza y del tiempo transcurrido, aún no ha podido establecer una relación fluida de pacientes entre los hospitales públicos y las clínicas privadas (o viceversa).
Además, el Gobierno enfrenta serios problemas de credibilidad en su lucha contra la pandemia; y también en los procesos de reactivación económica y de las elecciones generales 2022. Las reformas planteadas por el Ejecutivo generan inestabilidad y controversia: la reforma del sistema de pensiones, la reforma laboral, la reforma de la salud, la reforma de las instituciones del Estado, entre otras. El famoso término “nueva convivencia” sugiere una reorganización total del Estado, que incluye reformas constitucionales profundas para la época pospandemia. Es decir, en plena pandemia parece existir una agenda paralela para reformar al Estado, al Gobierno y a las relaciones con las empresas y los ciudadanos. Al contrario, un Gabinete de cierre de un periodo gubernamental debería infundir calma, tranquilidad y predictibilidad.
Otro tema pendiente para el Gobierno es resolver la fractura que existe entre las decisiones estratégicas y las acciones operativas en los ministerios. La población ha tomado nota de que muchas de las promesas que ha realizado el presidente, en sus diversas conferencias de prensa, no se han cumplido. Es necesario recomponer y potenciar la gestión operativa del Gobierno. Pero antes debe reencausar las prioridades nacionales y consensuar una agenda para el país, acorde con la nueva realidad política, surgida del pasado proceso electoral complementario y de las nuevas fuerzas políticas que competirán en las próximas elecciones generales del 2021.
El Gobierno debe dar mensajes claros y simples en los aspectos más importantes y mantenerlos en el tiempo. Evitar los vaivenes, las contramarchas, las indecisiones que han acompañado a la gestión gubernamental, sobre todo durante la pandemia. Sopesar los decretos de urgencia, acotados con pulcritud al mandato constitucional, y no usarlos en sentido tan amplio que parecen convertirse en pretexto para legislar, basados en el hecho de que, la mayoría de las veces, las normas contienen materia económica y presupuestal. Eliminar la creencia que tiene la población de que existe una competencia entre los poderes Legislativo y Ejecutivo por demostrar quien legisla más y mejor a favor del pueblo.
El nuevo Gabinete debe enfrentar la existencia de exceso de comisiones, comités, grupos de trabajo permanentes y temporales, grupos de asesores y consultores, que generan redundancia, gastos innecesarios y pérdida de tiempo; pero sobre todo, incoherencia en la gestión gubernamental. Desarmar el Gobierno paralelo que con el pretexto de la lucha contra la pandemia se ha erigido con una nueva burocracia, con legislación de emergencia y escaso control.
Las expectativas y la oportunidad de cambio del Gabinete ministerial son adecuadas y coinciden con un momento crucial para la sobrevivencia de la República. Las expectativas son grandes y los retos también.
