Se recorta competencias de inversión pública a los gobiernos regionales
Ha trascendido el Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, que luego de aprobarse en el Consejo de Ministros se remitirá al Congreso de la República para que se le otorgue la facultad de legislar en materia sanitaria por 120 días. El seguimiento a la elaboración y aprobación de este proyecto permite conocer las tendencias ideológicas y el horizonte político de largo plazo que subyacen al interior del gobierno, porque su contenido en la práctica podría implicar un nuevo impulso de la reforma de salud humalista, una nueva reforma de salud sobre nuevas bases ideológicas estatistas o un proceso de fortalecimiento de la seguridad social en salud. En todos los casos, las consecuencias, favorables o no, en el acceso de la población a los servicios de salud y a los de seguridad social, perdurarán incluso en los próximos 30 años.
El análisis del contenido del Proyecto de Ley que ha trascendido evidencia que el Minsa se ha decidido por la profundización de la “reforma de salud humalista”, es decir, reorientar el impulso del aseguramiento mercantilista, incluso, con afectación del derecho fundamental a la seguridad social y de la sostenibilidad financiera e institucional de EsSalud. Asimismo, se acompaña con el fortalecimiento de la regulación, el control de precios, la intervención del mercado y la recentralización en el Minsa de competencias e inversiones en salud.
En materia de “gestión de inversiones públicas” el Proyecto señala modificaciones a las prioridades de inversión dentro de la Política Nacional Multisectorial de Salud y medidas “para la reactivación de obras paralizadas y en riesgo de paralización”. En ese sentido, plantea pasar el requisito de la aprobación de la cartera de servicios de la fase de pre inversión a la fase de ejecución y la modificación de los artículos 24, 25 y 26 del Decreto Legislativo 1440 “del Sistema Nacional de Presupuesto Público” para alinear “la asignación presupuestal con el estado situacional de las inversiones priorizadas. Asimismo, crea un “fondo de contingencia” para el reinicio de las obras paralizadas mediante el financiamiento de los “saldos de obra”. Y, otro fondo, para los gastos de conservación de las obras públicas con “contrato resuelto”, es decir, para los gastos de seguridad, limpieza, servicios básicos y otras actividades complementarias para la preservación de infraestructura, de instalaciones, del mobiliario y del equipamiento”. Estos aspectos parecen lógicos, pero son insuficientes.
Estas medidas intentan resolver las dificultades de los proyectos en marcha o paralizados, debido, en la gran mayoría de los casos, a temas relacionados con la corrupción. Sin embargo, no afronta la brecha de inversiones en salud, que es enorme. Por ejemplo, según el documento: “Los indicadores de brecha de infraestructura y equipamiento de los establecimientos del sector Salud al año 2018”, el 55% de los 8,446 establecimientos del primer nivel de atención tienen capacidad instalada inadecuada, así como el 57.7% de los hospitales y, aunque parezca increíble, el 100% de los institutos especializados. Además, se requieren 281 establecimientos del primer nivel de atención nuevos, es decir, existe una brecha de 20.74%. También, se requieren 172 nuevos hospitales, lo que equivale a una brecha del 56.77%. En ese mismo orden, de los 385 establecimientos que tiene EsSalud, 58 de ellos, tienen una mala infraestructura sanitaria.
El estudio de estimación de la brecha de infraestructura en el Perú (2019-2038) realizado el 2020, por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señala que el promedio de inversión pública en salud, entre el 2010 y el 2017, ha sido de solo el 64.18% que equivale a 3.3 mil millones de dólares y que representa el 0.24 del Producto Bruto Interno (PBI). Recalca, que se ha dejado de invertir 1.8 mil millones de dólares ya presupuestados. Asimismo, que al seguir los propios cálculos elaborados por el Ministerio de Salud (MINSA), “la brecha de infraestructura y equipamiento del sector salud asciende aproximadamente a US$ 16,000 millones o S/ 52,000 millones”, al cambio monetario de ese año. Como se puede apreciar, se ha asignado poco presupuesto frente a las necesidades del país, sin embargo, ni ese poco, se ha podido ejecutar o gastar, e incluso, una gran parte ha sido devuelto.
La propuesta del “Proyecto de Ley” para fortalecer la rectoría del Minsa en materia de inversiones públicas, contempla, como estrategia, el uso de la planificación y la priorización de las “inversiones con enfoque territorial”. ¡Vaya forma de entender la rectoría! En ese sentido, el Minsa crea dos niveles de inversión, uno a nivel macrorregional, para los institutos y hospitales de alta especialización y otro, el del nivel regional, para hospitales y centros de salud, sobre la base del desarrollo de las Redes Integradas de Salud. Como es obvio, las inversiones del nivel macrorregional, deberán ser realizadas por la sede central del Minsa. Es decir, la propuesta del Minsa recorta competencias de inversión pública a los gobiernos regionales y locales.
Hay que tomar en cuenta que el Decreto Legislativo 1157, en su primera disposición complementaria final, otorga al pliego del Minsa, “la facultad de formular y ejecutar proyectos de inversión en salud para todos los niveles de complejidad del Ministerio de Salud y a nivel nacional, a solicitud de los pliegos interesados de acuerdo con el marco normativo vigente”. Por tanto, el Minsa pretende potenciar una prerrogativa que ya posee. Por si fuera poco, el DL 1157, durante su vigencia desde el 2013, ha sido fuente de trabas burocráticas que han frenado la inversión en infraestructura sanitaria. ¡Una vez más, una ruta equivocada!
