Ante la Comisión de Salud del Congreso de la República
El 17 de mayo del 2021, han sido citados tres ministros a la sesión conjunta de las Comisiones de Salud y de Seguimiento del Covid-19 del Congreso de la República. Violeta Bermúdez, presidente del Consejo de Ministros, y Waldo Mendoza, ministro de Economía y Finanzas, se excusaron; en consecuencia, solo acudió el ministro de Salud, Oscar Ugarte. La finalidad de la citación era que expliquen las medidas que implementa el gobierno para cerrar la brecha insatisfecha de necesidades de infraestructura sanitaria, así como su financiamiento. Las ausencias de la premier y del ministro de Economía y Finanzas le ha restado importancia y eficacia a la sesión porque, como es obvio, la creación de nueva infraestructura sanitaria requiere mayor inversión y decisión política favorable.
Por si fuera poco, el ministro condicionó su tiempo de participación, debido a que también estaba programado en otra comisión del Congreso. Además, reclamó a los presidentes de las comisiones por no coordinar adecuadamente los tiempos de los ministros. Es decir, trasladó los errores de coordinación de su propio despacho al Congreso de la República. Es necesario tomar en cuenta que esa aseveración ha sido falaz, porque ya en dos ocasiones anteriores se había negado a asistir; y en esas circunstancias, para salvar su inasistencia, envió al viceministro de Salud. Pero no quedó ahí, también lanzó un áspero reproche al Congreso de la República, por haber aprobado un Presupuesto General de la República insuficiente para cubrir las carencias de la salud, incluidas las necesidades de nueva infraestructura sanitaria. Es decir, en breves minutos trasladó, una vez más, las falencias del sector Salud al Congreso de la República.
Es necesario recordar que según el artículo 78 de la Constitución Política, “el presidente de la República envía al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año. En la misma fecha, envía también los proyectos de Ley de endeudamiento y de equilibrio financiero”. Asimismo, el artículo 79 señala “que los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto”. En consecuencia, el manejo del presupuesto público, de la hacienda pública, incluido el techo presupuestal, es manejado por el Poder Ejecutivo.
No es correcto culpar al Congreso de la República por la falta de presupuesto para el Sector Salud. La propia Constitución Política, autoriza al Poder Ejecutivo, según el artículo 118 inciso 19, “a dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera”, mediante decretos de urgencia, con cargo a dar cuenta al Congreso de la República. En ese sentido, el gobierno, ya ha hecho uso de decretos de urgencia para transferir fondos para el sector salud, aunque, insuficientes;y a veces solo para priorizar el enfoque hospitalario militar y policial, en detrimento del fortalecimiento del primer nivel de atención con enfoque comunitario. Es decir, endilgarle al Congreso la responsabilidad por falta de presupuesto para el sector Salud, a sabiendas de que la ley de presupuesto se puede modificar por decreto de urgencia, es una “viveza criolla”.
El gobierno también pudo haber presentado uno o varios proyectos de ley al Congreso de la República –que, según la Constitución Política, se debaten con prioridad– para financiar e impulsar un shock de inversiones para el sector salud; sobre todo para el primer nivel de atención de salud. Es decir, para los 8,000 puestos y centros de salud a nivel nacional. Sin embargo, no ha procedido de esa manera. No ha presentado ninguno, ni siquiera para cumplir con los compromisos laborales con los recursos humanos; como por ejemplo, la tercera y cuarta etapa de la escala salarial, el ascenso en la línea de carrera y el cambio de grupo ocupacional, solo por mencionar algunas de las deudas más saltantes. En ese sentido, culpar al Congreso por el incumplimiento del gobierno frente a los justos reclamos de los trabajadores y profesionales del sector salud es un simple ardid. Es una forma de eludir sus responsabilidades.
En ese contexto, es necesario tomar en cuenta que el presupuesto de inicio del año 2020 ascendió a S/ 18,495 millones; pero luego, hasta el mes de agosto del 2020, debido a la pandemia, ya se había incrementado con S/ 3600 millones. Y así, de manera progresiva, alcanzó hasta diciembre del 2020, casi los S/ 27,000 millones. Sin embargo, aunque parezca increíble, el presupuesto de inicio (PIA) del año 2021 ha sido de solo S/ 20,900 millones. Es decir, casi S/ 6,000 millones menos que el año 2020. Las necesidades financieras para el sector salud son enormes, debido a que el año 2021 la pandemia ha presentado una segunda ola y con el pico más alto. No se puede pasar por alto que el presupuesto del 2021 ha sido aprobado bajo la gestión del presidente Sagasti y, cómo se puede apreciar, no hizo nada para elevar el techo presupuestal para el Sector Salud.
El juego político del actual ministro de Salud ha quedado descubierto. El gobierno no puede eludir su responsabilidad por los errores en la elaboración del presupuesto público. ¡El gobierno debe asignar mayor presupuesto para el sector salud!