Una reacción tardía e incompleta, pero necesaria
En edición extraordinaria, en horas de la tarde del 11 de marzo del 2020, el diario oficial El Peruano ha promulgado dos normas: el Decreto de Urgencia 025-2020, con “medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al Covid-19; y el Decreto Supremo 008-2020-SA, que declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por 90 días. El presidente Martín Vizcarra había adelantado las líneas generales de los acuerdos del Consejo de Ministros, en conferencia de prensa en horas de la mañana. Reacción tardía e incompleta, aunque peor sería que no se tomen medidas y se pierda otra oportunidad, como ocurrió la semana pasada.
El Gobierno había dado la falsa sensación de seguridad al país. Incluso en conferencia de prensa afirmó que el Sistema Nacional de Salud estaba preparado para enfrentar al Covid-19, sin tomar en cuenta que tiene dificultades para atender el dengue, la tuberculosis, la leishmaniasis, la verruga, entre otras enfermedades transmisibles. Omitió las dificultades de las políticas públicas, como en salud y educación, y el alto nivel de informalidad del que adolece nuestro país. El primer caso positivo a coronavirus en el Perú, la dramática experiencia italiana y la declaratoria como pandemia de la OMS, enfrentaron al Gobierno con la dura realidad. Los oídos gubernamentales se destaparon al clamor de la población.
Se ha perdido tiempo, se ha desaprovechado el periodo desde enero, fecha del inicio del brote de Wuhan (China), para resolver los problemas. Ahora se han encarecido, por mayor demanda, los insumos, equipos, medicamentos y la construcción de nueva infraestructura. Se ha omitido resolver la precariedad de los establecimientos de salud, desde los aspectos básicos –como agua, desagüe, servicios higiénicos, jabón, papel toalla, guantes, mascarillas– hasta elementos mas complejos, como insuficiencia de servicios equipados de cuidados intensivos o áreas de hospitalización más complejas. Ha habido negligencia en la creación e implementación de las Redes Integradas de Salud (RIS) para el primer nivel de atención. Además, el Gobierno ha promulgado decretos de urgencia antilaborales y ha soslayado los diversos acuerdos pactados y reclamos de los gremios sectoriales; es decir, se han exacerbado las condiciones para el conflicto y para un comportamiento organizacional con dificultades para alinearse con la lucha contra la pandemia.
La respuesta es incompleta. El Gobierno ha declarado la Emergencia Sanitaria Nacional, es decir, ha impuesto limitaciones, según Ley General de Salud 26842, en resguardo de la salud pública, al ejercicio del derecho a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, al libre tránsito, a la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria, así como al derecho de reunión. Sin embargo, falta aclarar el sentido y la magnitud de estas limitaciones. Además, ha autorizado que los profesionales realicen servicios complementarios; es decir, que en sus horas libres puedan trabajar en modo adicional en su propio establecimiento de salud u en otra dependencia del sector público, sin que se configure el delito de doble remuneración. Además, ha facultado el contrato de nuevo personal para fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria. Aunque no se conocen los detalles y los montos asignados.
El decreto de urgencia transfiere, del fondo de contingencia, S/ 100 millones para el sector Salud y S/ 165 millones para Educación, y se otorga un plazo de 72 horas y 5 días respectivamente, para que los sectores, mediante decreto supremo, aprueben el Plan de Acción y la relación de bienes y servicios que se requieren contratar para enfrentar la emergencia sanitaria. En el caso del sector Salud, incluye a Essalud, sanidades militares y Policía Nacional. Es decir, primero se otorga el dinero y luego se exige el plan, porque obedecen a una “decisión política”.
Además, se disponen medidas a desarrollar en puertos, aeropuertos y puestos de entrada terrestres, centros educativos, espacios públicos y privados, transporte, centros laborales, el fortalecimiento, control y vigilancia sanitaria de puertos, aeropuertos y puestos de control fronterizo. Son medidas que se adoptaran a continuación. El día 12 de marzo el Gobierno ha promulgado una norma que amplia la suspensión de clases a los estudiantes de institutos superiores y universidades. Sin embargo, la postergación del inicio de las clases hasta el 30 de marzo no ha ido acompañada con medidas para impedir el viaje o el retorno de los alumnos al interior del país, para evitar mayor riesgo de difusión del covid-19 a nivel nacional.
La decisión del Gobierno es positiva, aunque tardía e insuficiente, y su éxito requiere un liderazgo firme y una adecuada comunicación estratégica de los riesgos y de las acciones. Un vocero único con poder referente es crucial. Hay que evitar la analogía que genera el pánico y la angustia de los pasajeros que sufren los desaciertos de un mal chofer del autobús. Además, evitar la politización y el resurgimiento del racismo debido a nuestra multiplicidad de etnias y culturas, sobretodo en un contexto de incremento de violencia contra la mujer y de feminicidiso, de casi un 70% de informalidad y escasa seguridad ciudadana. ¡Es el momento de actuar!
