Los nueve ejes de la Política General de Gobierno
El 10 de enero del 2023 ha acudido el presidente del Consejo de Ministro, en compañía de los demás ministros, con excepción de algunos de ellos que cumplían obligaciones debido al Estado de Emergencia, “para exponer y debatir la política general de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión”, en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución Política. La Política General de Gobierno ha sido presentada para los años 2023 y 2024, en concordancia con el proyecto de adelanto de elecciones generales para el mes de abril del 2024 y consta de nueve ejes, un preámbulo y una conclusión. Los nueve ejes son: paz social, concertación política, programas sociales directo a los más vulnerables, relanzamiento de la economía, reactivación y destrabe de proyectos de inversión pública, reactivación de las regiones, erradicación de la corrupción y la violencia, buen año escolar con mejores servicios educativos, la salud como derecho humano y más infraestructura y servicios para una mejor calidad de vida.”
La Política General de Gobierno del expresidente Castillo fue aprobada por el Decreto Supremo 164-2021-PCM y constaba de 10 ejes, entre los que se incluía uno, con relación al “Estado intercultural para la promoción de la diversidad cultural” y otro para el “establecimiento de un sistema de salud universal, unificado, gratuito, descentralizado y participativo” pero, además, excluía mención alguna a la seguridad social, aspecto que generó una serie de conflictos con los gremios empresariales y sindicales que salieron en defensa de EsSalud y la Seguridad Social Universal. En ese sentido, el gobierno debe promulgar el decreto que apruebe la nueva Política General del Gobierno 2023-2024, que ha sido presentada en el Congreso de la República y que ha merecido el voto de confianza, pero, además, que derogue la Política General de Gobierno del régimen castillista.
El preámbulo representa una declaración de principios al asumir el gobierno en un momento que “no es fácil.” Señala que la exposición ante el Congreso se realiza “en medio de brotes de incertidumbre económica, inquietud social, de protestas regionales felizmente minoritarias y oportunamente controladas, de alguna incomprensión internacional y de legítima expectativa general por el rumbo que seguirá el país en los próximos meses.” El primer eje, que se refiere a la paz social, contiene un recuento de los sucesos “que elementos violentistas trataron de instrumentalizar aprovechando las demandas de los sectores descontentos” que motivó la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional. En ese sentido, se crea el programa de apoyo a las familias de las víctimas y el apoyo a las investigaciones de los hechos trágicos para que prevalezca la verdad, así como, la sujeción a la legalidad y firmeza en el orden interno y el rechazo a la injerencia de autoridades de países “tradicionalmente amigos” en los asuntos internos del Perú y la necesidad del adelanto de elecciones para abril del 2024.
En este contexto, se ha difundido la equivocada idea, que el triunfo en las elecciones generales del año 2021 correspondió solo a Pedro Castillo, como si en el Perú se hubiese elegido a un soberano o rey con poderes absolutistas. Lo cierto, sin embargo, es que el Perú es una república democrática y unitaria. Por tanto, Pedro Castillo, al ganar solo el Poder Ejecutivo y perder el Congreso de la República, estaba en la obligación de concertar y lograr acuerdos que aseguren la gobernabilidad. Eso no ocurrió, al contrario, exacerbó la polarización, con la finalidad de obligar a que la mayoría congresal “siguiera a pie juntillas” las políticas del presidente, así sea, con clara violación de la Constitución, de las leyes y de los altos niveles de corrupción. Debido a la polarización extrema insuflada, por un lado, cada día mediante la estrategia de la victimización, con frases como “no lo dejaron gobernar desde el primer día”, “exceso de fiscalización”, “persecución judicial,” “no reconocen el triunfo electoral,” “sobre el presidente recae la discriminación, el racismo,” “representa a los pobres y excluidos,” y, por el otro lado, con la creación y fortalecimiento de las organizaciones de sus partidarios políticos y afines, con la finalidad de presionar a los congresistas y de ser el caso, lograr el “golpe de la calle”.
En ese contexto, para el presidente y sus seguidores, el Congreso de la República era visto como un estorbo, por tanto, su cierre, según ellos, estaba plenamente justificado, así como, la intervención y reorganización de los otros poderes u órganos autónomos constitucionales, mediante una asamblea constituyente, que permita imponer su plan de gobierno “en favor de los pueblos”. Atosigado por la corrupción y por la justificada investigación fiscal y en pleno proceso de vacancia presidencial, produjo el golpe de Estado fallido, con las consecuencias en violencia y muerte que aún cosechamos.
El octavo eje, está dedicado a la salud como derecho humano. Luego de resaltar una serie inversiones, sobre todo en el primer nivel de atención, plantea, entre los aspectos más saltantes, el fortalecimiento de la vacunación, incluso, con la vacuna bivalente contra la Covid-19, así como, la mejora de las redes nacionales de vigilancia epidemiológica y de laboratorios de salud pública en las 25 regiones. También se ha enfocado en el tratamiento y la reducción del cáncer infantil y la creación de la Red Oncológica Nacional, con una inversión de 515 millones de soles. Sin embargo, no se ha referido en este punto a la solución de los problemas de reglamentación de la ley, ni al insuficiente presupuesto, como tampoco, al escandaloso engaño del expresidente. También se ha referido a proyectos puntuales de EsSalud, la unidad renal de Santa Anita y el funcionamiento del Hospital de Día Canta Callao, que acarrea serios cuestionamientos y falta de transparencia, así como, en Centro Oncológico del Hospital Rebagliati. Como se puede apreciar, a pesar de ser una política de gobierno distinta a la castillista, no ha propuesto una visión estratégica del Sistema Nacional de Salud, no ha abordado la política de medicamentos ni de recursos humanos, así como, tampoco, del reclamado fortalecimiento de la oferta de servicios de salud. ¡Urge el cambio para bien!
