Con dificultades para encontrar colaboradores de fuste
Las elecciones complementarias al Congreso de la República no han legitimado las políticas del Gobierno, porque no ha obtenido representación congresal afín que le asegure una holgada mayoría. Al contrario, la dispersión del voto y de agrupaciones políticas ha obligado al presidente a reunirse con los congresistas electos para presentar sus requerimientos y obtener consensos y la posibilidad de cabildear para obtener una mesa directiva dúctil y poco critica a su gestión. Sin embargo, el contexto es complicado debido al inicio del año electoral. La instalación del nuevo Congreso dará inicio al Gobierno “pato rengo”.
El Gobierno en el interregno parlamentario ha promulgado 67 decretos de urgencia para implementar la reforma económica y social. El nuevo Congreso solo debería ocuparse de la continuación de la reforma política, de justicia y anticorrupción. Sin embargo, no es tan fácil. La opinión pública ha captado la endeblez de las encuestas y la poca capacidad de endose o arrastre del presidente. El nuevo Congreso, a pesar de su atomización y la pequeña representación de cada una de las agrupaciones políticas que lo integran, ha actualizado su relación con los votantes. Es una ventaja frente al Ejecutivo. Además, la polarización extrema anterior a su disolución y luego la interpretación amplia de la potestad para legislar, a través de decretos urgencia, merecerán arduo debate. Existe una nueva realidad política.
La alusión al Gobierno “pato rengo”, se debe a que el presidente, luego de las elecciones complementarias, ha desnudado sus debilidades. Su mandato tiene fecha de expiración y los partidos políticos ya se encuentran en pleno proceso electoral, porque las elecciones complementarias del 2020 solo han sido el primer peldaño. Es un gobernante disminuido, con dificultades para encontrar colaboradores de fuste. Además, al carecer de mayoría propia en el Congreso, no posee capacidad para realizar los “cambios impopulares” que el país necesita. La prueba de fuego será la revisión de los decretos urgencia.
En el Sector Salud hay cinco decretos de urgencia que han generado polémica y diversas críticas. El primero es el Decreto de Urgencia 014-2019, “Ley de Presupuesto” que ha omitido una serie de proyectos en marcha, políticas gubernamentales, como ampliación de los casi cuatro millones de nuevos afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), el cumplimiento de la escala remunerativa de los servidores y nuevos proyectos de inversión. El segundo es el Decreto de Urgencia 014-2020, que afecta a la negociación colectiva, debido a intervención del Ministerio de Economía (MEF) y de Servir. Se suspenden las negociaciones colectivas realizadas con anterioridad y se prohibe presentar pliegos de reclamos el año 2020. Los afectados son todos los gremios, incluidos los del sector salud; pero el colmo es en Essalud, porque goza de autonomía constitucional.
El tercero es el Decreto de Urgencia 016-2020, que prohibe la contratación o nombramiento bajo el régimen laboral 276, y solo autoriza el régimen de contratos 1057 (CAS). Hay violación del derecho en los ascensos de los servidores del sector salud, en los concursos de nombramientos en las plazas que se liberan luego del concurso de ascenso, en los contratos de suplencia temporal y reemplazos, además de la violación de las leyes de nombramiento en curso. La real intención del Gobierno es que las plazas vacantes originadas por limite de edad, fallecimiento, renuncias, resignaciones destituciones e incapacidad permanente desaparezcan. Pone coto a los procesos de nombramientos de los servidores contratados. Limita la acción del juez al prohibir la reposición o reincorporación laboral, que solo podrá exigir un pago indemnizatorio con topes de hasta doce sueldos mensuales. Complicada situación para un sector cuya actividad se basa en la relación directa con los usuarios o pacientes.
El cuarto es el Decreto de Urgencia 017-2019, que establece medidas para la cobertura universal en salud, y que incorpora a casi cuatro millones de nuevos afiliados al SIS, pero que en la práctica recorta los derechos a la seguridad social y a la integridad de la atención médica y de salud de sus afiliados. El derecho a la salud se reduce a garantizar solo las enfermedades baratas y comunes, incluidas en el Plan Esencial de Aseguramiento. Excluye a las enfermedades de capa compleja y las de alto costo. Además, la inclusión de nuevos afiliados no se ha visto relacionada con la Ley de Presupuesto, que incluso le recorta dinero al SIS.
El quinto es el Decreto de Urgencia 007-2019, de “medicamentos genéricos”, que modifica el sistema de abastecimiento y autoriza la transferencia de dinero a las organizaciones intergubernamentales como OPS, Unicef y Unfpa para la adquisición de medicamentos, con pérdida de la capacidad de fiscalización y control de ese gasto. Asimismo, obliga a un stock mínimo de medicamentos genéricos en las farmacias y boticas privadas, que incluye multas y sanciones, entre otros. Cada acápite genera controversia. Sin embargo, no hay acciones que demuestren la bioequivalencia, la intercambiabilidad y la calidad de los medicamentos. Los médicos deben saber qué recetan y los pacientes qué consumen.
Los decretos de urgencia que hemos aludido implican la política del hecho consumado. Las controversias y conflictos son inevitables. Se anuncian paralizaciones en el sector Salud. El nuevo Congreso tiene una amplia tarea.
