América Latina no ha tenido un buen desempeño frente a la emergencia sanitaria
El 18 de septiembre de 2021, en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), se ha aprobado y suscrito la “Declaración de la Ciudad de México”. Han participado 31 países; incluida la presencia del presidente Pedro Castillo, a nombre del Perú. La Declaración consta de 46 puntos, además se han aprobado algunas declaraciones especiales y un acuerdo conjunto sobre el cambio climático para llevarlos a la cumbre COP 26 de Glasgow. Son siete los puntos referidos a la lucha contra la pandemia, comprendidos desde el punto 7 y hasta el 13.
El punto siete, hace un llamado para democratizar la producción y eliminar los obstáculos que impiden el acceso “justo y equitativo” a las vacunas contra el Covid-19. En ese sentido, el punto ocho recalca el cumplimiento de la Resolución 74/274 de la Asamblea Mundial de la Naciones Unidas, del 20 de abril del 2020, “que solicita fortalecer las cadenas de suministro para garantizar el acceso universal de medicamentos, vacunas e insumos contra el Covid-19. En el punto nueve, “reconoce la urgente necesidad” de apoyar y fortalecer las capacidades e infraestructuras para la producción y distribución de vacunas, medicamentos e insumos para la salud en América Latina y el Caribe, en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud y sus redes de especialistas.
El punto 10 se refiere a los logros alcanzados por diferentes países de la región en el desarrollo de vacunas y candidatas vacunales que aún se encuentran en diferentes etapas de ensayos clínicos. Resalta la labor de Argentina y México para envasar la vacuna AstraZeneca, así como el suministro de tres tipos de vacunas cubanas (Abdalá, Soberana02 y Soberana Plus) y otras iniciativas de Chile y Brasil, entre otros. El punto once toma nota de las ventajas de la convocatoria de la Organización Mundial de la Salud para la elaboración de un convenio sobre la “preparación y respuesta frente a pandemias”.
En el punto 12 se agradece la publicación, por parte de la CEPAL, del “Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (Covid-19)” y del “Plan integral de autosuficiencia sanitaria enfocado en el fortalecimiento de capacidades de producción y distribución de vacunas y medicamentos en la región”, así como, la creación del Fondo CELAC para la respuesta integral de desastres. El propio canciller mexicano, en conferencia de prensa, ha señalado que se ha recaudado US$ 15 millones para dicho fondo. Y el punto 13 se refiere a la “Seguridad alimentaria bajo la pandemia de Covid-19”, presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (FAO).
La implementación de estos puntos parte de la constatación que América Latina tiene más muertes por Covid-19 que ninguna otra región del mundo, y de las enormes dificultades que han debido sortear para conseguir vacunas. Además, junto a tres países que han conseguido niveles de vacunación que bordean el 80%, existen otros que están alrededor del 50% y otros que ni siquiera han empezado, como Haití. En ese sentido, durante la cumbre la CEPAL ha propuesto, por ejemplo, la creación de una sola agencia reguladora de medicamentos para todos los 33 países que forman parte de la CELAC, tal como ocurre con la Agencia de Medicamentos de Europa (EMA). Hay que tomar en cuenta que en América Latina solo hay seis agencias reguladoras nivel IV y, por tanto, la cooperación entre los países implicaría reconocimientos mutuos, regulaciones únicas y adecuada articulación para vencer los obstáculos en el comercio internacional de medicamentos. Los ciudadanos tienen el derecho de que los gobiernos, mediante estrictos mecanismos de control y reglamentación, garanticen que las tecnologías sanitarias y de los medicamentos y productos biológicos sean de muy buena calidad y eficaces. En ese sentido, el Perú aún tiene un largo trecho por recorrer.
Otro aspecto a resolver es la creación de una plataforma para los ensayos clínicos, con la articulación de una red con los patrocinadores, los investigadores y las universidades, entre otros actores involucrados; no solo para mejorar las condiciones de negociación, sino también para mejorar el acceso, por ejemplo, a la vacunación y a los medicamentos innovadores. Esta tarea es muy compleja y parte de la constatación de que varios países de la región han participado en sendos ensayos clínicos. El objetivo es obtener el máximo provecho de esa participación.
También se han referido a las compras públicas conjuntas para evitar las disparidades, no solo en las oportunidades sino también en los precios. Si bien es cierto que la participación de la Organización Panamericana de Salud (OPS, y otras organizaciones intergubernamentales contribuye en esas compras, la pandemia de Covid-19 ha demostrado que eso es insuficiente. Un tema que generará amplio debate, agudizado por la pandemia, es el referido al derecho a la propiedad intelectual (ADPIC) y a las flexibilidades que existen en la Organización Mundial de Comercio (OMC), como las excepciones de las patentes y las licencias temporales, (Declaración de Doha) para hacer frente a los problemas de salud pública.
La organización sanitaria de América Latina no ha tenido un buen desempeño frente a la pandemia. Está aquejada por un bajo financiamiento, menos del 6% del PBI, que hace que los ciudadanos paguen una parte del costo, en el orden del 37% del gasto total. Es necesario crear un Sistema de Salud Unificado, sobre la base de la Seguridad Social Universal.
