En el “Día contra la falsificación de medicamentos”
El 10 de febrero de cada año se ha establecido como el “Día contra la falsificación de medicamentos” mediante Resolución Ministerial 408-2018/Minsa, con la finalidad de evaluar y dictar nuevas medidas eficaces contra el contrabando, el comercio ilegal y la falsificación de los productos farmacéuticos y afines. El antecedente más saltante fue la creación de la Comisión Multisectorial desde el año 2003. Luego el Decreto Supremo 016-2011-SA creó el Grupo Técnico Multisectorial de Prevención y Combate al Contrabando, Falsificación y Comercio Ilegal de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, que está conformado, entre otros, por el Ministerio de Salud (Minsa), la Policía Nacional, la Fiscalía, las municipalidades, la sociedad civil, profesionales de la salud, la industria farmacéutica, etc.
La fecha cobra especial relevancia debido a la pandemia, porque las necesidades del consumo de medicamentos se han incrementado, un hecho que predispone a su escasez. Además, ya antes de la pandemia los medicamentos falsificados, llamados “bamba”, representaban entre el 25% y 35% del mercado; a tal punto, que el Perú se ubicaba en los primeros cinco países con mayor falsificación del mundo. Es necesario tomar en cuenta que los medicamentos fraudulentos utilizan un etiquetado indebido, alteran los ingredientes, los principios activos y el envasado, entre otros aspectos, y las consecuencias pueden ser serias en los usuarios que los consumen. En ese sentido, el 10 de febrero del 2020, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) informó que ha incautado cuatro toneladas de medicamentos falsificados solo en Lima Metropolitana, luego de realizar una serie de operativos. También ha informado que intervino el comercio de oxígeno industrial, ofertado como oxígeno medicinal, con grave riesgo a la salud.
Hay que tomar en cuenta que los medicamentos “bamba” no solo provocan daño a la salud, sino también menoscaban la confianza de la receta y la relación médico-paciente, por los imprevisibles efectos sobre la salud de los pacientes. Además, el mercado informal de medicamentos impide que los pacientes se beneficien de la competencia y que escojan en función del mejor precio. En ese contexto, los médicos, asumen funciones para conocer con mayor detalle el mercado formal e informal antes de recetar, así como, vigilar que su receta no sea cambiada. Sin embargo, la respuesta del Gobierno no ha sido la mejor. Por ejemplo, en Lima Metropolitana la Digemid ha descentralizado sus funciones de fiscalización solo hasta las Direcciones de la Redes Integradas de Salud (Diris); y no hasta los centros de salud, como sería lo lógico, según la Ley 30885 de conformación de la Redes Integradas de Salud. Como sabemos, Lima Metropolitana posee cuatro Diris, desde cuyas sedes deben salir los equipos fiscalizadores. Y debido a la extensión de las jurisdicciones de cada Diris, resulta imposible la fiscalización y el control. Es necesario involucrar a todos los establecimientos de salud. Por ejemplo, no es lo mismo, tener un solo ente fiscalizador en Lima Norte que tener 98 centros de salud que fiscalizan cada uno en su jurisdicción.
En esas condiciones, ha sobrevenido la pandemia Covid-19. A los medicamentos “bamba” se ha sumado ahora el oxígeno “bamba” y la vacuna “bamba”. La escasez de vacunas contra el Covid-19 a nivel mundial, predispone a que los falsificadores ofrezcan falsas vacunas en un mercado ávido, debido al miedo de la población. El ejemplo más saltante a nivel mundial ha ocurrido en el Ecuador: tal como informaron los medios de comunicación, la policía de ese país desbarató y clausuró una clínica que ofertaba vacunas falsas, y que ya habían suministrado hasta 70,000 dosis. El Minsa ha señalado que las empresas farmacéuticas que producen vacunas contra el Covid-19 solo comercializan con los gobiernos; es decir, que es improbable que empresas privadas en el Perú oferten, en modo paralelo al gobierno, vacunas seguras, eficaces y de calidad. Además, el Minsa ha señalado que ha recibido hasta 13 ofertas de vacunas de empresas privadas, pero que las ha rechazado porque no son fabricantes sino intermediarios, y además no han presentado las acreditaciones necesarias para comercializar en el Perú. Sin embargo, el gobierno debe garantizar que no existe ni existirán vacunas “bamba”. Más aún, es necesario que garantice el adecuado uso de los desechos, no solo de los medicamentos sino también de las vacunas. Y que se controle con rigor el manejo de los medicamentos vencidos, que a veces son reetiquetados y luego comercializados por inescrupulosos.
Es necesario fiscalizar el comercio de medicamentos, oxígeno y vacunas por Internet, debido a que la pandemia obliga a la población a recurrir a esta vía de comercialización. El Grupo Técnico Multisectorial, Contrafalme, en colaboración con cada unos de sus componentes, incluida la Policía Nacional, debe actualizar y afinar sus mecanismos de fiscalización y control del comercio por internet.
La magnitud del comercio informal, la existencia de oxígeno medicinal y medicamentos “bamba” generan perjuicio no solo a la salud, a la propiedad intelectual y a la confianza en la profesión médica, sino también a la industria nacional, cuyo desprestigio limita el ingreso a los mercados internacionales. El gobierno debe comprender que el uso de medicamentos bamba, del oxígeno adulterado o industrial, y las vacunas falsificadas es un problema fundamental de salud pública. ¡La inacción mata!
