Confrontación genera riesgos a la salud de la población más pobre
El miércoles 11 de septiembre del 2019, el Pleno del Congreso de la República, en una acertada medida llamada “Pleno de la Salud”, dedicó toda su agenda de la sesión a debatir y aprobar solo proyectos de ley referidos a la salud. Es una nueva modalidad que permite agrupar los proyectos por sectores para especializar y agilizar el debate con la finalidad de abordar aquellos proyectos de ley importantes, pero postergados debido a los temas de coyuntura. Sin embargo, se aprobaron solo cuatro proyectos de los nueve que formaban parte de la agenda; además, uno de ellos ha quedado pendiente de la segunda votación.
La buena iniciativa, que pudo haber concluido con los nueve proyectos aprobados, demostró una vez más la extrema polarización política de parte de algunos congresistas que, con sus reiteradas referencias a la política nacional, frenaron los acuerdos en los temas de salud. El caso más lamentable ha sido el proyecto de ley que modifica el Decreto Legislativo 1154, Ley de Servicios Complementarios, que permite que los médicos especialistas puedan laborar en modo adicional a su jornada laboral en su propia institución pública o en otra, con la finalidad de suplir, en modo voluntario, con una especie de horas extras, las carencias de profesionales especialistas.
Si bien es cierto que los servicios complementarios ya se encuentran normados con el Decreto Legislativo 1154, debido a las imprecisiones en torno al financiamiento y a la existencia de complicados requisitos burocráticos, ha sido inaplicable. Luego de un largo debate, lleno de epítetos políticos, el proyecto ha sido aprobado solo en primera votación y ha quedado pendiente el requisito de la segunda votación. Mientras tanto, la población excluida de recibir atenciones especializadas seguirá perjudicada. ¿Cuánto tiempo aguardará la población? La respuesta es incierta, debido a la coyuntura por la que atraviesa la política nacional.
El proyecto de ley aprobado en primera votación, que modifica el DL 1154, precisa los alcances de los servicios complementarios, el trabajo de los médicos en otras instituciones sin necesidad de convenio previo y, además, deja sin efecto los procesos sancionadores a los médicos que laboraron en modo adicional a su jornada laboral en otras instituciones públicas (ya que el DL 1154 permite esa posibilidad); aunque por el principio de la realidad, desobedecieron algunos mecanismos de su aplicación debido a las falencias de la propia ley. Es obvio que al corregir dichas falencias se dejen sin efecto los procesos sancionadores derivados de ellas.
La vehemencia de la argumentación para atizar la polarización extrema pasa por alto la realidad. Las colas en los establecimientos de salud, las quejas, los conflictos, la violencia y agresión contra los médicos parecen inexistentes. La escasez de médicos y de especialistas parece convertirse en un tema marginal e irrelevante. Como sabemos, el Perú necesita 40,000 médicos adicionales, incluidos 16,000 médicos especialistas. El Gobierno ha desmotivado las vocaciones para nuevos médicos. La promulgación del DL 1153, en el año 2013, ha creado un sistema remunerativo piramidal anclado en la remuneración de la profesión médica, que sirve como referencia y que tiende a igualar sus remuneraciones con las de otros profesionales de la salud, al margen de las competencias, la complejidad y la escasez.
Es necesario, excluir a la profesión médica de la pirámide laboral del DL 1153 y retornar el DL 559, Ley de Trabajo Médico, con las adecuaciones necesarias a la nueva realidad y con una escala salarial propia, con mayor flexibilidad y reconocimiento. El Gobierno tampoco ha promovido la especialización profesional a través de la ampliación masiva de plazas en el Sistema Nacional de Especialización Médica, llamada de Residentado Médico. La reforma salarial errónea, heredada del gobierno humalista, no avizora el cierre de las brechas de médicos en el corto plazo.
Por otra parte, el Gobierno aún no ha promulgado las normas aprobadas por el Congreso en el Pleno de la Salud. Especial mención merece la promulgación del Proyecto de Ley del Ejecutivo 04674/2019-PE, sobre el reajuste salarial que debería empezar a pagarse a partir del mes de septiembre. Es obvio que hay descontento en los servidores del sector salud.
Las necesidades de salud de la población, las dificultades de la oferta de servicios, la escasez de recursos y de profesionales exigen articular y complementar el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo. La confrontación genera exposición de riesgos a la salud de la población, sobre todo de la más pobre y vulnerable.
