Se reimpulsa el proceso de reforma mercantilista del humalismo
El proceso electoral no ha servido para debatir y proponer las transformaciones necesarias para lograr la inclusión del 25% de la población que aún no tiene acceso a la salud. El gobierno ha aprovechado ese vacío para promulgar una serie de normas sin debate, y al margen del Congreso de la República, con la finalidad de reimpulsar el proceso de reforma mercantilista del lustro humalista. En ese contexto se han promulgado el Decreto de Urgencia 046-2021 para adecuar los cambios en la gestión de Seguro Integral de Salud y la Resolución Suprema 014-2021-SA, que ha creado la Comisión Multisectorial para actualizar los créditos de EsSalud a las Entidades Prestadoras de Salud para incluirlas, en modo efectivo, en la Ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento en Salud promulgado el 2009. Hay que tomar en cuenta que ese proceso denominado de Reforma de Salud sufrió un duro revés el año 2015, como consecuencia de las cuantiosas deudas de más de 2500 millones de soles a los hospitales públicos y privados por parte del Seguro Integral de Salud, así como, de los conflictos ocasionados por el mercantilismo y su impacto regresivo en el ejercicio de los derechos a la salud y a la seguridad social en salud de los ciudadanos.
En aquel entonces, los actores involucrados, acudieron en búsqueda de consenso, para salir de la crisis, al Foro del Acuerdo Nacional, que luego de un debate de seis meses, respaldaron con su firma el documento “Los objetivos de la Reforma de Salud”. El aspecto central de ese acuerdo logrado el 2015, es que se ratifica que la salud y seguridad social universal en salud son derechos fundamentales, tal como se plasmó en la Política XIII del Foro del Acuerdo Nacional del año 2002. El debate había concluido y el consenso logrado implicaba el fin de esa propuesta de reforma de salud regresiva, basada en el aseguramiento mercantilista.
Sin embargo, en noviembre del año 2019, en el interregno parlamentario, en un claro ejemplo del abuso de la capacidad legislativa del Poder Ejecutivo, el expresidente Martín Vizcarra promulgó el Decreto de Urgencia 019-2019 de “Cobertura Universal en Salud”, que reiteraba el impulso al modelo de aseguramiento mercantilista. Esta era la tercera vez que se insistía en un modelo de salud que no gozaba de consenso. Como ha demostrado la Comisión de Constitución del Congreso, el gobierno del expresidente Vizcarra ha abusado de sus prerrogativas, porque ha promulgado decretos de urgencia sin tomar en cuenta los principios de excepcionalidad, de necesidad, de transitoriedad y de generalidad que rigen la promulgación de este tipo de normas.
El año 2020 fue declarado como el “Año de la Universalización de la Salud”, porque entre los objetivos del gobierno figuraba la implementación vertical del modelo de aseguramiento mercantilista, sin embargo, la aparición de la pandemia y las protestas de los gremios complicó su implementación. Además, el modelo de aseguramiento se basa en la compra de prestaciones médicas, es decir, se trata de un modelo de salud curativo y, por tanto, desde que se promulgó La Ley 29344 de Aseguramiento Universal, el año 2009 y el “paquete” de 23 decretos legislativos complementarios del 2013, el Primer Nivel de Atención de Salud con enfoque comunitario fue desatendido. Dejaron de ser prioritarios los centros y puestos de salud, en detrimento de la medicina preventiva, la promoción de la salud, la Atención Primaria de Salud (APS) y la intervención en los determinantes económicos, sociales y culturales de la salud.
La aparición de la pandemia en el 2020, encontró al primer nivel de atención de salud, muy debilitado y precarizado. En lugar de fortalecerlo y mejorar su capacidad resolutiva, el gobierno del expresidente Martín Vizcarra y del exministro Víctor Zamora, ordenaron su cierre, “para no exponer” a los servidores y población en general. Abandonaron el proceso de creación de las Redes Integradas de Salud (RIS), según Ley 30885. Además, crearon, contrario a toda lógica, un modelo curativo y represivo para enfrentar la pandemia, denominado “hospitalario, militar y policial”. Bajo el paraguas de la pandemia obtuvo facultades delegadas del Congreso de la República para continuar, sin consenso, con el proceso iniciado en el interregno parlamentario, y promulgó dos nuevos decretos legislativos: en abril, el Decreto Legislativo 1466-2020 “de intercambio prestacional” y en mayo, el Decreto Legislativo 1504-2020 que fortalece al Instituto Nacional de Salud que incluía la modificación, por un lado, de la rectoría del Minsa, normada por la Ley 30895 “que fortalece la función rectora del Minsa” y por otro lado, derogaba la Ley 27813 “Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. Es decir, realizó una reforma del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, la crisis sanitaria y la pandemia arrollaron esa ideología.
En ese sentido, el 28 de julio del año 2020, en el mensaje a la Nación, el expresidente Martín Vizcarra, planteó el Pacto Perú, que en uno de sus cinco puntos incluyó la construcción de un sistema unificado de salud. El gobierno necesitaba tiempo y propuestas para enfrentar los fracasos y las críticas, e incluyó la renuncia del exministro de Salud Víctor Zamora. Es así como, en el mes de septiembre del 2020, el Foro del Acuerdo Nacional, por segunda vez debatió el modelo del aseguramiento mercantilista. Desde el 2009, esta era la cuarta vez que se pretendía implementar esta reforma. Sin embargo, luego del debate el consenso fue negativo para el gobierno y se ratificó que la salud y la seguridad social en salud son derechos humanos fundamentales. Una vez más el aseguramiento mercantilista quedó fuera del debate. Ahora, por quinta vez, el ministro Oscar Ugarte, insiste en lo mismo, pese a no gozar de consenso.
