Para evitar “el salto para atrás” vía decretos de urgencia
El nuevo Consejo de Ministros, luego de la disolución del Congreso de la República, ha adquirido nuevas funciones legislativas. El riesgo que implica esa centralización del poder es que se promulguen normas sin el debido debate y sin la participación de la sociedad.
Desde el 2016 el gobierno, luego de arduos debates, a veces muy extremos y polarizados en el Congreso de la República, promulgó una serie de leyes que crearon múltiples políticas con la finalidad de lograr un mejor estado de salud de toda la población, de fortalecer la seguridad social en salud, con prestaciones de salud, económicas y sociales, de mancomunar riesgos para evitar la desprotección financiera y de lograr mayores niveles de satisfacción de todos los peruanos. Quizá la palabra “reforma” podría sintetizar ese arduo trabajo; sin embargo, no fue utilizada debido a su desprestigio. Recordemos que el Foro del Acuerdo Nacional sesionó durante el 2015, para darle una salida a los conflictos insalvables en que incurrió la llamada reforma de salud humalista.
Solo basta recordar la enorme desburocratización que significó la desactivación del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (Ley 30526), el fortalecimiento del primer nivel y la creación de las Redes Integradas de Salud (Ley 30885), la creación de la Cartera de Atención de Salud Intercambiable (RM 1069-2017/Minsa), la modificación del rol del Seguro Integral de Salud para custodiar su sostenibilidad (DL 1346), el intercambio prestacional para eliminar la fragmentación y segmentación de Sistema de Salud (DL 1302), el nuevo rol de Susalud (DL 1289) y el fortalecimiento de la rectoría de Ministerio de Salud (Ley 30895), entre otras promulgadas desde el 2016.
Sin embargo, la actual ministra de Salud ha planteado un “salto para atrás”. Volver a la reforma humalista. El sustento ideológico de la llamada reforma de salud humalista fue proporcionado por los exministros Oscar Ugarte, Midori de Habich y Aníbal Velásquez. La exministra publicó en setiembre del 2019 un artículo que presume dar “lecciones más amplias que se extienden más allá del Perú” titulado “Leadership politics and the evolution of the universal health insurance reform in Peru”. Cito, entre comillas, las ideas más saltantes de la autora y su respectivo comentario:
1.- “El Perú ahora se encuentra en el camino hacia la cobertura universal en salud (UCH), con el 87% de su población cubierta por un seguro de salud”. Es obvio que confunde el aseguramiento que es “protección financiera”, frente a la real atención medica. El drama del Perú es la gran brecha insatisfecha por falta de médicos, de atención médica y de servicios de salud. El financiamiento del SIS sólo representa el 10% del gasto total de todos los pacientes del Minsa y de los Gobiernos Regionales. Es imposible extrapolar que la población afiliada al SIS ya recibe atención médica y de salud. En realidad, la población solo tiene un alivio, una ayuda para luchar contra la enfermedad. El gasto de bolsillo en salud se mantiene en más del 30% del gasto global. Además, “su reforma” soslayó la promoción de la salud, la prevención, la Atención Primaria de Salud y la incidencia en los determinantes económicos, sociales y culturales. Es necesario, cambiar ese enfoque curativo por uno preventivo y promocional.
2.- “Este documento describe las políticas que rodean la configuración de la agenda y el proceso de formulación de políticas que condujeron a la adopción de la Ley de Cobertura Universal de Salud en 2009, que ha sido fundamental para ampliar la cobertura.” Es falso. La Ley promulgada el 2009, es la 29344, Ley Marco de Aseguramiento en Salud. Bajo su gestión se legisló la llamada reforma con un “paquetazo de 23 decretos legislativos. No participaron en su elaboración la sociedad civil ni el Congreso de la República.
3.- “Esta reforma estableció un sistema de seguro de salud obligatorio, que incluye un Paquete de Beneficios de Salud Esenciales (Plan Esencial de Aseguramiento-PEAS) que es financiado por tres esquemas de seguro de salud (subsidiado, contributivo y semi-contributivo).” No existen en el Perú los seguros obligatorios para la salud, a excepción de los servidores en planilla afiliados a la Seguridad Social de Essalud, a la Policía y a las Fuerzas Armadas. Además, el PEAS, todavía no existe. Esta entrampado. Los tres esquemas de financiamiento de la salud están previstos en la Ley 26842 desde 1997. El Seguro integral de Salud ha existido desde el 2001, antes de la reforma humalista.
4.- “Surgen algunas lecciones más amplias que se extienden más allá del Perú”. “Resaltar la importancia de un proceso de creación de consenso”, “identificar y resolver los desacuerdos que puedan surgir en la fase legislativa”. Estas tres frases que ponen en entredicho la reforma humalista, porque no hubo consenso, ni fase legislativa en el Congreso de la República, eso sí, fallas en el diseño y enormes conflictos en la fase de implementación. La imposición vertical del paquetazo normativo mercantilista fue un factor detonante.
Dadas las circunstancias es necesario evitar “el salto para atrás” vía decretos de urgencia, y reglamentos que alteren la esencia de las leyes.
