Cuatro “visiones” sobre el adelanto de elecciones generales
El viernes 27 de enero de 2023 el Congreso rechazó, al solo alcanzar 45 votos, el proyecto de reforma constitucional que establecía el adelanto de elecciones generales para el año 2023. Esta votación se pudo llevar a cabo luego de que se reconsiderara una anterior que con 93 votos había aprobado en primera votación esta reforma constitucional que establecía el adelanto de elecciones generales para abril del 2024. Esa reconsideración se logró tras un prolongado debate, debido a los cuestionamientos en la aplicación del Reglamento del Congreso, que impide una reconsideración posterior a la aprobación del acta o de haberse implementado el acuerdo, tal como había sido el caso.
La aprobación anterior, con 93 votos, requería una segunda votación con más de 87 votos en la próxima legislatura, que se iniciaría el 15 de febrero del 2023. Asimismo, de no alcanzarse en segunda votación los 87 votos requeridos en la segunda legislatura, quedaba la alternativa de convocar a un referéndum que ratifique esa primera votación, como señala la Constitución. Ahora todo ha vuelto a fojas cero, debido a que con 45 votos a favor y 65 en contra se ha rechazado la reforma constitucional de adelanto de elecciones, más aún cuando ni siquiera ha obtenido el mínimo de 66 votos necesarios para que sea ratificado mediante un referéndum, como señala la Constitución Política.
Otra vez, para evitar el archivo del proyecto de adelanto de elecciones generales, se presentó una nueva reconsideración de la votación y se suspendió la sesión hasta el lunes 30 de enero del 2023. El Reglamento del Congreso señala en su artículo 58, que “las reconsideraciones se presentan por escrito luego de las votaciones y su aprobación requiere el voto de más de la mitad del número legal de congresistas (66). No proceden los pedidos de reconsideración sobre una reconsideración previamente votada, con excepción del pedido que presenten por una sola vez los voceros de los grupos parlamentarios que representen a los 3/5 (78) del número legal de congresistas, los que para su aprobación requieren el voto de los 2/3 (87) del número legal de congresistas. No se puede presentar reconsideraciones después de aprobada el acta o de la dispensa de dicha aprobación”.
Se esperaba un amplio debate con relación a la aplicación del Reglamento, en este nuevo pedido de reconsideración, sin embargo, no ha sido así, porque se ha “aprobado” con 66 votos, con la inclusión del voto del presidente del Congreso. Ahora, al recuperar el proyecto, se alistan “nuevas conversaciones y consensos” para obtener en principio 87 votos y luego una segunda votación, con la misma cifra o más, en la próxima legislatura. La otra vía, sería que se alcance al menos 66 votos que son suficientes para ir a un referéndum. En todo caso, hasta la fecha, no existe nada cierto con relación al adelanto de las elecciones, porque la posibilidad de lograr acuerdos o consensos es muy remota.
Una primera visión es que el adelanto de elecciones generales inmediatas para el presente año deja de lado algunas reformas políticas imprescindibles para “que la historia no se repita”. También impide una mayor oferta electoral y con mejor selección de candidatos. La idea que la sustenta es que la pacificación requiere ese gesto político y, por tanto, es una demostración de realismo político, para ahorrar conflictos y vidas, así como para salvar el modelo económico mediante la intervención de nuevos actores.
Una segunda, es que, el adelanto de elecciones generales inmediatas debe incluir en paralelo, el referéndum para una Asamblea Constituyente, con la finalidad de resolver con rapidez la crisis política y las protestas, porque los “manifestantes” habrían obtenido su objetivo político. A pesar de que nadie reconoce públicamente ser interlocutor de los “manifestantes” debido a sus formas violentas, muy organizadas y persistentes, esta “visión” las interpreta, parece, a plenitud.
La tercera visión, es realizar el adelanto de elecciones, pero con un tiempo prudente, para hacer las modificaciones imprescindibles a la Constitución y a las normas electorales, mejorar la participación de los partidos y sus candidatos que ofrezcan una mayor calidad y oferta electoral. Esta visión, es acusada, de pasar por alto la conflictividad social y no comprender “el realismo” que impone la política. Es vista como una visión inocente y teórica de la política. La cuarta y última visión, es la que señala que no debería existir adelanto de elecciones, debido a que la democracia exige el cumplimiento de las normas y el respeto de las instituciones, por tanto, ceder ante la “presión” de la calle, es ceder la esencia de la democracia a la turba.
Las cuatro visiones, en el fondo, reflejan el diagnóstico que cada una de ellas ofrece sobre la realidad nacional. Los que sobreestiman la “violencia de las manifestaciones” y, además, creen tener la organización política para beneficiarse de ella, propugnan un adelanto inmediato, sea para mantener el modelo mediante cambios rápidos de actores o para refundar el modelo societal, a través de una Asamblea Constituyente. Estas dos visiones son antípodas y radicales. La apreciación de las “protestas o manifestaciones” es ideológica y mecánica. Las visiones que “subestiman las manifestaciones,” unas pretenden realizar el adelanto de elecciones generales en un plazo prudente (2024) y otras, plantean, simplemente, no realizarlas, hasta el 2026, cuando, concluya el mandato constitucional para el que fueron elegidos.
Otra dificultad para lograr acuerdos y consensos está en relación con el rol del Congreso para resolver la “violencia de las protestas.” Los congresistas asumen que son parte del problema o que pueden contribuir a su solución. Los que creen que son parte del problema, solo desean dejar los cargos, mediante el adelanto inmediato de elecciones. Los otros, creen que es un problema del Poder Ejecutivo y que el Congreso debería contribuir con éste a que cumpla su función. Sin embargo, las posiciones que son claras se ensombrecen, cuando son analizadas a través de las ideologías y los modelos de sociedades a las que aspira cada congresista. Un mal acuerdo, un mal consenso, podría implicar la capitulación de la democracia y del Estado de Derecho y de nada habría servido, el sacrificio y pérdida de vidas de aquellos que, desde el inicio, enfrentan la asonada social.
