Todavía no se tiene una información veraz y completa
El diagrama que ha presentado el 9 de julio del 2021 en el Congreso de la República la exministra de Salud, ante la “Comisión investigadora multipartidaria para establecer el número real de fallecidos a causa del Covid-19”, ha demostrado que la Unidad de Análisis de Datos de la Pandemia del Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Comunicación de la Presidencia, con la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, en Palacio de Gobierno, recibían la información del número de fallecidos, la analizaban y la procesaban. Es decir, el presidente de la República tomaba las decisiones con la participación de los ministros encargados de esas oficinas, y con el soporte técnico del ministro de Salud. La información ha demostrado que los datos de los fallecidos eran “consensuados” antes de su presentación al público desde la presidencia de la República.
Ha señalado, además, que el Ministerio de Salud (Minsa) contaba con el apoyo del grupo asesor “Prospectiva” y de los órganos propios del Minsa. Por un lado, el viceministerio de Salud Pública recibía la información del responsable del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Perú) producto de la vigilancia epidemiológica de los fallecidos por Covid-19; y por otro lado, la Secretaría General del Minsa justificaba su trabajo en dos oficinas: la Oficina General de Tecnología de la Información (OGTI) a cargo del registro de defunciones del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef ligado al Reniec) y, la segunda, la Oficina General de Comunicaciones (OGC), encargada de la comunicación estratégica y la información pública en el Minsa. En resumen, la Oficina General de Comunicaciones (OGC), previo consenso de los más altos funcionarios del Estado ya aludidos, publicaba las cifras.
El resto de la explicación de la exministra ha sido sobre la operatividad de los flujos de información al interior del Minsa. Sin embargo, causó extrañeza la manera confusa e incoherente en que justificó la disminución de la importancia del Sinadef, tanto desde el punto de vista jurídico como de la veracidad, debido a que está ligado a la Reniec, sobre la base de las decisiones certificadas por los médicos o por la Fiscalía. Por ejemplo, presentó como dos conceptos paralelos al certificado de defunción y a la notificación que surge de la vigilancia epidemiológica, sin tomar en cuenta que son complementarios. Por una lado, el certificado defunciones es registrado en el Sinadef-Reniec y, por tanto, es principal, único y legal para garantizar el hecho de muerte. Por otro lado, la notificación de la vigilancia epidemiológica es una herramienta de descripción e investigación que sirve para la toma de decisiones sanitarias. En ningún caso reemplaza al registro del Sinadef.
La exministra ha pasado revista a los sistemas de información que han sido reiterados en los informes de la actual gestión ministerial. El sistema de vigilancia epidemiológica, (Noti-CDC), los resultados de los análisis de laboratorio en dos rubros –uno para las pruebas rápidas o serológicas (Siscovid) y otro, para las pruebas moleculares (Netlab) a cargo del Instituto Nacional de Salud– y, por último, los certificados de defunciones registrados en el Sinadef, a cargo del OGTI y Reniec. Ha señalado que existen serias limitaciones en los cuatro mecanismos de registro para recoger y transmitir la información al Minsa, desde los organismos o instituciones que manejan las fuentes de la información, en las regiones o en cada uno de los diferentes componentes del Sistema Nacional de Salud.
Asimismo, ha recordado que el Perú, ha creado el Sinadef-Reniec desde el año 2017, y hasta ahora se llenan los certificados en línea y todavía en algunos lugares se hace en físico, “que retrasan la información en año y medio a dos años, porque tienen que ser trasladados hasta lugares donde haya condiciones para ser digitados”. Además, ha señalado que del total de fallecidos “solo el 60% de la información es coincidente entre las cifras del Sinadef con el CDC-Minsa, y que hay un 30% que solo constan en el Sinadef y 10% que solo están registrado en el CDC-Minsa”. Esta cifra del 10% es dramática, porque equivale, a más o menos 20 mil personas, casi la totalidad adultas, que no están en los registros del Sinadef-Reniec, y por tanto, que figuran como vivos y están aún hábiles para “desempeñarse como ciudadanos”.
El registro de fallecidos durante la pandemia, así como el número de afectados, eran seguidos y evaluados a nivel del despacho presidencial, y las cifras eran publicadas luego de haber sido consensuadas a ese nivel, tanto para el interior del gobierno como para el gran público. La relativización de la importancia del Sinadef-Reniec ha servido para diluir la información en diversos sistemas parciales, sin ninguna importancia legal ni cívica, con la finalidad de sustraer a los altos funcionarios de la responsabilidad por esconder cifras y desinformar.
Todo esto explica que hasta la fecha no se hayan subsanado los inconvenientes del Sinadef, para que el Minsa y la Reniec posean una información veraz y completa. Visto en contexto, las comisiones creadas por la Presidencia del Consejo de Ministros y por el propio Minsa, han pasado por alto el rol de los más altos funcionarios del gobierno. El Congreso de la República tiene una gran tarea fiscalizadora y de control. ¡No más impunidad!
